Columna La Tercera, 11.06.2016 Juan Salazar, Embajador (r) y director ejecutivo de CEPERI
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La acción que ha emprendido el gobierno chileno ha vuelto a poner en discusión la pertinencia de que el país continúe en el Pacto de Bogotá
No se consideraron todos los factores
Es muy atendible el apoyo que diversas autoridades y muchos compatriotas han brindado al gobierno por presentar una demanda contra Bolivia en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por las aguas del río Silala. Ha sido una maniobra táctica sorpresiva y oportuna para frenar la majadera campaña de nuestro vecino altiplánico, en cuanto a que estamos -supuestamente- usurpando sus aguas, y para adelantamos a una nueva demanda artificiosa boliviana. Nuestro recurso ante La Haya recoge, asimismo, un creciente malestar en la opinión pública chilena por las constantes provocaciones del Presidente Evo Morales.
Sin embargo, fuera de darnos un “gustito”, es dudosa la racionalidad estratégica detrás de la jugada chilena, puesto que estamos frente a un problema bastante más complejo debido a las diversas aristas que tiene. No se trata solo del Silala (si es río internacional o no), sino de la cuestión de fondo con Bolivia (mediterraneidad y cesión territorial), de los fallos “creativos” de la CIJ que afectan la integridad territorial chilena (demanda marítima peruana y objeciones preliminares chilenas), así como del contexto geopolítico regional, dado los estrechos vasos comunicantes entre Bolivia y Perú.
Entre otras consideraciones, esta demanda impedirá que denunciemos el Pacto de Bogotá, un instrumento jurídico que -dada la particular interpretación de la Corte sobre su art. VI- nos somete obligatoriamente a ella, lo que pone en riesgo la soberanía nacional ante futuras demandas de terceros. Algunos analistas cometen el error de señalar que, gracias al Pacto de Bogotá, pudimos presentar esta demanda, en circunstancias de que siempre lo podríamos haber hecho, aún si denunciáramos ese acuerdo, puesto Chile no dejaría de formar parte del Estatuto de la CIJ. A vía de ejemplo, Argentina, que no es parte del Pacto de Bogotá, igual presentó una demanda contra Uruguay por las plantas de celulosas en el Río Uruguay.
Con nuestra demanda contra Bolivia, no estamos haciendo otra cosa que reconocer la competencia obligatoria de la Corte Internacional de Justicia y el valor (político, salomónico, equitativo o como quiera llamársele) de sus fallos.
Las tajantes aseveraciones respecto de “la solidez de los fundamentos jurídicos” que ostenta Chile en este caso pueden ser absolutamente válidos, pero no podemos perder de vista que Chile intentará hacer valer esos argumentos ante un tribunal que, comprobadamente, suele elaborar sus fallos teniendo en cuenta consideraciones que nada tienen que ver con fundamentos jurídicos. Baste recordar nuestra reciente experiencia en el caso de la delimitación marítima con Perú, fijada por esa misma Corte de Justicia de manera absolutamente caprichosa.
Tampoco podemos dejar de considerar que la Corte Internacional de Justicia tendrá como principal instrumento orientador en este caso, una Convención multilateral cuyos componentes políticos, relativos a consideraciones medioambientalistas y etnocentristas pueden ser aprovechadas hasta el extremo, precisamente por el Estado Plurinacional que hace de la propia victimización internacional una costumbre ancestral.
En suma, hemos reaccionado igual que Evo Morales, al buscar un golpe de efecto. Si bien le hemos “dado su merecido” en un momento político difícil para él y, de paso, cohesionado a los polarizados chilenos, los autores de la iniciativa chilena aparentemente no han considerado todos los factores jurídicos y políticos externos que nos pueden pasar la cuenta en el día de mañana.
