Artículo Resumen Informativo N*368, 11.12.2025 Claudio Rojas Rachel
La imposición de aranceles por parte México a China y Brasil es una medida de tensión entre la autonomía comercial nacional y la solidaridad regional, que desdibuja los esfuerzos por construir una opción a la gravitación estadounidense en América Latina y el Caribe (ALC). También, constituyen una disonancia entre la retórica reformista de Claudia Sheinbaum y las realidades de la política comercial mexicana.
Con el proteccionismo selectivo, el Gobierno de México justifica los aranceles con la necesidad de defender sectores industriales vulnerables (como la manufactura automotriz, la electrónica y el agroindustrial), que han enfrentado una fuerte competencia por importaciones baratas de China y productos agrícolas y minerales de Brasil. En un contexto de desaceleración económica interna, el gobierno mexicano busca responder a demandas de gremios industriales y campesinos, consolidando su base política doméstica. Sin embargo, esta medida es selectiva y asimétrica: México mantiene acuerdos comerciales preferenciales con Estados Unidos y Canadá a través del USMCA, mientras que impone restricciones a países con los que no cuenta con tratados bilaterales de libre comercio actualizados. Esta dualidad revela que el proteccionismo mexicano es una herramienta para optimizar su posición en el sistema comercial internacional, sin romper los lazos con su principal socio comercial (Estados Unidos).
Ahora, desde la perspectiva de la coordinación de los países de América Latina y el Caribe, donde mucho se especuló en el potencial que podría representar un vértice México-China-Brasil podría ser un polo de alternativas para la ALC frente a la hegemonía estadounidense, al combinar el mercado cercano a Estados Unidos (México), la capacidad industrial y financiera e inversiones en infraestructuras claves de ALC por parte de China, y la influencia regional y recursos naturales de Brasil.
Sin embargo, la imposición de aranceles rompe esta sinergia, porque afecta la confianza mutua entre los tres países. Brasil, por ejemplo, es un exportador neto de “commodities” que dependen de mercados externos diversificados; los aranceles mexicanos afectarán sus ventas de soja, carne y minerales, llevándolo a considerar represalias comerciales. Por su parte, China podría restringir las inversiones en proyectos estratégicos de México (como infraestructura ferroviaria y energética) o reducir las compras de petróleo mexicano; todo lo cual y en un contexto regional, debilita los esfuerzos por fortalecer mecanismos de integración en ALC, y profundiza la fragmentación ya evidente en el campo ideológico y ahora se centra este fenómeno en función de bloques comerciales alineados con intereses externos (como el USMCA en el norte, el Mercosur en el sur y acuerdos bilaterales con China por parte de varios países.
Estados Unidos ha mantenido una postura implícitamente favorable a los aranceles mexicanos a China, ya que coincide con su propia estrategia de desacoplar su economía de la de China y reducir la dependencia de cadenas de suministro asiáticas. México, al imponer restricciones a China, asegura su credibilidad en Washington y evita tensiones en el marco del USMCA, donde Estados Unidos ha exigido a México que fortalezca sus barreras comerciales contra terceros países que no cumplan con normas laborales y ambientales similares.
Sin embargo, esta alineación tiene límites retóricos donde México no quiere ser percibido, ni convertirse, en un "aliado subordinado" de Estados Unidos, por lo que los aranceles son una balanza delicada entre satisfacer demandas domésticas y mantener una relación estratégica con China y Brasil, que siguen siendo socios importantes para diversificar sus mercados de exportación fuera de América del Norte.
Es evidente que los países de ALC necesita espacios de cooperación intrarregional que le permitan reducir su dependencia de Estados Unidos en términos comerciales, financieros y políticos. Sin embargo, los aranceles mexicanos limitan la capacidad de la ALC para negociar desde una posición de mínimos comunes con otras potencias globales, y se ve dividida entre países que buscan alianzas bilaterales con China y aquellos que priorizan sus lazos con Estados Unidos.
Si bien, la decisión de México no es un acto de autonomía antihegemónica, sino que responde como una medida pragmática que prioriza intereses económicos domésticos y la relación con Estados Unidos, por encima de la solidaridad regional con Brasil y en su perspectiva de fortalecer la región en sus negociaciones con China. Además, revela la debilidad estructural de la integración regional de los países latinoamericanos, donde todos y cada uno optan por priorizar sus intereses nacionales por encima de potenciar y fortalecer una posición de mínimos comunes que permita una mejor defensa de intereses colectivos, y construir un espacio alternativo con capacidad de negociación global frente a las Grandes Potencias, incluso frente a la propia Unión Europea, u otros esquemas de integración comercial como el TPP -11, ASEAN y los subregionales como la Alianza del Pacifico y el propio MERCOSUR.
En el corto plazo, se esperan represalias comerciales de China y Brasil, que afectarán sectores exportadores mexicanos. En el largo plazo, la medida podría llevar a México a negociar tratados bilaterales de libre comercio con China y Brasil, o abrir negociaciones comerciales y arancelarias específicas, sin embargo, hasta que eso suceda, la ALC seguirá atrapada en una dinámica de dependencias múltiples, con pocos espacios de maniobra para definir su propio destino.
La imposición de aranceles por el gobierno de Claudia Sheinbaum amplía las tensiones geopolíticas y comerciales previamente analizadas, al introducir variables de impacto político negativo doméstico y una disonancia entre la retórica reformista oficial y la práctica de la política comercial. Sheinbaum, que llegó al poder sobre una plataforma de "continuidad y profundización" de la agenda progresista de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha construido su discurso en torno a la justicia social, la soberanía económica y la lucha contra los grandes intereses empresariales y económicos de México. Sin embargo, los aranceles a China y Brasil generan una fractura en su coalición política: por un lado, los sectores nacionalistas y proteccionistas (incluidos gremios industriales y campesinos) aplauden la medida como una defensa de los trabajadores mexicanos; por otro, los grupos progresistas critican la decisión como un abandono a abrir nuevos espacios con socios claves como China y Brasil, y cede a una lógica del proteccionismo unilateral, que contrasta con los principios de integración regional que la agenda reformista que pretende promover.
En el escenario latinoamericano, la medida de Sheinbaum genera una percepción de inconsistencia en la postura mexicana frente a la integración. Mientras que México ha participado en múltiples foros defendiendo la necesidad de reformar el orden económico internacional, los aranceles a dos de los principales actores del sur global se interpretan como un retroceso en esa agenda, donde se registran críticas que apuntan esta medida como "contraria a los intereses colectivos de la región", y afecta la posición de México como un actor mediador reduciendo su margen de maniobra en foros regionales como la CELAC, o en su propia relación de Brasil y de proyección de influencia en América Central y el Caribe.
Un impacto político negativo indirecto, pero crucial, es el riesgo de represalias comerciales de China y Brasil que afectarían a los sectores más vulnerables de la población mexicana. China es uno de los principales proveedores de bienes de consumo básico como electrodomésticos, textiles, medicamentos genéricos a precios accesibles; los aranceles podrían aumentar los precios de estos productos, influyendo en la inflación doméstica y erosionando las ganancias en materia de bienestar social que el gobierno Sheinbaum ha ido consolidando internamente.
Por su parte, Brasil es un proveedor clave de alimentos básicos (soja, maíz, carne de pollo) y las represalias podrían afectar sectores sensibles de consumo de sectores más populares a encarecer estos productos, especialmente en zonas rurales y urbanas marginadas - un segmento que forma parte de la base electoral del gobierno reformista.
El gobierno Sheinbaum ha justificado los aranceles con tres argumentos centrales que encajan en su discurso reformista:
- Defensa de la soberanía económica: La medida se presenta como un instrumento para "liberar a México de la dependencia de importaciones baratas que destruyen empleos nacionales" y para fortalecer la industria doméstica como base de la economía popular.
- Promoción de la equidad comercial: Se argumenta que los aranceles buscan corregir la "asimetría comercial" entre México y países como China, que tienen políticas industriales y de subsidios que distorsionan el mercado global.
- Cumplimiento de las reformas laborales y ambientales: El gobierno afirma que los aranceles son una herramienta para garantizar que las importaciones cumplan con las normas laborales y ambientales que la reforma mexicana ha establecido – un argumento que también sirve para alinear la medida con los requisitos del USMCA.
Sin embargo, estos argumentos se diluyen “uno a uno” al considerar que los aranceles no afectan a los socios del USMCA (Estados Unidos y Canadá), los principales proveedores de importaciones a México. Esta selectividad revela que la medida no busca una verdadera autonomía, sino ajustar la economía mexicana para cumplir con los intereses del bloque norteamericano, ni tampoco los aranceles no atacan las políticas de subsidios de forma sistemática (por ejemplo, no se imponen restricciones a las exportaciones agrícolas subsidiadas de Estados Unidos); esto convierte la "equidad comercial" en un argumento pero que en definitiva busca proteger sectores industriales con influencia política, no en una herramienta de política comercial en favor del libre comercio.
Aunque el gobierno argumenta que los aranceles buscan cumplir con normas laborales y ambientales, los sectores beneficiados (como la manufactura automotriz) no siempre han cumplido con las reformas laborales que la administración Sheinbaum ha impulsado – lo que revela una alianza táctica con el sector privado industrial – que no fortalece necesariamente los principios de “equidad social” hacia los trabajadores y sus expectativas de un mejor bienestar social, sector de la población que es la base de apoyo político.
Sin lugar a duda, esta medida de aumentar los aranceles en México genera impactos políticos negativos que erosionan el gobierno de Sheinbaum, debilitan la posición regional de México y puede comprometer el bienestar de los sectores populares que la agenda reformista pretende defender. Más allá de la defensa de la soberanía económica, la decisión revela una priorización de los intereses domésticos corporativos y la relación con Estados Unidos, por encima de la construcción de espacios de trabajo alternativos que permitan potenciar la región de América Latina. Mientras Lula da Silva reitera que “la ALC necesita unir fuerzas contra la hegemonía”, el gobierno mexicano elige proteger sectores industriales domésticos a costa de alienar aliados, o es un pragmatismo que prioriza intereses nacionales.
Si bien Claudia Sheinbaum justifica los aranceles a China como “defensa de la soberanía económica”, éstos pueden tener un efecto en los proyectos de infraestructura que transformarían a México, donde China es el inversor clave en ferrocarriles interoceánicos, plantas energéticas renovables y puertos en el Pacífico. El gobierno mexicano dice que es un paso para “fortalecer la industria nacional”, donde alguien advierte que esas medidas que afectan el comercio pueden también limitar el desarrollo clave de la construcción infraestructura de futuro, en especial cuando son medidas, los nuevos aranceles mexicanos, tienen por objeto proteger sectores que ya reciben subsidios….
