Carta La Tercera, 03.10.2015 Rafael Aldunate Valdés
El 80% de los chilenos tienen un sueldo mensual inferior a $ 400 mil, según un estudio del Instituto Nacional de Estadísticas. Para sueldos intermedios no hay mejor remanso que ser funcionario público, con remuneraciones y garantías más atractivas. Véase el reconocimiento a las reivindicaciones del BancoEstado y las no tan lejanas a Codelco.
Un gobierno socialista se toma el aparato público, tanto por convicción (agrandar el Estado) como porque lo siente suyo. El detalle es que lo financiamos con nuestros impuestos directos e indirectos. Lo preocupante es que sólo tres de los 18 ministerios han ejecutado aisladamente más del 50% de su presupuesto para inversiones. En educación se ejecutó un 3,3% a julio y en salud, pese al compromiso de 20 hospitales, un inexplicable 13,6%, con el agravante de que se ha convertido en una fuente de trabajo que se reparte según influencias políticas.
Por segunda vez la administración de Michelle Bachelet ha multiplicado tanto el número de funcionarios contratados como sus remuneraciones. Ha enrolado en 18 meses a 30.180 empleados públicos, incrementando en un año el ítem “gastos en sueldos públicos” en un expresivo 13%, sin una necesidad objetiva y pese a las deficitarias arcas fiscales.
Todo esto contradice dos aspectos relevantes. Primero, es inconsistente con las voces -aún no hay señales- de austeridad y con una anémica economía. Pero lo más grave es que estos funcionarios se trasformarán en los más genuinos activistas y operadores políticos de la Nueva Mayoría. Y las reformas para mejorar la probidad pasarán por el lado, o existirá la facilidad de burlarlas en ese ámbito. En definitiva, el Estado pareciera ser propiedad de la Nueva Mayoría.
