Carta El Mercurio, 10.06.2026 Juan Pablo Crisostomo, exdiplomático chileno
Las recientes designaciones de embajadores vuelven a abrir una discusión que merece abordarse con profundidad y sin simplificaciones.
No existe objeción de principio a que políticos, académicos u otras personas ajenas al servicio exterior puedan asumir representaciones diplomáticas. En ciertos casos, esas trayectorias pueden aportar experiencia y capacidades valiosas al país.
Sin embargo, conviene recordar que la diplomacia es un oficio. Más allá de la formación académica, exige experiencia práctica, conocimiento de contextos internacionales, comprensión política y cultural, construcción de relaciones y capacidad de negociación. La diplomacia parlamentaria puede complementar esa tarea, pero no reemplaza el trabajo especializado que realizan los diplomáticos de carrera
Por ello, resulta comprensible la frustración cuando ciertos nombramientos parecen responder más a criterios de confianza política, afinidad o equilibrio partidario que al mérito profesional. En ese contexto, corresponde valorar que el actual gobierno haya recurrido en algunos casos a exdiplomáticos de carrera, reconociendo el carácter especializado de esta función, consideración que también debiera extenderse a quienes hoy sirven en Cancillería
Esta discusión tampoco debiera reducirse a una cuestión de género, sino centrarse en si quienes son designados cuentan efectivamente con las capacidades y experiencia que exige el cargo. Del mismo modo, parece razonable reflexionar sobre situaciones que puedan generar dudas respecto del vínculo con el Estado representado.
La política exterior representa intereses permanentes del Estado y no debiera convertirse en un espacio de compensaciones políticas de corto plazo. Precisamente por ello, el mérito debiera seguir siendo el criterio rector.
