Columna El Líbero, 28.02.2026 Fernando Schmidt Ariztía, embajador ® y exsubsecretario de RREE
El tema del cable submarino “Chile – China Express” concentró esta semana la atención pública y se convirtió en un grave asunto de política interna en los últimos días de la administración Boric, de memoria poco feliz. También dejó al descubierto la nula preparación que tenemos como país para incorporar variables geopolíticas y de seguridad en la recepción, análisis, evaluación, ejecución y reacción ante la inversión externa cuando están en juego dichos principios.
Hace un año atrás, durante una clase impartida en la Universidad San Sebastián, recuerdo haber expresado que al acoger la inversión extranjera debíamos considerar el interés nacional y, a continuación, analizar las variables ya mencionadas. Es decir, no debíamos quedarnos sólo en consideraciones técnicas o económicas. Poco antes, había revisado la America First Investment Policy (AFIP), del 21 de febrero de 2025, que orienta la inversión extranjera hacia EE.UU. y la norteamericana al mundo. Dicha política se formuló bajo una perspectiva de “amigos y socios” y está llamada a desestimar las inversiones de “países adversarios”. Hace un año que estábamos advertidos de los tiempos duros que nos rigen.
La AFIP parte por sostener que “seguridad económica es seguridad nacional”; que China es el país que obtiene a través de la inversión extranjera directa (IED) “tecnologías de última generación, propiedad intelectual y actualiza (sus) industrias estratégicas”; que actúa incluso a través de “fondos de inversión en terceros países”; que no permite que EE.UU. invierta en su territorio en infraestructura crítica (la AFIP sería una reciprocidad); que las inversiones futuras en territorio norteamericano serían autorizadas “en proporción a su distancia verificable e independencia de las inversiones predatorias y prácticas de adquisición de tecnologías de los adversarios o actores amenazantes” (menciona como tales a China, Hong Kong, Macao, Cuba, Irán, Corea del Norte, Rusia y al régimen venezolano de Maduro). El texto abarca otros múltiples aspectos de la inversión, incluso las donaciones al sistema universitario norteamericano. ¿Leímos alguna vez este “manual” de comportamiento de la principal potencia mundial al analizar el cable submarino chino?
Décadas antes, en EE.UU. había comenzado a desarticularse el ideal liberal de la inversión. A mediados de los 90 comenzaron a hablar del near-shoring (o aproximación de la cadena productiva al centro de decisiones de un negocio), que involucraba mayor seguridad estratégica en las cadenas productivas. Obama planteó el 2012 el re-shoring (traer de vuelta industrias al país de origen), un concepto aún más alejado del antiguo off-shoring, producto de la globalización de los 70 y 80. En otras palabras, llevamos décadas asistiendo a un retiro paulatino de la confianza en la globalización como estrategia de producción y del auge de consideraciones de seguridad nacional para tratar la inversión. ¿Percibimos estas señales?
En China, la inversión extranjera también está sometida a controles de seguridad nacional. Desde luego, existe un sistema de listas de sectores prohibidos (medios de comunicación entre estos); un mecanismo de revisión de seguridad nacional (se aplica a las tecnologías de la información, por ejemplo); un buen sistema de control en la seguridad de datos (los considerados críticos y generados en China permanecen en servidores propios); una prohibición de transferencia de tecnología. Además, crearon una Lista de Entidades No-Fiables que permite sancionar a empresas extranjeras por razones políticas y elaboraron sus propias directrices sobre near-shoring.
El fenómeno no es sólo norteamericano o chino. La National Security and Investment Act del Reino Unido, vigente desde enero del 2022, le permite al gobierno monitorear las adquisiciones en lugares o sectores sensibles; imponer todo tipo de condiciones a las compras hechas por empresas extranjeras; bloquear o deshacer una transacción, incluso en el ámbito educativo.
En la UE, desde el 2021 se encuentra vigente la FDI Screening Regulation, pilar de la autonomía estratégica del bloque que ha ido perfeccionándose desde entonces. El reglamento encarga a cada país un sistema de chequeo propio, pero obligatorio y convergente para tratar la inversión externa. Frente a la IED todos deben intercambiarse la información; someterse a un control de inversiones intra-UE; a un escrutinio independiente de seguridad estratégica, especialmente en sectores críticos (entre ellos telecomunicaciones) e hipercríticos (inteligencia artificial, entre otros), y a limitar la exportación de productos “que pueden mejorar las capacidades militares y de inteligencia de actores que podrían usarlas para amenazar la paz y la seguridad internacionales”.
En Australia, la Foreign Acquisitions and Takeovers Act de 1975, fue reforzada entre el 2021 y 2024 para agregarle consideraciones de seguridad nacional; definir sectores sensibles que requieren autorización obligatoria (redes de transporte de datos y 5G, entre otros varios); sumar el concepto de último recurso (posibilidad de revocar una inversión aprobada si surgen riesgos a la seguridad nacional) y fortalecer el Consejo de Revisión de la Inversión Extranjera.
En Chile, en cambio, manejamos una de las legislaciones para la IED más abiertas del mundo, basada en la no discriminación. Excepto para inversiones en zonas fronterizas; para la exploración y explotación de litio, hidrocarburos o sectores de infraestructura crítica, que requieren permisos sectoriales; o cuando el inversionista es una empresa estatal “el ingreso de capitales extranjeros a nuestro país es libre, y basta con el cumplimiento de formalidades de información y registro ante el Banco Central para materializar la inversión”, se lee en una minuta de la Cámara de Diputados. El mismo documento señala que “la legislación chilena no dispone de un mecanismo de autorización basado en consideraciones estratégicas o de seguridad nacional”.
El incidente del cable submarino nos debe servir de advertencia para la revisión urgente de nuestras confiadas normas e incorporar en el análisis de inversión, de forma ágil y permanentemente actualizada, la percepción del riesgo estratégico. No podemos darnos el lujo de quedarnos atrapados entre los intereses políticos del principal inversor en Chile (EE.UU.) y del mayor país de destino para nuestras exportaciones (China). Tenemos que advertir, anticipadamente, las sensibilidades de cada uno, y encajar nuestros intereses en ese cuadro. Ya no basta el mérito técnico o económico de un proyecto de inversión. Hay que analizar las susceptibilidades políticas y estratégicas de terceros para evitar repetir la incómoda situación que padecemos hoy.
La OMC ofrece amplios espacios para la introducción de medidas restrictivas al flujo de capitales basadas en la seguridad nacional. La OCDE también acepta restricciones a la IED por estas razones siempre que se garantice la no discriminación, la transparencia, la previsibilidad, la proporcionalidad, y la posibilidad de apelación. En resumen, nada impide que promovamos una legislación que combine seguridad y derechos del inversionista.
El entuerto del cable submarino hacia China lo va a tener que resolver el próximo gobierno, qué duda cabe. Tendremos que hacer un esfuerzo y apelar a sus cinco mil años de historia oriental y sabiduría diplomática para encontrar un proyecto o idea que compense los sinsabores de esta bochornosa situación. No será fácil. Por su parte, EE.UU. también tiene que comprender que Chile, leal socio en el hemisferio, necesita del mercado chino y de su profundización para poder desarrollarse. Ese es el desafío. Nada más y nada menos.
