Artículo Ex Ante, 05.06.2024 Alexandra Chechilnitzky
Tarek William Saab, jefe del Ministerio Público y hombre fuerte del régimen de Maduro, dijo este miércoles que existen agentes chilenos detrás del crimen del ex teniente Ronald Ojeda, realizó una dura crítica al Ministerio Público y rechazó extraditar a los presuntos autores del plagio. Al interior del gobierno se dio un debate de cómo enfrentar la ofensiva. Todo apunta a que la línea que se impuso fue la del canciller van Klaveren, donde se parte de la hipótesis de que se deben dosificar otros conflictos que se pronostican con el régimen, como la elección presidencial del 28 de julio. En La Moneda existe la convicción de que los dichos de Saab apuntan a desacreditar el caso de Ojeda y su móvil político, lo que incluye la reciente visita de fiscales venezolanos a Chile que no fueron recibidos por Ángel Valencia.
Panorama general. A Tarek William Saab, jefe del Ministerio Público venezolano, se le considera un hombre fuerte del régimen de Maduro. Su larga carrera política siempre estuvo vinculada a Hugo Chávez y ha sido sancionado por EEUU, Canadá y la UE por socavar la democracia. Se trata de un fiscal que recibe órdenes de una administración en que no existen elecciones libres y donde el Poder Judicial está capturado por el chavismo. Quizás la mayor prueba de ello es que fue él quien vinculó a la líder opositora Corina Machado a “acciones desestabilizadoras”, ante lo cual ella lo tildó como el “fiscal del terror”.
Este miércoles Saab fue el rostro de la mayor ofensiva del régimen en contra de Chile desde el secuestro y posterior crimen del ex teniente Ronald Ojeda, en febrero, al señalar que en la operación hubo agentes chilenos (lo que en clave política se traduce como agentes del Estado) y realizar una dura crítica al Ministerio Público por no facilitar información de los sospechosos.
Pero, más complejo aún, rechazó extraditar a los presuntos autores del plagio de Ojeda por tratarse según él de una prohibición constitucional.
El canciller y la presión por romper relaciones diplomáticas. Este último punto fue rebatido horas después por el canciller Alberto van Klaveren, quien a través de una declaración grabada y sin preguntas rechazó los dichos de Saab y demandó que “estos delincuentes que se encuentran en territorio venezolano sean detenidos”. El ministro, sin embargo, descartó romper relaciones diplomáticas, como solicitaron durante la jornada parlamentarios de oposición y también del oficialismo.
“Los cursos de acción diplomáticos siempre están en evaluación, y agotaremos todas las instancias para aclarar este horrible crimen”, indicó el canciller, quien sostuvo que los dichos del fiscal eran inaceptables, pero que no sorprendían.
Trasfondo. En efecto, nadie espera en el gobierno que el régimen colabore para esclarecer el caso, aunque siempre se ha resentido la falta de información desde Venezuela. El presunto líder del plagio Walter de Jesús Rodríguez Pérez —hoy prófugo, al igual que otros sospechosos— trabajó para el régimen de Maduro y el fiscal Héctor Barros indicó en abril que su secuestro y homicidio de Ojeda se solicitó desde Venezuela y que el único móvil que quedaba en pie era el político.
La pregunta entonces es por qué La Moneda optó por no escalar la controversia si hace solo dos meses llamó a informar al embajador en Caracas Jaime Gazmuri luego de que el régimen no reconociera la existencia del Tren de Aragua (y envió una nota de protesta a Argentina porque una ministra de Milei mencionó que Hezbollah se había visto en Iquique).
En principio se especuló que el Gobierno puso sobre la balanza la idea de no agudizar el conflicto abierto que tiene con el PC a partir del caso Jadue, dado que el partido ha respaldado a Maduro. Esa tesis se fue desinflando, como aparentemente también el respaldo de la colectividad a Venezuela por el curso judicial que ha tomado el caso.
Altas fuentes de La Moneda señalan que van Klaveren jugó un importante rol en el debate que se dio al interior del Gobierno respecto a las líneas de acción a adoptar tras los dichos del fiscal venezolano. La tesis que se impuso, señalan en el gobierno, apunta a dosificar otros choques que se esperan con Venezuela.
Uno de los principales conflictos que se pronostican tiene que ver con lo que ocurra en las elecciones del 28 de julio, donde es inviable que Maduro no se reelija, aunque está por verse la reacción de la comunidad internacional y de Naciones Unidas respecto a lo que suceda ese día. Boric está atento a aquello, señalan en el oficialismo.
Como sea, en La Moneda existe certeza de que la ofensiva del fiscal fue una notificación del rumbo que tomará desde ahora el régimen, la más agresiva desde que estalló el caso. En febrero, Diosdado Cabello -hombre fuerte de Maduro- rechazó que el régimen tuviera relación con el crimen. Dos meses después dijo que “de aquí nosotros echamos al Tren de Aragua”. En abril, tras el llamado a consultas al embajador Gazmuri, Maduro expuso su voluntad de colaborar en el caso, aunque no reconoció siquiera la existencia del Tren de Aragua.
Las razones de Maduro. La otra interrogante apunta a las razones de Maduro para lanzar ahora, a menos de dos meses de la elección, la mayor ofensiva contra Chile. En La Moneda existe la convicción de que el régimen quiere salir a desacreditar con fuerza el caso de Ronald Ojeda y echar por tierra el que tenga un móvil político, a partir del rol disidente del exteniente y la ofensiva de su familia ante la Corte Penal Internacional.
A fines de mayo el fiscal nacional Ángel Valencia rechazó reunirse con la delegación de fiscales venezolanos que viajaron a Chile por el crimen de Ojeda. Entre ellos se encontraba Ángel Fuenmayor, director general contra Delitos Comunes. Demás está decir que su presencia -y el cargo que ocupa- fue leído en círculos judiciales como una clara señal del chavismo de lo que existía detrás de esta operación.