Columna El Líbero, 16.04.2024 Jorge G. Guzmán, abogado, exdiplomático e investigador (U. Autónoma)
Recursos naturales y mesianismo ambientalista
En diciembre el gobierno envío al Congreso un proyecto de “nueva ley de pesca” que la Cámara de Diputados ya puso a discusión para avanzar hacia un texto que reemplace a la controvertida Ley 18.892 (“ley Longueira” o “ley de las siete familias”).
En tanto corresponde a una de las “promesas de campaña” del gobierno, grupos ambientalistas verán en esta discusión la oportunidad para imponer un modelo ideológico que -en lo concerniente al área al sur de Chiloé- recuerda aquel “manifiesto” del criminal norteamericano “unabomber”, “padre” del “ambientalismo salvaje”.
Desde esa óptica, mientras en lo concerniente a los territorios entre Tarapacá a Los Lagos la discusión presumiblemente se centrará en un sistema de evaluación de biomasas, cuotas y la relación entre el sector artesanal y la pesca industrial, al sur del archipiélago chilote el ambientalismo intentará “terminar de derrotar” a la industria salmonera y, por extensión, restringir la pesca de alta mar. Si ello ocurre, se destruirían miles de ingresos familiares.
En nuestro sur austral el relato ambientalista pretende imponer una acepción extrapolada del “principio precautorio” para que “las sociedades se adapten a los ecosistemas, y no viceversa”: el costo ambiental de cualquier actividad humana debe ser “cercana a cero”.
En las últimas décadas en Chiloé, Aysén y Magallanes observamos cómo ese mesianismo instrumentalizó a comunidades que ahora reclaman “descendencia directa de pueblos originarios”, literalmente “rescatados de la extinción” a la que el indigenismo del siglo XX les había relegado. Instigadas por funcionarios fiscales y magnates extranjeros, algunos pocos chilenos reclaman la “devolución” de miles de kilómetros de lo que sus “auspiciadores” llaman “maritorio”. Alegan cierta “pureza de sangre”, un argumento política y legalmente racista que -al amparo de una interpretación sesgada de la llamada Ley Lafkenche (Ley 20.249)- está al servicio del ambientalismo salvaje extranjero.
¿Se imagina usted que una “fundación” de Punta Arenas exija al gobierno de los Países Bajos “devolver al planeta” miles de hectáreas de pólderes, esto es, terrenos “quitados al Mar del Norte” en donde, incluso, se sitúa Ámsterdam? ¿O que esa misma “ONG chilena” pida al Estado norteamericano de Washington declarar al Seno de Puget “área protegida”, y devolver su borde costero -Seattle incluido- a las comunidades indígenas que antes habitaron ese territorio? ¿Qué dirían Boeing y su lobby en Washington?
Metástasis ambientalista en el Estado centralista
Desde las administraciones “Bachelet 1” y “Piñera 1”, el relato ambientalista se extendió como metástasis al interior de servicios públicos con competencias en la implementación de la normativa sobre pesca y acuicultura y, también, en la burocracia responsable de la normativa para nuestras pesquerías antárticas y subantárticas.
El método fue aquel de las “áreas protegidas” en forma de parques y reservas marinas que, según Sernapesca, en total gobiernan nada menos que 1.500.000 kms2, una superficie equivalente a dos veces Chile continental. El núcleo de “áreas” se concentra en el sur-austral, en donde más del 50% del borde costero está condicionado para el uso de los chilenos que les habitamos.
Se trata de un ejemplo paradigmático del centralismo criollo que, de forma inconsulta, dispuso de geografías que conoce de “forma remota”, sucumbiendo ante el lobby de ONG extranjeras y funcionarios snobs conversos a las “reuniones internacionales”.
Es, por ejemplo, el caso de los dineros que el The Pew Charitable Trust (Estados Unidos) pudo haber transferido a CONAF (Ministerio de Agricultura) a través de la Universidad Austral (universidad estatal en crítico estado financiero) para “la administración de la Reserva Nacional Kaweskar (28 mil kms2 al norte de Puerto Natales). Está por verse si esta situación ameritará, o no, la atención de la Fiscalía y/o de la Contraloría.
También el caso del llamado “Parque Marino Paso Drake-Cabo de Hornos” (140.200 kms) que aplicando una suerte de “principio bioceánico argentino” parece renunciar a nuestra plataforma continental (y sus recursos) al oriente del (mal llamado) “meridiano del cabo de Hornos. Error tipo
Mientras en el caso de la Reserva Kawescar el lobby ambientalista aspira a expulsar a la salmonicultura (que asegura miles de empleos), con el Parque Marino cabo de Hornos el dogmatismo ambiental pretendió limitar las actividades de los pescadores magallánicos. No obstante, lo dispuesto en el Estatuto (ley) Antártico, estos fueron marginados de los comités nacionales que deben contribuir a los reglamentos de esa ley.
La “política exterior turquesa” suspendió el diálogo con actores privados a través de los que Chile hace “uso y ocupación” de sus territorios polares y subpolares, exteriorizando desdén por actividades legítimas y reguladas que proporcionan empleos, tributan al Fisco y aportan al PIB. Muchos sospechan que a la Cancillería la seduce la idea de un “país de las ONG al Sur de Chiloé”, y una “Antártica patrimonio común de la humanidad”.
Mientras el aporte al PIB de cualquier ONG que clama el fin de la salmonicultura y de la pesca austral “es igual a cero”, llama la atención el silencio de las mismas frente a la depredación de flotas chinas de cientos de buques, que anualmente, faenan “más allá de la milla 200” frente a las costas de Chile, Argentina y las islas Falkland/Malvinas. Como en el caso de Huachipato versus “el acero chino”, el lobby de Beijing es exitoso impidiendo que la Cancillería y cualquier servicio manifieste “disgusto”, no obstante que el daño ambiental de dantescas proporciones.
Las comunidades locales y el ejemplo de Aysén
Un logro de la política de las últimas décadas se haya en materia de descentralización y traspaso de competencias y responsabilidades a los Gobiernos Regionales, por primera vez elegidos por sufragio universal.
Es en ese contexto en el que se registró el categórico rechazo de la comunidad aisenina a la exigencia de un reducidísimo grupo de chilenos de “ascendencia kawescar”, que exigía la cesión de más 600 mil hectáreas de canales y fiordos. Se supone, que para regresar a “prácticas ancestrales” (¿vivir desnudos, en frágiles canoas de troncos recorriendo fiordos, “sin internet”, sin asistencia -ni “bonos”- del Estado?).
El rechazo a esa exigencia por parte de la comunidad de Aysén comprobó que, consultada la gente de la Patagonia, esta no responde a lógica ambientalista. Para patagones y fueguinos resulta pretencioso que “gente del norte” quiera enseñarles a cuidar sus activos naturales. Nadie más interesado en la conservación de nuestro incalculable patrimonio ambiental que las propias gentes del austro. Para ellos el “paternalismo tipo John Wayne vis à vis el piel roja” no pasa de ser “una payasada”.
El ejemplo de Aysén debe constituir el paradigma con el que pobladores, gremios y sindicatos del austro se inspiren para defender sus intereses frente a lo que se adivina será una “compaña del terror” ambientalista. Es esperable que, con un discurso que recuerda al milenarismo del siglo IX, nos anuncien el inminente “fin del mundo”.
Patagones y fueguinos no deben permitir que ese sea el tono del debate de la nueva ley de pesca, y deben organizarse y exigir a sus parlamentarios que respondan a los intereses de quienes los eligieron, no al interés (ni el gusto estético) de burócratas esnobs y millonarios «afuerinos».
Las decisiones trascendentes sobre los usos del territorio no pueden quedar a disposición ni de las ONG, ni de la burocracia centralista. Deben ser adoptadas por el conjunto de las comunidades regionales, pues, como demuestra el ejemplo de Aysén, de allí surge “el verdadero sentir del pueblo”.
