Columna Realidad y Perspectivas, N*147 (julio 2026) Milos Alcalay, embajador ® y exviceministro de RREE venezolano
Transcurrido más de un mes de los devastadores efectos del terremoto del 24 de junio, millones de venezolanos continúan con sentimientos entremezclados de angustia, miedo, tristeza, incertidumbre y esperanza. La magnitud de la solidaridad internacional fue inmediata y generosa. Toneladas de alimentos y medicinas se sumaron a la presencia de socorristas, muchos de ellos provenientes de países que no tienen relaciones diplomáticas con Caracas (como Israel, Chile, El Salvador, Argentina y otros), que acompañaron con inmenso apoyo a los voluntarios afectados por el sismo.
Los primeros voceros de la catástrofe no fueron los responsables del Gobierno Interino, sino las transmisiones realizadas por la BBC, CNN, NTN24, DW y cientos de noticieros del mundo, que presentaron tomas escalofriantes del desastre con entrevistas a los rescatistas y sobrevivientes. Durante las primeras horas de la tragedia, el Gobierno Interino y las Fuerzas Armadas impartieron órdenes equivocadas, opacas o improvisadas, lo que ocasionó retardos, actuaciones lentas y contradictorias. La ONG Transparencia Venezuela señala que el Gobierno desplegó, en las primeras 24 horas, tan solo el 12,6 % de su capacidad de respuesta.
Este comportamiento no es nuevo. Se repitió la misma insensibilidad que mostraron las autoridades durante el deslave de La Guaira, en el año 1999, en el que murieron miles de personas. Ese día, el régimen había convocado unas elecciones que continuó promocionando, en vez de decretar la emergencia que exigía el momento. Días después del terremoto, las autoridades cambiaron su “narrativa”. Al final, debieron reconocer más de 5.200 fallecidos (cálculos extraoficiales señalan un número superior de víctimas), un millar de inmuebles colapsados y decenas de miles de desaparecidos. Ahora, los mismos que no estuvieron a la altura en el momento inicial, ofrecen conducir la reconstrucción y canalizar los recursos internacionales de ayuda, señalando que es necesario postergar la transición acordada hasta estabilizar la situación.
Las Naciones Unidas calculan que es necesario invertir, de manera urgente, 37 mil millones de dólares para remediar los daños. Los especialistas destacan que, si esa ayuda no se maneja con transparencia y eficacia, el país perderá una gran oportunidad. Resulta ingenuo pretender que los problemas existentes puedan ser resueltos por los mismos que hundieron al país en el colapso tras 27 años de corrupción, incapacidad y mala fe.
El 1 de agosto están fijadas conversaciones entre la presidenta de la antigua Asamblea Nacional de 2015, Dinorah Figuera designada por el “Tutor Norteamericano”, y Jorge Rodríguez, presidente de la ilegítima Asamblea Nacional, designado por su hermana Delcy, presidenta interina. Un reto que solo puede ser útil si los negociadores entienden que deben definir de manera urgente las bases de una transición que permita, cuanto antes, que se celebren elecciones libres y transparentes; que designen nuevas autoridades institucionales del Poder Electoral y del Poder Judicial; que eviten el fraude de los últimos procesos; que permitan el regreso de María Corina Machado, dirigente opositora que cuenta con el máximo respaldo popular; que pongan en libertad a todos los presos políticos; que permitan el retorno de los exiliados; que aseguren la libertad de expresión, y que se cumpla el respeto efectivo de la Constitución y de los Acuerdos Internacionales vigentes.
Solo así, Venezuela podrá enrumbarse a un destino mejor para sus ciudadanos.
