El Acuerdo de Escazú: Un mal negocio para Chile

Columna
El Pais Online, 20.09.2020 (reedición)
Enrique Subercaseaux, exdiplomático y director (Fundación Voz Nacional)

Ha renacido la urgencia, por parte de la izquierda chilena, de ratificar el Acuerdo de Escazú. Para la ratificación, el ejecutivo debe enviar al legislativo el documento para su discusión y posterior ratificación. Vamos por parte.

Este acuerdo, influido por el progresismo regional, que nos ha llenado de organismos que están dominados por ellos mismos, y que solo han servido para crear una industria paralela, obstruye el progreso, bloquea los proyectos económicos, y, en una última instancia, persigue a los rivales políticos.

En este caso concreto, el Acuerdo busca, bajo el paraguas loable que el derecho a “vivir en un ambiente sano y contar con un desarrollo sostenible”, que los derechos humanos, y la transparencia informativa se inmiscuyan, (aún más de lo que lo están), en los procesos económicos y de desarrollo medioambiental. Se busca judicializar los procesos y crear una nueva industria, aun no bautizada, pero que tendrá que ver con “los derechos humanos ambientales”.

Una nueva industria, similar a la derivada del Convenio 169 de la OIT y la maraña de cortapisas de tribunales medioambientales que busca obstruir y trabar inversiones y decisiones que son importantes, e imprescindibles, para nuestro desarrollo como país.

De un universo de 33 países que existen en la región, participaron solo 24 en la negociación del Acuerdo.  Entre los que no participaron, destacan Cuba y Venezuela, dos países no solo comunistas (con apellido, en cada caso) sino que no tienen una sola política económica positiva a su haber. Ni un solo logro en el proceso de desarrollo de sus países, y que pretenden exportar su “revolución” esta vez a la fuerza usando la modalidad del narcoterrorismo.

Evidentemente, ellos son los que inspiran las mentes (febriles) de todo el progresismo regional, graficado como los herederos del Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla.

A los 24 países negociadores, se añadieron 3 más que fueron firmantes. Pero de estos, solo 10 han ratificado, necesitándose 1 más para que el Acuerdo entre en vigor.

Chile junto a otros países que son potencias agrícolas regionales no han firmado: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, México, Paraguay y Perú. Uruguay ratifico durante el gobierno anterior, pero me imagino que la actual verá la manera de zafarse.

Visto lo visto en la región, es natural que los países más avanzados en temas agrícolas se resistan a ratificar un Acuerdo que será lesivo para sus intereses, y llevará a una judicialización y entorpecimiento de un área de la economía que impacta fuertemente en el trabajo de millones de personas, y el bienestar y desarrollo de naciones completas.

Claramente no se puede evaluar la calidad de un Acuerdo que aún no entra en vigor, pero baste entender que este, al alero de la CEPAL, no tiene mucho de bueno que concretar.

La misma CEPAL ha sido el organismo regional que ha introducido la ideologización dentro de temas de desarrollo económico, entrabando modernizaciones, emprendimiento y el desarrollo que todos anhelan.

Es más, la CEPAL no tiene una sola política pública que haya impulsado y que haya sido beneficiosa o positiva. Un triste récord, que hacer prever los nefastos resultados de este Acuerdo, su última iniciativa.

En un escenario como el actual, donde la recesión que se avecina será la mayor crisis económica de los últimos 50 años en la región, está claro que las sociedades no están para aventuras ideológicas.

El BID se salvó de las garras del progresismo regional en su muy reciente elección.  Es de esperar que este Acuerdo no vea la luz ya que, sin dudas ni equívocos, no hará más que deprimir las economías regionales, el progreso de sus gentes y la perspectiva de recuperación postpandemia.

Y, por último, arruinar la agricultura de Chile, que es uno de los corazones de las tradiciones sociales y el Alma del país.

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