Columna El Líbero, 14.06.2025 Fernando Schmidt Ariztía, embajador ® y exsubsecretario de RREE
¿Qué respondería usted si el gobierno le pregunta si está de acuerdo, o no, con una jornada de trabajo que dure máximo 8 horas y que esta se realice en la franja horaria entre las 6:00 y las 18:00? Seguramente votaría que sí, y el Presidente capitalizaría su respaldo. Esa es la primera de doce preguntas que el Ejecutivo colombiano le haría a la ciudadanía en una consulta nacional, a realizarse el 7 de agosto, si el Poder Legislativo no aprueba la reforma laboral que propone. No es que en Colombia se viva un régimen esclavista. El 2021 refrendaron una reducción gradual de 48 a 42 horas semanales, en vías de implementación.
Asimismo, se propone preguntarle a los colombianos si estarían de acuerdo, o no, con que se les pague un recargo del 100% por el trabajo en días de descanso dominical o festivo. Da la impresión, a primera vista, que no existe ese pago extra. Lo que se oculta, es que hoy el recargo es de un 75% del salario. La trampa está en plantear estas cuestiones en fórmulas binarias, Sí o No, y esconder el alcance de estas medidas. Se trata de una jugada política que no tiene en cuenta el empleo, sino el poder mediante la manipulación de la emoción.
El verdadero problema en materia de trabajo en Colombia es que más del 50% de las personas tienen ocupaciones informales y las reformas del Presidente apuntan, principalmente, a la mitad de los colombianos que tienen empleos en regla. Presiento que el mandatario cree que la informalidad se resuelve con un toque de magia. Así se deduce de la pregunta: ¿está de acuerdo en promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general?
La oposición, el mundo empresarial y una parte de los partidos que han apoyado al Gobierno hasta ahora, piensan que una reforma es necesaria, pero quieren que se oriente a estimular la generación de empleos formales y sacar a las personas de ese limbo de precariedad donde se produce el abuso. Eso no se logra, sin embargo, haciendo más inalcanzable el trabajo formal, encareciéndolo. Quieren una reforma que se haga cargo de la realidad, no de las fantasías ideológicas del Presidente.
Dos semanas antes del atentado que lo tiene entre la vida y la muerte, Miguel Uribe Turbay decía en el Senado colombiano que, “la peor condición laboral es el desempleo y la informalidad”. Agregaba que en la reforma planteada por el gobierno existe una contradicción de base: aunque aspira a crear trabajo en regla, según estudios del Banco de la República y de decenas de expertos, la propuesta los arrasa. “Se van a destruir por lo menos 400.000 empleos formales y entre 1.6 y 2.4 millones de personas van a pasar a la situación de informalidad” al encarecerse la contratación, decía. El fortalecimiento de los derechos sindicales; la estabilidad laboral reforzada; la ampliación de las licencias remuneradas y otras varias propuestas presuponen tener una ocupación formal. Hoy sábado se cumple una semana desde que un sicario le descerrajó tres tiros.
Después de sucesivos fracasos políticos -el último el 14 de mayo cuando el Senado rechazó su proyecto de reforma que creía “cocinado”- Gustavo Petro apeló esta semana a la democracia directa como método de acción política, colocando en peligro los cimientos del pacto constitucional al firmar el Decreto para la convocatoria a plebiscito, al más puro estilo chavista. Contrarió la opinión de los expertos constitucionalistas, que dicen que el llamamiento pasa por encima de dos poderes del Estado y que viola explícitamente el artículo 104 de la Constitución, que establece que toda convocatoria a consulta debe tener el consentimiento previo del Senado. Es decir, como hasta ahora no ha logrado la aprobación a su reforma en el Legislativo, Petro apela a un plebiscito inconstitucional como amenaza. Livianamente, su ministro del Interior señaló que la convocatoria a las urnas se derogaría si el Legislativo aprueba la reforma que, rechazada en una primera instancia en el Senado, se discute nuevamente allí por un procedimiento de apelación. Colombia se encuentra, en estas horas, frente a un chantaje y una grave crisis institucional.
Para agravar las cosas, tanto Gustavo Petro, como su recientemente designado ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, han amenazado con convocar una Asamblea Constituyente si la Corte Constitucional (donde el gobierno radicó la revisión de la legalidad del Decreto) o el Consejo de Estado (donde la oposición está apelando) no aprueban la consulta.
Por otro lado, convocó a grandes manifestaciones de apoyo, en Bogotá y Cali hasta ahora, para crear un ambiente político y presionar al Legislativo a aprobar su reforma. En estas concentraciones el Presidente interpretó la historia colombiana a voluntad y en su retórica mezcló a Bolívar con la lucha de clases, el anti-imperialismo, el antifascismo, el espíritu revolucionario etc., para terminar diciendo que él mismo y su gobierno son los que encarnan la voluntad popular, el anhelo de paz, de democracia y de justicia social de los colombianos. Petro revivió el lenguaje revolucionario, sesentero, efectista y florido que conocimos los chilenos mayores. Sigue ahí. Que no se nos olvide.
Como si lo anterior fuera poco, el Ejecutivo anunció esta semana que en los próximos tres años dejará a un lado la regla fiscal, el marco normativo que supervisa y fija parámetros de disciplina presupuestaria. Las cuentas públicas del gobierno no cuadran o se las ha hecho calzar a la fuerza, lo que le incomoda. En otras palabras, según algunos observadores, tanto en lo político como en lo económico Petro prefiere una huida hacia adelante cuando le queda un año de gobierno y se inclina por enfrentar este periodo electoral recuperando a sus bases y agitando el ambiente político para posicionarse como víctima del “sistema”, como el idealista que quiso cumplir los sueños del pueblo y no lo dejaron. No descarta, eventualmente, buscar un mecanismo para retrasar las elecciones.
En este caos político la economía sigue funcionando (excepto la inversión), aunque las cuentas del estado no cuadren. Bulle la economía narco a pesar de los espectaculares golpes infligidos. Estos han incrementado su extensa red piramidal compuesta por los carteles del crimen y los disidentes de las FARC o el ELN. Según datos de la Policía Nacional, se han identificado más de 2.000 grupos de delincuencia común, con cerca de 8.000 miembros; 18 grupos de delincuencia organizada, con más de 1.900 integrantes; y 4 grupos armados, con cerca de 15.000 miembros. De un total de 1.102 municipios, en cerca de 700 existiría una presencia mediana o grande de estas redes.
En las próximas horas sabremos si los colombianos son capaces de sortear la crisis institucional inmediata que les aqueja, en caso que el Senado apruebe algún texto de reforma laboral que permita a todos salvar la cara y se abra el camino para derogar el Decreto inconstitucional que convoca a la consulta popular. Hay plazo hasta el 20 de junio y queda aún la Comisión Mixta. Al cierre de estas líneas, en el 75% del texto había acuerdo, pero faltan los artículos más controvertidos.
Independientemente de la suerte de la reforma, el desafío es otro: ¿cómo volver a colocar de vuelta en la lámpara al genio populista liberado por Petro? Si se deroga el Decreto para la consulta popular y se promulga la reforma laboral presentándola como un triunfo del Presidente, le habrá quedado a éste el gusto por el clamor de la calle, por recuperar el verbo falaz y engañoso, por agitar el discurso de la lucha de clases donde se siente cómodo. Miguel Uribe decía en el Senado, antes de ser acribillado: “Lo que hoy Petro propone es un dulce envenenado. Es una trampa. Es una emboscada”. Pienso que estas palabras se aplican también al año que se avecina, donde la emboscada política está en cada esquina, mientras el crimen y la corrupción se expanden por el país.
