Columna Diario Constitucional, 24.02.2026 Samuel Fernández Illanes, abogado (PUC), embajador ® y académico (U. Central)
Ha causado revuelo noticioso y diplomático. Con razón. El ministro de transportes y telecomunicaciones, su jefe de gabinete y un asesor, más sus familias, ya no pueden viajar a Estados Unidos. Demuestra la molestia norteamericana y la hace efectiva en nuestras autoridades técnicas, no políticas. Sabemos que Trump utiliza de preferencia dos acciones que no implican el uso de la fuerza: Los aranceles (hoy cuestionados por la Suprema Corte); y el control del ingreso a Estados Unidos, el que empleó. No es la primera vez que hay sancionados en distritos países.
Muchas opiniones se han divulgado, las del propio presidente y las del canciller, negativas y sintiéndonos ofendidos. Pero cabe preguntarse: ¿Merecían realmente nuestras autoridades esa sanción? Se ha dado como causa el cable submarino de Valparaíso a Hong Kong. Un proyecto a todas luces beneficioso para las comunicaciones tan necesarias hoy, y de última generación. Tanto para las chilenas como para los demás latinoamericanos. Existen muchos cables que lo hacen con países del Pacífico occidental, pero ninguno directamente con China.
Ciertamente hay algo más que no aparece a simple vista para imponer la sanción, pues no ha sido un capricho momentáneo ni una rabieta pasajera del poderoso secretario de estado y, al mismo tiempo, asesor de seguridad nacional de Trump, Marco Rubio. Así no actúa una gran potencia en el campo internacional. Hay más motivos y seguramente muy serios, a los que intentaremos referirnos.
Para empezar, hay que sumar múltiples elementos, ya que todos cuentan para este tipo de decisiones. La empresa China Mobile lo financiaría, y ellas están íntimamente vinculadas con el Gobierno, sobre todo si el rubro son las comunicaciones intercontinentales. Requieren la autorización y el aporte de cuantiosos capitales. Por lo mismo, el Estado chino sería el primer destinatario de todas las comunicaciones electrónicas por el cable submarino, que luego pasarán a los usuarios. La injerencia estatal es sabida en China, aunque sean privadas las empresas contratadas. El tráfico de informaciones sensibles y personales sería inmenso, a disposición de China; intolerable para Estados Unidos.
Un punto que alertó desde un comienzo a los Estados Unidos, y así lo manifestó a nuestras autoridades sucesivas, lo que dejó el proyecto en estudio y sin decisión definitiva. Lo mismo se hizo de forma más perentoria con el actual gobierno, en reiteradas oportunidades previas y en reuniones del embajador norteamericano con los técnicos, precisamente el ministerio de transportes y telecomunicaciones, como también el ministerio del interior y la cancillería, según la información divulgada. Pese a la insistencia, el proyecto continuó, lo que habría motivado la reacción.
Y porqué este enojo. Si sólo se tratara de una competencia comercial, por muy feroz que sea, es algo que tanto Estados Unidos como China conocen perfectamente, y la practican desde hace años. De ahí la guerra arancelaria mutua, subiendo o rebajando a voluntad los aranceles de importación o exportación, según los resultados, o reclamando China a la OMC. Todo dentro del marco acostumbrado en esta pugna. Pero no es igual, si los temas pueden vincularse con la seguridad, un punto prioritario y neurálgico para Trump, ahora extendido a la seguridad hemisférica. Lo dice sin dejar dudas el comunicado de Marco Rubio y del Departamento de Estado. Como prueba, basta con tener en cuenta las acciones contra Venezuela y el propio Maduro, según las ordenes de tribunales norteamericanos, y apoyadas por la imponente flota contra narcotraficantes en el caribe, acusados de socavar la seguridad del país. La sensibilidad de la administración de Trump al respecto es incuestionable.
El dominio actual de la electrónica y sus derivaciones, son el nuevo campo de acción entre las potencias actuales. Remplazaron en buena medida, el territorial, económico, armamentístico o diplomático. Un nuevo escenario mundial, y no nos puede dejar indiferentes. El proyecto citado apunta precisamente a ello, y debimos considerarlo cuidadosamente. Nuestra reacción evocando la soberanía y autonomía en las decisiones sigue siendo válida, si bien es menos determinante que antes. La nota de protesta, que se suma a otras anteriores, no produce mayor efecto, suena tradicional y esperable. Maduro reiteraba su soberanía a diario y desafiaba. Sabemos el resultado. En nuestra declaración se recalca que todo está en estudio.
Se plantea aquí un nuevo dilema, cómo equilibrar los intereses nacionales con los de Estados Unidos y China sin deteriorar uno en desmedro del otro, siendo sumamente importantes ambos, cuando los grandes ya no se guían por los parámetros políticos, multilaterales o jurídicos acostumbrados, y los emplean como quieren. Es la lamentable realidad imperante, y no es desconocida.
Cualquier desvío en el pretendido equilibrio teórico, por más que se hagan grandes esfuerzos, podría acarrear decisiones y presiones muy difíciles de contrarrestar, y todavía más, si se acumulan numerosas opiniones, gestos y declaraciones, desde la más alta autoridad contra Trump o sus principales aliados. Nunca son gratis y en algún momento se cobran, y se busca algún detonante, como ha sido el tema del cable submarino. Chile ha intentado una postura equidistante, sin resultado.
Debemos acostumbrarnos a esta nueva relación internacional y remozar nuestra acción exterior, adecuándola al contexto de las realidades entre los países que son determinantes. No consiste en atrincherarnos en aquellas acostumbradas, su efectividad no es la misma, ni tampoco en someternos a los dictámenes de alguna de las partes. Habrá que volver analizarlo cuidadosamente y seleccionar las prioridades.
