Reportaje La Tercera, 16.06.2024 Francisco Artaza, periodista
Las acusaciones cruzadas por falta de cooperación en el combate contra el crimen organizado, en el esclarecimiento del secuestro y crimen del teniente Ojeda y para la expulsión de indocumentados han elevado la desconfianza entre Chile y Venezuela a uno de sus niveles más altos en los últimos años. “La relación ha sido tensa, pero se mantiene”, aseguran en la Cancillería chilena, pese a la falta de medidas para enfrentar la escalada del conflicto.
“Gracias por estar acá”, le dijo el presidente Gabriel Boric al viceministro para América Latina de la Cancillería venezolana, Rander Peña, al momento de estrecharle la mano el 18 de abril pasado, en medio de la inauguración de la primera reunión de autoridades regionales de seguridad pública, convocada por Chile en el marco de la presidencia pro tempore del Consenso de Brasilia. Una cita que, si bien se desarrolló en el edificio del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, no consideraba la participación de representantes de las cancillerías de otros países.
-Por favor, quiero que se reúna unos minutos con la ministra Tohá y con el canciller Van Klaveren, un café rapidito- le habría señalado el mandatario chileno a Peña, según fuentes diplomáticas venezolanas.
El viaje “relámpago” de quien es considerado el “canciller político” de Venezuela, por su cercanía con Nicolás Maduro y su rol como vicepresidente a cargo de las relaciones internacionales del oficialista Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV), había estado hasta entonces lleno de trabas, por lo que las palabras del jefe de Estado chileno cambiaron el semblante de la delegación diplomática venezolana: este será un gran día, comentaron algunos incluso. No fue así.
A inicios de abril, afirman fuentes diplomáticas venezolanas que pidieron reserva de su nombre, durante un comité político de Maduro con su gabinete y asesores más estrechos, el régimen chavista decidió hacer un giro en la forma de responder a las acusaciones que les estaban haciendo las autoridades chilenas por la falta de cooperación en el esclarecimiento del secuestro y homicidio del exmilitar disidente venezolano refugiado en Santiago, Ronald Ojeda, ocurrido la madrugada del 21 de febrero pasado.
La decisión fue dejar espacio para que la diplomacia pudiera operar.
Hasta entonces, Maduro había optado por dejar en manos del presidente de la Asamblea Nacional y número dos del régimen, Diosdado Cabello, la responsabilidad de salir a responder en su particular estilo a los cuestionamientos que se hacían en Santiago. Pero lejos de aplacar las cosas, Cabello escaló el conflicto.
El 4 de abril pasado, la Cancillería venezolana convocó de urgencia al embajador chileno en Caracas, Jaime Gazmuri. Era la segunda vez, en menos de 15 días, que esto ocurría. Pero, a diferencia de lo que había pasado el 21 de marzo, cuando le entregaron una carta de protesta -la nota diplomática reprochaba “actitudes injerencistas” del gobierno chileno en las decisiones internas de Venezuela, a raíz de una declaración oficial de la administración de Boric que criticaba al régimen chavista por “la detención arbitraria” de dirigentes políticos opositores-, el recibimiento que le dieron a Gazmuri, primero el canciller Yván Gil y luego el viceministro Rander Peña, fue muy distinto.
“Le dijimos al embajador que nosotros queremos colaborar. Pero, para eso, dénnos algo, nombres, indicios al menos, de cuándo y por dónde podrían haber ingresado a Venezuela los sospechosos del secuestro de Ojeda”, aseguran fuentes diplomáticas venezolanas.
El 9 de abril pasado, el fiscal a cargo de la investigación del secuestro del teniente Ojeda, Héctor Barros, envió a Venezuela el primer requerimiento de información.
El oficio, en el que solicitaba un reporte migratorio, datos biográficos y biométricos de Walter Rodríguez y Maickel Villegas -los dos venezolanos vinculados al Tren de Aragua que fueron imputados por la Fiscalía chilena como sospechosos del secuestro del exmilitar-, como asimismo datos de la propia víctima y de uno de los hermanos de Ojeda que reside actualmente en España, no se envió directamente al fiscal nacional de Venezuela, sino que se hizo por intermedio del sistema de cooperación internacional de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, un mecanismo nuevo, que nació tan sólo en febrero de este año.
Tres días antes de que llegara la respuesta desde Caracas, sin embargo, el 15 de abril, el fiscal Barros envió por segunda vez a Venezuela el mismo oficio. Esta vez lo hizo por intermedio de Cancillería, usando el mecanismo contemplado en la convención de asistencia mutua en materia penal. El uso del conducto diplomático permitiría a Chile darle trazabilidad a este requerimiento, ya que fue el propio embajador Gazmuri quien el 18 de abril lo llevó a la oficina de partes de la Cancillería venezolana para que quedara estampado el timbre que acredita la recepción del documento.
Según el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, esos requerimientos fueron contestados el 18 de abril y el 23 de abril pasado, usando la misma vía a través de la cual los hizo llegar a Chile.
Desde la Fiscalía chilena señalan que Venezuela ha enviado información “a goteo” y que no han entregado todos los datos solicitados. Incluso, niegan información sobre los ingresos y salidas de territorio venezolano de una de las personas mencionadas en el oficio, como es el exmilitar disidente venezolano Ányelo Heredia, pese a que es de público conocimiento que está detenido en Venezuela desde fines del año pasado, acusado de encabezar un complot para asesinar a Maduro. Fue Heredia quien mencionó al teniente Ojeda como uno de los involucrados en esa operación, la misma que es una de las hipótesis que investiga el fiscal chileno como posible causa de que se ordenara desde el extranjero el secuestro y asesinato del exmilitar.
Ruido de más
Cuando recién comenzaba a rodar el proceso de intercambio de información entre las fiscalías de Chile y Venezuela por el caso de Ojeda se produjo un nuevo impasse diplomático con el régimen chavista, que puso en duda la validez del compromiso de cooperación que habían manifestado las máximas autoridades de la Cancillería venezolana al embajador Gazmuri en sus conversaciones del 4 de abril.
De manera inexplicable y mientras se encontraba en una reunión con su par colombiano, el canciller venezolano, Iván Gil, afirmó el 11 de abril que el Tren de Aragua no existía. “Hemos demostrado que el Tren de Aragua es una invención de la mediática internacional”, señaló.
Igual de inexplicable es que fuera el propio presidente Boric y no su canciller, Alberto van Klaveren, quien saliera a retrucar los dichos del jefe de la diplomacia caraqueña. “Las recientes declaraciones irresponsables del canciller de Venezuela (...) son profundamente preocupantes y son un grave insulto a los estados que han sido víctimas”, dijo Boric al anunciar, además, que había llamado a consultas al embajador Gazmuri, lo que en lenguaje diplomático es una clara señal de molestia.
Gazmuri tenía programado esa semana pasar unos días de vacaciones en Santiago, por lo que tenía su pasaje comprado. Aun así, el llamado a informar permitió reflejar el enojo del gobierno chileno ante el régimen de Maduro por la falta de ayuda en el combate del crimen organizado transnacional que ha golpeado a la mayoría de los países con costa al Pacífico y cuyo origen está en bandas venezolanas que salieron de ese país en medio de la diáspora de más de siete millones de personas que han huido de las malas condiciones de vida y la represión política en el país caribeño.
Fue en medio de ese clima de hostilidades crecientes que, según fuentes diplomáticas venezolanas, Maduro decidió enviar a Chile al vicecanciller Rander Peña, aprovechando la invitación que había hecho el gobierno de Boric a los ministros y autoridades del área de seguridad y a la que ya había confirmado su asistencia la viceministra de Seguridad, Ángela Zuloaga.
“Fue un gesto de buena fe”, afirman autoridades venezolanas.
El 15 de abril, tres días antes del viaje, sin embargo, aún no había confirmación de que lo fueran a recibir en la Cancillería chilena.
Preocupado, la mañana de ese mismo día 15, el canciller Gil llamó varias veces al celular de Van Klaveren. Al no recibir respuesta, le envió mensajes de WhatsApp. Tampoco hubo reacción.
El canciller chileno había llegado recién a Londres, donde tenía una intensa agenda de actividades, las que incluían, entre otras, un encuentro con el jefe de la diplomacia británica, David Cameron; un foro en el Canning House enfocado en América Latina y al que asistirían parlamentarios, empresarios y académicos ingleses, además de un encuentro con la entonces parlamentaria británica Anna McMorrin, “shadow minister” para asuntos de América Latina.
Desesperado, Gil salió de su despacho y urgió a sus asesores a buscar un contacto con la Cancillería chilena. Hablaron con la jefa de gabinete de Van Klaveren, Verónica Rocha, a quien le explicaron del viaje exprés a Chile del viceministro Peña.
