Columna ExAnte, 14.01.2024 Paz Zárate, abogada internacionalista
La primera quincena de 2024 se siente como si fueran meses en materia internacional. En Medio Oriente, el potencial de tener un polvorín regional crece rápidamente. Sólo en el Mar Rojo existen varios focos de tensión: en Sudán, una limpieza étnica ha gatillado la mayor crisis mundial de desplazamiento humano; en Etiopía y Somalia, se está gestando una guerra sobre el acceso al mar del primero, hoy sin costa; y en Yemen, después de una década de guerra civil, una intervención militar estadounidense-británica esta semana intentó poner límite a los islamistas hutíes que -apoyados por Irán- impiden el paso por el canal de Suez.
Mientras tanto, en Ucrania la invasión rusa entra en su tercer año; entre China y Taiwán crece la fricción; Ecuador ha entrado en una guerra sin cuartel contra el narco; y en Panamá la gran sequía del Canal a raíz del cambio climático está obligando a trasladar carga por tierra, golpeando la economía mundial.
Cada uno de estos temas merece análisis, pero el primero del año hay que dedicarlo a la guerra Hamas vs. Israel. 2024 comenzó con la noticia que, ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), Israel ha sido acusado por Sudáfrica de genocidio (un ilícito muy específico, distinto a los crímenes de guerra y de lesa humanidad). Como Sudáfrica solicitó medidas provisionales en el caso, ambos países alegaron esta semana en audiencias públicas.
Al tratarse de uno de los casos más importantes de la historia de la Corte, ciertos Estados han expresado apoyo a alguna de las partes e intención de intervenir en la etapa de fondo; mientras que otros -incluyendo países de fuerte raigambre en derechos humanos como Canadá, Irlanda y Francia– han señalado que valoran el rol de la CIJ, pero que no se involucrarán en el juicio.
Es importante mencionar que fuera de este caso Sudáfrica vs Israel, existen dos procedimientos legales internacionales más que involucran el conflicto. Hay un segundo caso ante la CIJ (Opinión consultiva sobre los efectos legales de la ocupación israelí en Palestina), donde el 19 de febrero habrá alegatos. Adicionalmente, existe una investigación de Fiscalía de la Corte Penal Internacional (que se ocupa de la responsabilidad de individuos, no de países), abierta desde marzo de 2021, y que cubre toda la escalada actual en la zona.
¿Vale la pena que en Chile entendamos esta arista legal del conflicto? La respuesta es sí. Porque en el aspecto jurídico de esta disputa, la más intrincada de nuestro tiempo, el gobierno de Chile decidió intervenir. Veamos los detalles.
La Embajadora ante la ONU y ex precandidata presidencial Paula Narváez anunció el martes pasado que Chile:
“presentará la remisión de la situación en Palestina a la fiscalía de la Corte Penal Internacional para que se investiguen los crímenes que se cometen en los territorios palestinos ocupados”.
Sin embargo, como se advierte a primera vista, el anuncio chileno no tendrá efecto (Fiscalía CPI ya investiga); y además evidenció sesgo, pues mientras Fiscalía subraya constantemente que investiga conductas de ambos lados, Narváez sólo pidió que se investiguen los crímenes en Palestina y no los cometidos por Hamás en Israel. El anuncio de Narváez, además, parece copia del de Sudáfrica, Bangladesh, Bolivia, Comoros y Djibouti, países que en noviembre pasado anunciaron también una remisión a Fiscalía CPI sólo sobre la situación en territorios ocupados; y que tuvo mismo efecto nulo en la práctica, porque la investigación ya existe.
Hay que observar que estos mismos países, en Sudáfrica vs Israel, apoyan a Sudáfrica y posiblemente intervengan directamente en la etapa de fondo. En ese mismo sentido se han expresado en nuestra región Nicaragua, Venezuela, Cuba, Colombia y Brasil. Parece lógico pensar que éstos han pedido a Chile unirse al grupo. Por ahora, nuestra Cancillería señaló el jueves pasado que sigue con alto interés el caso, valora particularmente la solicitud de medidas provisionales y analiza pasos a seguir en lo relativo a la intervención en etapa de fondo. La presentación de escrito y alegato chileno ante la CIJ en Sudáfrica vs Israel parece entonces probable.
Ahora bien, en el segundo caso CIJ sobre el conflicto (Opinión Consultiva sobre efectos legales de la ocupación israelí), Chile hará un alegato el próximo 19 de febrero. Curiosamente, esto no ha sido objeto de ningún anuncio del gobierno, aunque la decisión de destinar recursos a ello se tomó hace rato: del sitio web de la Corte se deduce que Chile presentó escritos al respecto en julio y octubre de 2023.
Es notable que esta semana el Gobierno, como reacción a preguntas de prensa, haya admitido que estas gestiones para alegato ante La Haya se han hecho sin informar al Congreso ni al Consejo de Política Exterior, ni siquiera de modo reservado. Respondiendo a un medio, Cancillería agregó que la labor se encargó a Ximena Fuentes (exagente ante La Haya en casos con Bolivia) y señaló que no necesita informar a nadie de estas gestiones judiciales, con una justificación que agrava la falta (absurda comparación con gestiones de rango muchísimo menor).
La decisión de intervenir de algún modo en tres procedimientos legales internacionales que conciernen el conflicto Israel-Palestina, el más complejo de nuestros tiempos, debería ser expresión de una política de Estado. Pero La Moneda, en su torpeza, no sólo no intenta concordar una estrategia que tuviera apoyo transversal, tratándose de un tema clave a nivel global; sino que ni siquiera informa por deferencia a los otros poderes del Estado. Por más que la conducción de las relaciones internacionales le corresponde al Ejecutivo, las presentaciones en los más altos foros jurídicos a nivel global comprometen al Estado de Chile; no a la administración Boric.
Las implicancias de esta forma de abordar asuntos de Estado como si fueran expresión de una visión personal son graves, y van más allá de la evaluación que se tenga respecto de la conveniencia de actuar respecto al caso concreto, y los posibles riesgos, beneficios y costos de las posibles gestiones. Es inconcebible que ni siquiera los órganos consultivos creados por Ley al efecto (como el Consejo de Política Exterior) desconozcan enteramente la estrategia del Gobierno para representar al Estado en la más alta tribuna jurídica a nivel global – si es que la hay.
Haciendo memoria, durante la campaña presidencial el candidato Boric y sus voceros insistían denodadamente en calificar la política exterior nacional como poco transparente y democrática, no suficientemente socializada con el pueblo. Es una lástima ver a su administración caer en la falla que acusaban, manifestando una vez más que confunden lo personal y lo estatal: L’ Etat, c’est moi (“El Estado soy yo”).
La representación internacional del Estado al más alto nivel, al ser tratada como una decisión únicamente personal, sin oír el parecer de nadie, expresará la visión personal del presidente de la República. Pero no la de nuestro país. Se trata de una grave falla en el manejo de asuntos de Estado, pero aún podría corregirse.
Ojalá se haga.
