Columna Republica, 06.06.2023 Inocencio F. Arias, embajador (r) y columnista español
La grave voladura de una gran presa (Kajovka) en las proximidades de la ciudad ucraniana de Jersón pone de nuevo sobre el tapete el eventual castigo de Putin como criminal de guerra.
Aclaremos que tanto Kiev como Moscú se acusan mutuamente de haber causado la catástrofe que va a producir la evacuación de unas treinta mil personas y causar inmensos daños humanos, económicos y medioambientales. No es posible en los primeros momentos conocer con precisión la autoría. La impresión inicial es que la explosión beneficia más a Rusia. Se frena la ofensiva ucraniana, razón de mucho peso al hacer impracticable el terreno, y se crean problemas a la potabilidad de amplias comunidades de la región. El Kremlin, de su lado, alega que la explosión no sólo causa problemas al ejército ruso, sino que pone en peligro el suministro de agua de toda la zona de Crimea que Rusia anexionó hace nueve años. Llevar el agua a esa ciudad cuesta a Moscú enormes cantidades de Moscú y si nivel de la presa bajara de 16'4 metros a 12'70 el problema se agravaría enormemente.
Líderes occidentales como Borrell y, más significativo aún, el alemán Scholz apuntan indirecta pero claramente a Putin: “corresponde al modo en que Putin hacer la guerra”, ha afirmado el canciller teutón.
Si se estableciera de forma meridiana la culpabilidad rusa, algo que no será fácil, aumentarán las voces que piden que el líder ruso sea condenado como criminal de guerra. El Tribunal Penal internacional ya lanzó hace unos tres meses una orden de arresto de Putin acusándolo de deportar miles de niños ucranianos algo que está penado en la Convención de Ginebra.
La acusación tiene, con todo, algo de un brindis al sol. De un lado, Rusia, como China o Estados Unidos, no ha ratificado el estatuto de citado Tribunal. De otro, Rusia no es un mindungui. Es una de las dos potencias militares mayores del mundo y es difícil imaginar que visitando Putin un país determinado las autoridades de este lo detengan y lo entregan el Tribunal de La Haya, arriesgando una guerra con Rusia. Los países que han firmado y ratificado el estatuto deben cooperar con el Tribunal, pero no parece que tengan las agallas para arrestar al jefe del estado de una gran potencia. Ya hay un precedente nefasto: hace pocos años el gobierno de África del Sur se negó a detener en su territorio al presidente sudanés Omar El-Bachir, condenado por crímenes contra la humanidad en la región de Darfour. Varios países africanos se solidarizaron con Pretoria alegando el Tribunal aplicaba dos pesos y dos medidas porque no había perseguido a Bush por la guerra de Irak.
El momento actual es problemático para un Tribunal en el que se habían depositado considerables esperanzas. Si Putin escapa sin ningún rasguño, después de lo ocurrido en Ucrania, ataques a escuelas y hospitales, fusilamiento de civiles, secuestros, violaciones…, más aún si se demuestra que sus militares han hecho estallar la presa, el prestigio del Tribunal sufrirá otro golpe no baladí. Si, contrariamente, los jueces siguen con el proceso pueden radicalizar las posiciones políticas en el conflicto ucraniano con consecuencias imprevisibles. Mal dilema.
Lo que sí es cierto es que por poco que crezcan los indicios de la autoría rusa, si es que crecen, el odio de los ucranianos por la antigua nación hermana aumentará espectacularmente y la ayuda occidental, ante la barbarie, tomará un nuevo impulso.
