Columna El Líbero, 27.09.2025 José Luis Balmaceda, embajador ® y presidente de la Fundación Sinergia Humanitaria
Chile enfrenta uno de los procesos de envejecimiento más acelerados de América Latina. Sin embargo, el sistema de cuidados sigue siendo frágil, fragmentado y en gran medida informal. La carga recae en las familias -sobre todo en las mujeres-, mientras la oferta pública es insuficiente y desigual. Sin una política de Estado que articule salud, servicios sociales y vivienda, el riesgo es claro: el sistema colapsará frente al creciente número de personas mayores dependientes.
La pandemia dejó al descubierto lo esencial del cuidado y la precariedad de quienes lo realizan. En Chile, el modelo predominante es el cuidado informal en el hogar, sostenido por mujeres de la familia o trabajadoras domésticas, en su mayoría sin contrato ni seguridad social. Este sistema resulta funcional para muchas familias, pero a costa de precariedad, sobrecarga y falta de reconocimiento.
Al otro extremo están los Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM). De los cerca de 940 autorizados sanitariamente en todo el país, solo una minoría es pública. El resto son privados, con altos costos de acceso. Así, se consolida un sistema de dos velocidades: cuidado profesional y seguro para pocos, cuidado precario e informal para la mayoría.
El cuidado no es solo bañar, vestir o acompañar. También implica cocinar, limpiar, hacer compras y sostener emocionalmente. En la práctica, muchas familias contratan a una trabajadora de casa particular para que asuma ambas labores. Según la OIT y la CEPAL, casi el 70% de las trabajadoras de casa particular realiza también tareas de cuidado. Ignorar este rol sería desconocer la realidad.
Pero ¿quién cuida a los que cuidan? La evidencia internacional muestra el peso de esta labor: más del 80% de las trabajadoras de cuidados en Europa declara problemas de salud mental o físicos derivados del trabajo. En Chile no hay cifras tan detalladas, pero la sobrecarga es evidente. Dignificar el cuidado implica contratos, seguridad social, capacitación y reconocimiento previsional, porque no se trata solo de mejorar la vida de quienes cuidan, sino también de garantizar un trato digno y seguro a las personas mayores.
La tecnología aparece como aliada frente a la escasez de cuidadores formados: sensores, pulseras de monitoreo y algoritmos que anticipan caídas o cambios de conducta ya están en uso en distintos países. Estas herramientas pueden aliviar la carga de las familias y permitir que más adultos mayores vivan en sus casas con seguridad. Pero no resuelven todo. Surgen dilemas sobre privacidad, adaptación cultural y la necesidad de mantener la dimensión humana del cuidado, que ningún dispositivo reemplaza.
Frente a este panorama, Chile necesita con urgencia una política nacional de cuidados. No basta con iniciativas parciales o pilotos. Se requiere reconocer el cuidado como derecho social, ampliando la red pública de ELEAM y servicios domiciliarios, profesionalizando y formalizando el empleo en cuidados, y otorgando apoyos económicos y previsionales a las familias cuidadoras.
El cuidado no es un asunto privado ni una tarea que pueda seguir recayendo exclusivamente en las mujeres. Es un tema de justicia social, igualdad de género y sostenibilidad. En un país que envejece rápido, el cuidado debe ser parte de la modernización del Estado de Bienestar.
Chile tiene la oportunidad de liderar en América Latina con un modelo más justo y equitativo, que combine innovación tecnológica con la calidez humana del cuidado, y que asegure acceso universal a servicios de calidad. El desafío es ineludible: todos, en algún momento de la vida, necesitaremos ser cuidados.
