Columna Realidad & Perspectivas, N*129 (septiembre 2024) Milos Alcalay, embajador (r) y exviceministro de RREE venezolano
El régimen de Nicolás Maduro violó otro acuerdo internacional. Esta vez, fue el derecho de asilo que tuvo como protagonista a Edmundo González Urrutia, vencedor de las elecciones del 28 de julio, quien había solicitado asilo en la embajada de España para protegerse de las amenazas que ponían en riesgo su vida o –en todo caso– lo ponían en peligro de ser conducido a los campos de detención arbitraria. En esos días, los más cercanos dirigentes políticos –que fueron sus colaboradores directos y de la líder María Corina Machado– fueron sometidos a detenciones arbitrarias, secuestros, torturas y tratos crueles.
El oficialismo decidió presionar al asilado para que aceptara un chantaje, “negociando” su libertad con el régimen. ¿Cómo? Demostrando su desconocimiento a la inmunidad diplomática. Lo hicieron agrediendo a la embajada de Argentina donde están protegidos seis importantes asilados. Las amenazas de encapuchados, vehículos de asalto de la inteligencia militar, corte de electricidad y de agua, y prohibición de que ingresara comida generaron un ambiente de terror no sólo entre los asilados que hace medio año están en la embajada en espera infructuosa del salvoconducto gestionado por Brasil como representante de Argentina, sino produciendo al mismo tiempo temor dentro de los muros de la misión diplomática donde estaba resguardado Edmundo González, por las posibilidades de un asalto similar violatorio del derecho internacional de asilo.
El grave error de la diplomacia hispana no fue facilitar una salida humanitaria al diplomático asilado, ni tampoco ofrecer el avión militar para su traslado. Esas son claras muestras de solidaridad humanitaria que hay que agradecer. El grave error fue permitir que ingresaran a la sede diplomática de España los dos más altos y emblemáticos representantes del régimen de Maduro para ejercer su chantaje.
La diplomacia española debería haber actuado firmemente para defender su apego a la institución del asilo, negándose a complacer el deseo del asilado (si ese fue el caso) o del régimen (como en efecto fue gracias a la “facilitación” de Zapatero), porque conociendo la mala fe de ambos personajes del oficialismo, que no cumplen con las reglas internacionales, debieron suponer las consecuencias de la actuación del régimen quien difundió de manera grosera grabaciones, fotografías, filmaciones y documentos obtenidos ilegalmente dentro de la sede española burlándose así de la buena fe y de la cortesía brindada por la diplomacia ibérica.
El salvoconducto no es una dádiva que se “negocia” con el gobierno. Es una obligación de Estado y la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas establece en su artículo 41 que estos temas deben ser tratados con el ministerio de Relaciones Exteriores y no con otras instancias del régimen de Maduro.
El chavismo se equivocó en sus cálculos y les salió el “tiro por la culata”. El plan para silenciar el triunfo de Edmundo González fracasó. Con su exilio, buena parte de gobiernos expresamente reconocieron su triunfo y otros, aunque no lo reconocieron como presidente electo, tampoco aceptaron el triunfo autoproclamado de Maduro por no cumplir con la presentación de las actas. Esas dos posiciones no son irreconciliables como demostró la reciente reunión de alto nivel sobre Venezuela convocada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en la ONU el 26 de septiembre.
Ahora el presidente electo, residenciado en Madrid, anunció que visitara las capitales de Europa y del mundo para defender los resultados de la soberanía popular expresada de manera contundente en Venezuela en búsqueda de la transición constitucional fijada para el 10 de enero de 2025.
