Columna Brújula Digital, 20.11.2023 Javier Viscarra Valdivia, periodista, abogado y exdiplomático boliviano
Han transcurrido cuatro días desde que se conociera la noticia de la participación de Bolivia en una demanda ante la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La Haya, Países Bajos, en relación a la situación que vive Palestina, específicamente en la Franja de Gaza. No obstante, el Gobierno no ha emitido ninguna explicación al respecto, ni desde el aparato central ni desde la embajada en Países Bajos. Sorprendentemente, no existe una acción coordinada desde la Cancillería.
La canciller interina, Marianela Prada, el domingo último, en una publicación en el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores, reafirmó el apoyo del gobierno del MAS a Palestina. No obstante, en un breve párrafo, casi como si fuera un tema secundario, mencionó que “Bolivia, en calidad de miembro de la Corte Penal Internacional (CPI), solicitó una investigación sobre los acontecimientos en la Franja de Gaza”.
Este asunto es más serio de lo que sugiere un simple párrafo sin mayores explicaciones. Se puede comprender la falta de relevancia otorgada por Prada al tema ya que ella no ostenta el cargo de canciller titular y carece de experiencia para comprender la magnitud que representa una demanda ante la CPI.
De acuerdo con la declaración pública del pasado viernes, el fiscal de la CPI, Karim Asad Ahmad Khan, ha recibido una remisión conjunta presentada por Bolivia y otros cuatro países: Comoras, Yibuti, Sudáfrica y Bangladesh.
Este procedimiento es conforme al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el cual permite que cualquier Estado parte presente una demanda si considera que se han cometido crímenes de competencia de la Corte en una situación específica.
En esta inusual colaboración jurídica, los cinco nuevos aliados en la defensa de la justicia han debido coordinar los términos de la demanda. Es necesario suponer, por ejemplo, que Bolivia ha establecido una particular relación con Comoras, un país diminuto en el sureste de África compuesto por tres islas que no superan los 2.000 kilómetros cuadrados de extensión.
En esta colaboración singular con Comoras para llevar a juicio a Israel ante la Corte Penal Internacional se han tenido que coordinar los términos de la presentación de la remisión ante la CPI. No se tiene certeza si estas conversaciones se realizaron en suajili, el idioma más hablado en ese país, o en otro de uso común.
Cabe destacar que Comoras, con una fuerte influencia musulmana, no es ajeno a los procesos en la CPI. En 2013, este país insular presentó una demanda por el ataque de Israel en 2010 a una flota de ayuda humanitaria dirigida a la Franja de Gaza. Sin embargo, un año después de la presentación de la denuncia, el fiscal de la CPI en ese momento determinó que, aunque los hechos constituían crímenes de guerra, no cumplían con los requisitos de gravedad para ser llevados a la CPI.
El otro aliado sorpresivo de Bolivia es Yibuti, un país minúsculo en el Cuerno de África, con poco más de 23.000 kilómetros cuadrados de extensión y una población cercana al millón de personas. A pesar de la influencia árabe presente en Yibuti, este país ha mantenido relaciones cordiales con las naciones occidentales y no se tienen registros previos de acciones legales o acercamientos a la CPI.
El aliado más significativo en esta ofensiva legal es Sudáfrica y es probable que sea el eje articulador de esta iniciativa. Sudáfrica es uno de los miembros fundadores del BRICS, bloque que, hasta ahora, ha rechazado la membresía de Bolivia, opacando la relevancia de la participación del presidente Luis Arce en la XV cumbre del bloque, celebrada en agosto en Johannesburgo.
Por último, el quinto aliado de este variopinto grupo que ha optado por apuntar legalmente a Israel por la desmedida reacción contra Gaza es Bangladesh, que tampoco tiene un historial conocido en este tipo de acciones.
Surgen preguntas: ¿qué equipo legal está respaldando la participación boliviana en este grupo? ¿Cómo se están costeando estos servicios? ¿Se trata de juristas locales, quienes en el caso de Bolivia han debido trabajar en secreto en la remisión? Si estas interrogantes y especulaciones carecen de sentido, cabe entonces cuestionar ¿participamos únicamente firmando la remisión (referral)?
De todas formas, esta petición grupal no es la primera ante la Corte Penal Internacional. En 2022, un grupo de 38 países solicitó investigar la situación en Ucrania. Asimismo, en 2019, el Grupo de Lima, que ha variado su orientación varias veces debido a los vaivenes políticos de los países miembros, también solicitó a la CPI investigar el caso de Venezuela por la situación humanitaria, la violencia criminal del régimen de Nicolás Maduro contra la población civil y la denegación de acceso a la asistencia internacional, hechos que constituyen crímenes de lesa humanidad.
En el caso actual que involucra a Bolivia en la remisión, la CPI ha informado que la oficina del fiscal Khan ya ha iniciado una investigación sobre la situación en el Estado de Palestina. Según la publicación, esta investigación comenzó el 3 de marzo de 2021 y “abarca actos que podrían constituir crímenes conforme al Estatuto de Roma cometidos desde el 13 de junio de 2014 en Gaza y Cisjordania, incluyendo Jerusalén Oriental. La investigación se extiende a la escalada de hostilidades y violencia desde los ataques ocurridos el 7 de octubre de 2023”.
Es fundamental comprender que la fiscalía de la CPI puede iniciar investigaciones de oficio, pero estas deben pasar por un procedimiento preliminar que convenza a los tres jueces de la Corte para autorizar la investigación. Por lo tanto, la petición de Bolivia y los otros cuatro países podría acelerar este procedimiento.
La ausencia de una explicación sobre las condiciones de la participación boliviana, los costos que esto acarreará para el Estado, y los beneficios de formar parte de esta iniciativa legal internacional, deben ser presentados al país en el marco de una supuesta diplomacia de los pueblos. Por el momento, el silencio resulta inquietante y solo reafirma la falta de seriedad en la gestión de nuestras relaciones internacionales.
