Columna El Líbero, 21.02.2026 Fernando Schmidt Ariztía, embajador ® y exsubsecretario de RREE
Esta semana Perú estrenó su noveno presidente en diez años, pero la marcha económica del país se mantuvo estable. Habrá que observar esta semana si el nuevo gobierno de izquierda, de escasos cinco meses de duración, querrá y será capaz de modificar temas fiscales e introducir reformas económicas según su credo. Por ahora, el mercado ha reaccionado con indiferencia a lo que ocurre en política: el dólar no se disparó, en parte gracias al eficiente trabajo del Banco Central de la Reserva del Perú (BCRP), pero también en virtud de los sólidos fundamentos macroeconómicos del país y la acumulación de reservas. También influyó que la salida del expresidente había sido asumida por el mercado y que el nuevo ciclo virtuoso de los precios de los commodities les da confianza a todos. En la bolsa de valores no hubo pánico.
Lo normal es que la inestabilidad política y la incertidumbre produzcan un fuerte nerviosismo entre los agentes económicos. Más aún en el caso del actual gobierno en Lima, calificado por El Comercio como “de izquierda radical, ideologizada y sin autocrítica”. Por ahora, con un horizonte de gobierno limitado en el tiempo y un mandatario que ya se reunió con el presidente del poderoso BCRP y promete evitar “llevar al país a una situación de ensayos económicos”, los mercados están en calma. Dan la impresión de que pueden convivir hasta el 20 de julio con el Palacio de Gobierno, fecha del cambio de mando. Igual como ocurría en Italia. Sin embargo, las semejanzas del caso peruano con las de ese país europeo son aparentes.
Incluyendo a Giorgia Meloni, que le ha dado estabilidad al país, Italia acumuló 74 gobiernos desde 1946, lo que no les impidió llegar a ser una de las diez economías más importantes del mundo. La clave estuvo en que preservaron una tecnocracia estatal eficiente, garantía de solidez de las políticas públicas, ante la cual los primeros ministros eran figuras circunstanciales. A eso se agregó una Jefatura del Estado y un Banco Central independientes, que le dieron estabilidad al país. A lo anterior se sumó un sistema económico descentralizado basado en cientos de miles de empresas familiares, ágiles, creativas, adaptables a toda circunstancia. Por último, les ayudó mucho el papel estratégico de Italia en el contexto de la guerra fría y años posteriores. Es decir, a pesar de su caos político, Italia logró convertirse en una economía desarrollada, confiada en su establishment burocrático y su dinamismo empresarial.
En Perú, el presidente es jefe de Estado y jefe de Gobierno, al contrario de Italia donde hay dos cargos y papeles constitucionales distintos para cada uno. El presidente del Consejo de Ministros peruano es una persona nombrada por el mandatario y responde a él, aunque requiere del Voto de Investidura (confianza) del Congreso para operar. Este hecho ilustra una de las diversas caras de la inestabilidad de los vecinos: un sistema constitucional de tipo presidencial infiltrado por la ambición parlamentaria que, además, se encuentra atomizada en 13 bancadas políticas inestables y un grupo de congresistas no agrupados. Esto es posible gracias a una Ley de Organizaciones Políticas que rebajó las exigencias para crear partidos. Hoy tienen 43 agrupaciones. De ellas, 38 son aptas para participar en las elecciones del 12 de abril de este año.
Con algunas excepciones como el BCRP; el Ministerio de Economía y Finanzas; la Superintendencia de Bancos, Seguros y AFP, o la Cancillería de Torre Tagle, la estabilidad en el aparato estatal capaz de tomar decisiones relevantes es limitada y la mayoría de las instituciones de prestigio están en el ámbito económico.
Para complicar el funcionamiento del Estado en su relación con la política, Carlos Escaffi, politólogo peruano, nos explicaba hace poco a los chilenos que en su país “…las cosas no se imponen, se construyen con paciencia, (en) códigos políticos, (en) tiempos más largos y una lógica relacional que antecede al acuerdo mismo”. Entendemos así que cualquier cambio en el Ejecutivo implica frecuentemente entrar en esa lógica de relaciones en la que deben considerarse los desequilibrios regionales, las ambiciones y articulaciones políticas y sus frecuentes cambios, la agitación ambientalista y social, la tensión campo-ciudad, el peso empresarial y sindical, las presiones de grupos étnicos, etc.
A pesar de la estabilidad de las instituciones económicas y de sus éxitos evidentes en temas macroeconómicos que han permitido una baja inflación, alto nivel de reservas, estabilidad monetaria, Perú ha crecido en los últimos 10 años a una tasa promedio de sólo un 2,5 a 3%, que incluye una caída del PIB de un 10,9% durante la pandemia y un rebote de la economía de un 13,4%, al año siguiente. El crecimiento medio es, sin embargo, insuficiente para reducir la tasa acumulada de pobreza. De acuerdo con especialistas del Banco Mundial o del Instituto Peruano de Economía (IPE), esto se lograría recién con un ritmo de crecimiento anual de un 4,5% o más. Obviamente, la inestabilidad y rotación políticas son un freno al desarrollo, por mejores instituciones económicas que tengan, o espíritu empresarial que dispongan.
La inestabilidad (y la consecuente falta de autoridad sobre la conflictividad social) repercute sobre la inversión productiva. Según el IPE, el país tiene una de las carteras de proyectos paralizados más altos del mundo y se postergan proyectos de infraestructura, energía y transporte. No es raro. Durante esta década el país ha tenido 18 ministros de economía y finanzas (sin contar el que viene); 28 ministros de energía y minas (4,3 meses de promedio en el cargo); 24 ministros de transporte y comunicaciones; 25 cancilleres. ¿Cómo se puede mirar a largo plazo con una situación así?
A esto hay que sumar hoy día la enorme desconfianza que genera el presidente José María Balcázar y la forma en que fue elegido. Se cuestiona abiertamente si será prudente a la hora de tratar con su mentor, el prófugo Vladimir Cerrón, u otorgar la amnistía al expresidente Castillo; si será capaz de conducir en forma transparente el proceso electoral que se avecina o si, con mañas y argucias, procurará limitar el derecho a voto de los peruanos en el extranjero y de los militares; si cederá a las presiones populistas en lo económico. Se cuestiona abiertamente al mundo político voluble y sin principios que domina en el Legislativo; al acomodo ventajista de escuálidas bancadas; al personalismo reinante; a la legislación que hizo posible la monstruosidad de la atomización de las agrupaciones políticas. En fin, se abre en Perú en estos meses un período de interrogantes que va más allá de las palabras conciliadoras del actual mandatario.
Dependiendo de las señales que emita Balcázar en las próximas horas, y de un juicio por supuesta apropiación indebida que recién se perfila, no es improbable que se abra un nuevo proceso de vacancia. Si esto ocurre, el ya frágil sistema político se quiebra, su credibilidad queda por los suelos y la reforma constitucional se convierte en una necesidad urgente. Ningún país es capaz de resistir 10 mandatarios en una década.
En pocas semanas, si no lo retienen asuntos internos, nuestro mandatario recibirá a un presidente peruano en tránsito por el poder. Traerá consigo dos mensajes implícitos. El primero, que debemos abordar con premura la reforma política pendiente para evitar caer en la ingobernabilidad peruana. La segunda, que hasta después del 20 de julio debemos concentrar nuestros esfuerzos en los lazos económicos y comerciales bilaterales, y minimizar cualquier iniciativa en el campo político.
