Columna El Líbero, 03.01.2026 Fernando Schmidt Ariztía, embajador ® y exsubsecretario de RREE
Para comenzar, vaya un saludo afectuoso a los lectores de esta columna. Que el 2026 sea un tiempo en el que volvamos a confiar en Chile y en sus oportunidades.
El año comenzó accidentado en relaciones exteriores, aunque los efectos de los incidentes protagonizados por la hasta ahora embajadora de Chile en Nueva Zelanda, no rebasan el ámbito interno. Sin embargo, se prolonga una crisis que debió tener un corte hace días: el cese de nuestra representante, incapaz de defender la Constitución Política, cuyo artículo 3 señala que “el Estado de Chile es unitario”. Esa premisa fundamental la ignora en su activismo por la autodeterminación rapa-nui. Importa poco si cumplió o no los protocolos. Sus anhelos personales no nos representan. Pueden ser legítimos como opinión, pero Chile se proyecta al mundo con una sola voz en su Constitución. Podemos discutir en el ámbito interno múltiples mejoras a la descentralización territorial, previstas por lo demás en el artículo mencionado, pero no debemos confundir anhelos personales con la esencia del discurso del diplomático.
Pasa el tiempo y el costo político a pagar por el incidente es cada vez mayor. La inacción involucra al presidente de la República de cuya exclusiva confianza dependen los embajadores. Pienso que, si el tema no puede resolverse por motivos ideológicos y pugnas políticas al interior del gobierno, el mismo Canciller -de quien tengo una alta opinión- debe renunciar. También involucra al gremio diplomático en servicio activo, que no puede permanecer callado ante el episodio. El silencio desvirtúa el legítimo anhelo de profesionalizar el servicio exterior.
Sin embargo, el tema de esta semana no iba originalmente por ahí.
A pocas semanas de iniciarse un nuevo gobierno, que defiende el libre comercio como uno de los pilares para el desarrollo económico, cabe preguntarse si no ha llegado el momento de elaborar una propuesta seria, cuidadosa y bien pensada para un acuerdo de libre comercio de América del Sur (o más allá). Naturalmente, hay varias condiciones que analizar. Por una parte, que ningún acuerdo tendría un alcance real sin el concurso de Brasil, país cuyo peso y características imponen cierta adaptabilidad. Por otra, que hay que lanzar la idea después de las elecciones presidenciales del próximo año (Perú, Colombia, Brasil). Además, saber que cualquier futuro acuerdo debe requerir de un cronograma de aplicación que se ajuste a la realidad de cada economía.
Chile tiene una red amplia de acuerdos de libre comercio con países de la región, y más allá de ella, y debería asumir un papel destacado en la conducción de la idea. Para nosotros, un tratado de esta naturaleza ofrecería ventajas. Por ejemplo, que un producto nuestro sea considerado como originario y no pague aranceles, o que los insumos provenientes de naciones sudamericanas entren al país libres de dicho impuesto. Todo ello nos permitiría desarrollar encadenamientos y fabricar productos más complejos para el consumo local o la exportación. Lo anterior puede ser de importancia para la atracción de inversiones y la diversificación de mercados.
Un acuerdo de esta naturaleza impone a sus miembros una armonización regulatoria. Hoy proliferan normas “técnicas”, burocráticas, estándares diferentes, reglamentos sanitarios, aduaneros, sistemas de certificación etc., que ocultan proteccionismos de distinta índole e incrementan el costo del comercio regional. La simplificación reglamentaria reduciría los costos beneficiando, principalmente, a la pequeña y mediana industria.
El crecimiento del comercio presiona sobre la demanda de otros servicios que también nos integran: estimula la necesidad de un flujo constante y seguro de energía que pasa por la mayor integración de sistemas, o influye sobre la demanda por mejorar la infraestructura de transportes. Ambos aspectos mueven la inversión cuando se hace evidente su viabilidad económica y política.
Para el competitivo sector de servicios chileno (ingeniería, software, data, banca, retail) que muchas veces enfrenta barreras no arancelarias, un acuerdo regional podría eliminar roaming de datos en todos lados, liberalizar el comercio electrónico, o permitir que profesionales chilenos presten servicios en cualquier país miembro del acuerdo.
Un tratado regional presenta ventajas evidentes para la cohesión interna en un mundo con desafíos geopolíticos cada vez mayores. Es una necesidad política y no tan sólo económica. Nos permite una mayor cohesión en un ambiente fragmentado. Los africanos disponen de un Área de Libre Comercio de África Continental (AFCTA) que el año 2025 completó 49 ratificaciones de un total de 54 miembros. Dicho acuerdo, por imperfecto que sea, refleja los anhelos africanos de integración comercial en un espacio mucho más heterogéneo que el nuestro, compuesto por países competitivos entre sí que albergan a 1.400 millones de personas. ¿No pasa lo mismo con los países asiáticos, a través de la Asociación Económica Integral Regional (RCEP), en vigencia desde el 2022, que incluye a los 10 países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) más China, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda?
Nadie dice que esto va a ser fácil. La RCEP, una Asociación verdaderamente compleja, costó 8 años de trabajo y 31 rondas de negociaciones. El asunto es comenzar y que la próxima administración Kast tantee el terreno, principalmente en Argentina y Brasil, y junto a otros tome la iniciativa. ¿Por qué América del Sur habría de ser la única región del mundo sin un acuerdo regional de integración comercial? ¿No tenemos acaso a la ALADI que nos sirve como paraguas jurídico e institucional para emprender el cambio? La Asociación nació, precisamente, con el mandato de ser el motor de un mercado común latinoamericano. Si no ha cumplido su papel ha sido por falta de voluntad política real de sus miembros, como punto de partida; por la falta de un sistema que obligue al cumplimiento de lo pactado; por la multiplicidad de normas; por los cuellos de botella en infraestructura; por un esquema productivo que privilegia el comercio extrarregional, entre otros.
En América del Sur se están dando altas expectativas de crecimiento (la bolsa de comercio es un indicador) pero, por otro lado, las tensiones geopolíticas se agravan y nos obligan a mirar más hacia nuestro interior. No está en nuestro interés ser parte de la pugna por zonas de influencia, pero resulta que los minerales críticos que producimos están en la mirada de los grandes actores. Igualmente, está en curso una potente transformación energética; inversiones inmensas en centros de datos para la inteligencia artificial; una nueva visión soberanista sobre las rutas oceánicas y la Antártica. Ante estos desafíos es necesario dejar de ser periféricos y tener posiciones convergentes.
Sin embargo, todo debe comenzar por lo más obvio, que es liberarnos de las trabas que subsisten para el libre intercambio de bienes y servicios. Es decir, consolidar una zona económica cuyos cimientos ya están en decenas de acuerdos suscritos pero que no acumulan origen ante la diversidad de reglas. Si lográsemos el acuerdo, nuestra región cobraría un valor mucho mayor para sus cadenas productivas, potenciaría las inversiones, y no tendría que reemplazar otros tratados que nos integran al mundo. Ese mensaje debe potenciarse como decisión política y no mera retórica.
A poco más de dos meses de la inauguración de un nuevo período presidencial, creo que este es un tema por estudiar como marca de la futura Presidencia Kast, y no perdernos en cosas menores.
