Artículo Afkar/Ideas, N*51 (Otoño 2016) Julio de la Guardia
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El proceso de paz se encuentra estancado por la parálisis política e institucional palestina y por una diplomacia internacional incapaz de actuar frente a Israel.
Salvo que la administración Obama hiciera un gesto inesperado hacia los palestinos antes de abandonar la Casa Blanca –lo que parece improbable dado el creciente embrollo en el que se encuentra en Siria– éstos podrían verse condenados a aparcar sus aspiraciones de independencia y soberanía durante otra década más. Este diletantismo de la diplomacia estadounidense en relación con el proceso de paz en Oriente Próximo –fruto del fracaso de la moratoria en la construcción de asentamientos acordada en 2010 para facilitar las negociaciones bilaterales promovidas por la entonces secretaria de Estado, Hillary Clinton, y su enviado especial el exsenador George Mitchell, y de las negociaciones trilaterales llevadas a cabo entre 2013 y 2014 por iniciativa de su sucesor, John Kerry, pero también del contexto regional– ha permitido al gobierno israelí seguir adelante con su política de hechos consumados, así como postergar indefinidamente la proclamación del Estado palestino.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu –en el gobierno desde 2009, siendo ya el más políticamente longevo de la democracia israelí, solo después de David Ben Gurión, al que superará al final de esta legislatura– ha sabido aprovechar a la perfección las dinámicas creadas por las primaveras árabes –guerras civiles en Siria, Libia y Yemen, emergencia de Daesh, terrorismo en Europa, crisis de los refugiados– para suprimir temporalmente la cuestión palestina de la agenda internacional. Esto le ha permitido seguir construyendo nuevas colonias, carreteras e infraestructuras, además de asentando más colonos en Cisjordania y Jerusalén Oriental, de forma que el día que se vea obligado a dividir el territorio, el Estado palestino quede reducido a la última potencia, tanto territorial como competencial.
A estos factores se une la profunda parálisis política e institucional en la que se encuentran sumidos los Territorios Palestinos desde junio de 2014, cuando, poco después de que Al Fatah y Hamás lograran consensuar un acuerdo de reconciliación nacional y un gobierno de unidad formado por tecnócratas, tuviera lugar el secuestro y asesinato de tres jóvenes israelíes en las inmediaciones de Hebrón y la puesta en marcha de la subsiguiente operación “Margen Protector” contra la Franja de Gaza durante julio y agosto. Más de dos años después de que terminara esta “tercera guerra de Gaza” ninguno de los objetivos negociados por los partidos palestinos en las conversaciones de El Cairo se ha visto cumplido –apertura regular de los puestos fronterizos, reapertura del aeropuerto, construcción de un puerto de mar, ampliación de la zona de pesca hasta los límites alcanzados durante el proceso de Oslo– mientras la situación en la Franja de Gaza no ha dejado de deteriorarse (45% de tasa de desempleo, 80% de la población depende de la ayuda humanitaria). Una situación de crisis en todos los órdenes que requiere imperiosamente soluciones por parte de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) y del conjunto de los partidos.
Elecciones municipales postergadas
En este contexto de parálisis política e institucional palestina –al que también ha contribuido la llamada “Intifada de los Cuchillos” ocurrida entre octubre de 2015 y marzo de 2016, coadyuvando a una mayor represión militar y policial israelí– el único elemento nuevo y dinamizador a la vista era las elecciones municipales que estaban previstas para el 8 de octubre. Unos comicios locales que fueron convocados en junio por el primer ministro, Rami Hamdallah, aparentemente bajo la premisa de que Hamás probablemente los boicotearía tal como hizo en los últimos celebrados en 2012. Pero en julio, el movimiento islamista sorprendió a todos anunciando que no solo participaría en Cisjordania, sino que también permitiría su celebración en la Franja de Gaza, en la que gobierna desde junio 2007.
Según los últimos sondeos, la intención de voto estaba muy dividida y todo apuntaba a que tendría lugar un importante reparto de alcaldes y concejales entre los diferentes partidos dentro de las 416 corporaciones locales (391 en Cisjordania y 25 en la Franja de Gaza) en las que se iban a celebrar las elecciones. Así, Al Fatah conservaría su hegemonía en la Cisjordania rural (en la que la mayoría de los ciudadanos que viven en las Áreas B y C la asocian con la provisión de servicios públicos que reciben por parte de la ANP), mientras que iba a tener problemas para mantener algunas de las principales ciudades autónomas (Áreas A). Por ejemplo, se estimaba que Hamás se impondría en Hebrón, que también lo pudiera hacer en Al Bireh (situada junto a Ramala) y que quizás hubiera podido ganar en Nablús (hay que tener en cuenta que Hebrón y Nablús son las dos ciudades cisjordanas más pobladas y prósperas económicamente). En cambio, los sondeos vaticinaban que Al Fatah podía haberse apuntado algún tanto en la Franja de Gaza, como por ejemplo las localidades de Khan Yunis y Rafah, tan importantes para la Franja como Hebrón y Nablús para Cisjordania. Luego quedaba por ver si el Frente de Izquierdas, formado por el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) y las otras cuatro formaciones de corte marxista, que se habían presentado en forma de coalición pre-electoral, habrían obtenido alguna alcaldía de peso, como por ejemplo la de Beit Hanun.
A fin de cuentas, una de las principales razones por las que Hamás decidió participar en los comicios fue precisamente la posibilidad de que la entrada de Al Fatah, de otros partidos o de candidatos independientes, en la gestión de algunas de las corporaciones locales de la Franja de Gaza posibilitara el acceso a la financiación internacional –que a Hamás le está negada en cumplimiento de las exigencias impuestas por Israel y por el Cuarteto para Oriente Próximo– que alivie la crisis humanitaria y permita la reconstrucción (los donantes apenas han desembolsado el 40% de los compromisos adquiridos en la Conferencia de Reconstrucción celebrada el 12 de octubre de 2014 en El Cairo).
Pero cuando la Junta Electoral Central había actualizado los censos, se habían registrado las candidaturas, las misiones de observación electoral estaban listas y se daba por hecho su celebración, un mes antes el Tribunal Supremo de la ANP emitió un dictamen posponiéndo las elecciones hasta nueva fecha. La justificación jurídica de los magistrados se centró en la detección de fallos procesales y en la imposibilidad de votar en Jerusalén Oriental. Un argumento un tanto peregrino, dado que en las ediciones anteriores, municipales que no presidenciales y legislativas, no se votó en este territorio en el que Israel ejerce la soberanía de facto. Cortinas de humo para encubrir que ambos partidos tienen miedo a perder terreno y cuotas de poder –especialmente Al Fatah– y se encuentran más cómodos manteniendo el actual statu quo.
Iniciativas diplomáticas internacionales
Dada la cancelación de los comicios locales de otoño, la única novedad podría venir por la puesta en marcha de alguna de las varias iniciativas diplomáticas que se encuentran sobre la mesa, entre las que destaca la francesa. Así, en junio, los ministros de Asuntos Exteriores de 26 países, más representantes de Naciones Unidas, de la Liga Árabe y de la Unión Europea se dieron cita en París para intentar relanzar el proceso de paz que descarriló con el comienzo de la segunda Intifada. La conocida como “iniciativa francesa de paz” pretende lograr para finales de este año lo que la administración Obama no pudo durante nueve meses de infructuosa mediación entre las partes durante 2013 y 2014. En esta fase, su secretario de Estado, Kerry, realizó varias visitas a Jerusalén y a Ramala y desplegó todo un equipo de expertos que actualizaron los llamados “parámetros Clinton”, presentando un compendio de propuestas que pronto quedaron archivadas.
La Alta Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la UE, Federica Mogherini, ha advertido repetidamente de la imperiosa necesidad de dar pasos en este sentido, antes de que la realidad sobre el terreno impida de facto la solución de dos Estados. Pero el gobierno israelí sigue insistiendo en que no va a aceptar la imposición de condiciones o de plazos por parte de la comunidad internacional. El director general de su Ministerio de Asuntos Exteriores e íntimo colaborador de Netanyahu, Dore Gold, llegó incluso a descalificarla como “un nuevo acuerdo Sykes-Picot”, coincidiendo con el cumplimiento del centenario del plan franco-británico para la división de Oriente Próximo. Netanyahu, por su parte, ha mostrado sus preferencias por otra iniciativa regional liderada por Egipto, basada en la iniciativa de paz árabe de 2002 –que posteriormente fue rebautizada como iniciativa saudí tras la involucración activa de Riad– con la aparente intención de boicotear la francesa. En las últimas semanas, sus asesores han dejado entrever que incluso podría estar interesado en acudir a la llamada del presidente ruso, Vladimir Putin, para mantener un encuentro directo con el presidente palestino, Mahmud Abbas, aunque no estén claros cuáles serían ni la metodología ni los objetivos de dicha reunión moscovita.
Abbas, en cambio, se ha mostrado totalmente dispuesto a sumarse a la iniciativa francesa, dentro de su estrategia de internacionalización del conflicto que puso en marcha a finales de 2011 ante la Asamblea General de la ONU y que le permitió convertirse en Estado observador, adherirse a agencias especializadas como la Unesco, firmar el Protocolo de Roma e ingresar en la Corte Penal Internacional. El secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Saeb Erekat, insiste en que ésta es la única vía posible para poner coto a la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Oriental, donde el número de colonos se ha cuadruplicado desde la firma de la Declaración de Principios de 1993 que dio comienzo al proceso de Oslo. El excoordinador del equipo negociador de Kerry y exembajador de EE UU ante Israel y Egipto, Martin Indyk, ha rebajado mucho las expectativas creadas por la iniciativa francesa, pero también ha resaltado su virtud de mantener viva la esperanza de resolver el conflicto –y no solo de gestionarlo– en un momento en el que la cuestión palestina ha desaparecido completamente de la agenda internacional. Aunque también ha advertido de la conveniencia de que no imponga una solución externa, sino que facilite que sean las partes las que la encuentren en negociaciones bilaterales.
La cumbre de junio pareció contentar a los diferentes actores implicados. Al gobierno francés por demostrar capacidad para convocar una reunión internacional de envergadura y que ésta se celebrara sin incidentes, en vísperas de una Eurocopa de fútbol y un Tour ciclista en los que se preveían posibles atentados terroristas. Al israelí porque consiguió neutralizar el intento de incorporar un cronograma al proceso negociador y también evitar cualquier mención a las fronteras de 1967 como base de la negociación. E igualmente a la ANP, que logró la puesta en marcha de grupos de trabajo sectoriales –aunque estructurados en función de criterios diferentes a los del Estatuto Definitivo de Oslo– que han de presentar un compendio de recomendaciones ante la conferencia internacional de paz prevista para finales de este año en París. Si no es capaz de evitarlo, la celebración de la conferencia pondría a Netanyahu ante un importante dilema. De no acudir, se vería totalmente aislado a nivel internacional, tal como le ocurrió en Lausana con el acuerdo nuclear entre el G5+1 e Irán en julio de 2015. Y de hacerlo, provocaría probablemente una crisis de gobierno en la que sus principales socios de coalición, los derechistas del Hogar Judío de Naftali Bennet y del Israel Beitenu de Avigdor Lieberman, se saldrían del ejecutivo y le obligarían a formar un gobierno de unidad nacional incorporando a la Unión Sionista de Isaac Herzog y Tzipi Livni, o incluso a convocar nuevas elecciones.
Mientras la diplomacia francesa busca ganarse el apoyo de Obama –que como lame duck no tiene nada que perder y podría permitir la aprobación de una resolución del Consejo de Seguridad o trazar los parámetros finales del modelo de dos Estados en un discurso solemne ante la Asamblea General antes de dejar la Casa Blanca– y Netanyahu sigue haciendo sus cálculos gubernamentales y electorales, se han publicado dos importantes informes que trazan las directrices de un eventual acuerdo. Realizados por Comandantes por la Seguridad de Israel (CIS en su acrónimo en inglés) bajo el título Seguridad primero. Cambiando las reglas del juego y por el Centro para una Nueva Seguridad Americana (CNAS) titulado Un sistema de seguridad para la solución de dos Estados , plantean propuestas realistas que, por un lado, garantizan la seguridad de Israel y, por otro, las libertades de los palestinos.
La imperiosa sucesión de Abbas
Una de las últimas encuestas de opinión realizadas por el Palestinian Centre for Policy and Survey Research (PCPSR) que dirige el prestigioso demóscopo Jalil Shikaki, muestra que mientras el 50% de los palestinos apoya la iniciativa de paz francesa (con un 41% en contra), solo el 29% cree que tendrá éxito (con un 59% que da por hecho que fracasará). Otra de las principales conclusiones de este sondeo es que el 65% de la ciudadanía opina que el presidente Abbas se ha convertido en parte del problema y que debería dimitir para posibilitar la sucesión dentro de una triple cúpula directiva –en Al Fatah, en la OLP y en la ANP– atrofiada y corrupta (que se ha convertido en el principal arma arrojadiza de la que se aprovecha el ministro de Defensa israelí Lieberman para descalificarle y ponerle en evidencia en público cada vez que tiene ocasión, a pesar de haber demostrado ser igual de corrupto o más que el propio Abbas).
Según el mismo sondeo, si se celebraran elecciones legislativas, las ganaría Al Fatah que recibiría el 34% de los votos, frente a Hamás que se quedaría en el 31% y el resto de fuerzas acumularían un 9% (ahora bien, con un margen de indecisos del 26%). Pero si se celebraran comicios presidenciales, Abbas apenas obtendría el 43% frente al 48% del primer ministro de Hamás en la Franja de Gaza, Ismail Haniyeh. Y si el exsecretario general de Al Fatah en Cisjordania, Maruan Barguti –en la cárcel desde 2002– pudiera concurrir a las urnas, alteraría completamente los resultados al lograr el 40%, frente al 35% de Haniyeh y a un paupérrimo 20% de Abbas. Así las cosas, el presidente palestino, a sus 81 años, continúa taponando un proceso sucesorio imprescindible para la relegitimación de la clase política y de las instituciones palestinas.
Conscientes de la magnitud del problema, algunos altos dirigentes de la propia ANP, como el director del Servicio de Inteligencia General (Mujabarat), Mayed Farah, están intentando promover la excarcelación de Barguti a través de sus aliados en Washington (que a cambio podrían barajar la liberación del espía israelí en la Armada, Jonathan Pollard). Y en caso de no conseguirla, barajan la posibilidad de crear una dirección colegiada, una especie de triunvirato en el que diferentes personas ostenten las direcciones de Al Fatah, la OLP y la ANP, a las que también aspira el exresponsable del Servicio de Seguridad Preventiva (Aman Al Hukai) en Cisjordania y actual presidente del Comité Olímpico Palestino, Yibril Rayub. Quienes en todo caso parecen descartados de la carrera sucesoria son el ex-homólogo de Rayub en Gaza caído en desgracia frente a Abbas y exiliado en Emiratos Árabes Unidos desde 2011 Mohamed Dahlan, y el exprimer ministro Salam Fayad, por muchos apoyos de que dispongan entre la comunidad internacional (Dahlan en Abu Dabi y El Cairo, Fayad en Washington y Bruselas).
Al final se trata de una mezcla de legitimidad popular –algo de lo que han carecido tanto Abbas como Fayad y Hamdallah como máximos dirigentes de la ANP desde la muerte de Yaser Arafat– además de eficacia y transparencia en la gestión y de rendición de cuentas ante los ciudadanos –cualidades que en cambio no caracterizaron a Arafat. Así, éstas se convierten en condiciones sine qua non para que tenga lugar la creación de un nuevo liderazgo sólido y creíble capaz de volver a colocar la resolución de la cuestión palestina en la agenda internacional y de impulsar la proclamación de un Estado independiente antes de que la política de hechos consumados israelí conduzca inexorablemente a la creación de un Estado binacional, algo que la mayoría de los israelíes rechaza, pero que cada vez más palestinos comienzan a percibir como un mal menor en sus ansias por alcanzar la libertad.
