Editorial El Mercurio, 04.11.2023
María Corina Machado hace caso omiso al intento del régimen de Nicolás Maduro por desconocer el resultado de las primarias opositoras en las que ella obtuvo el 92 por ciento de los votos. El dictador sigue intentando evitar enfrentarla en unos comicios presidenciales que, de atenerse a las reglas democráticas, lo pueden sacar del poder si se realizan, como está acordado, el segundo semestre de 2024. Machado, que está inhabilitada hasta 2030 por una espuria sentencia administrativa, asegura que las primarias no pueden anularse y resta valor a un pronunciamiento del Tribunal Supremo chavista que ordenó suspender “todos sus efectos”.
Es poco, en realidad, lo que puede hacer Maduro para impedir a Machado mantenerse como la abanderada de la oposición. En los acuerdos de Barbados, firmados el 17 de octubre entre el régimen y la Plataforma Unitaria Democrática —que engloba a los partidos opositores—, se establece que cada conglomerado tiene el derecho a elegir candidato según el mecanismo de su preferencia; en este caso, fue una primaria que contó con la participación de millones de personas. Sí podría el régimen mantener la inhabilitación de la líder opositora, a pesar de que en el mismo acuerdo se estipuló que las partes promoverán la habilitación de todos los candidatos presidenciales.
Machado es escéptica de la voluntad del gobierno de cumplir, pues, dice, ya son 15 las negociaciones que ha iniciado Maduro en las que “ha obtenido dinero, ganado legitimidad, y en todas ha conseguido tiempo, pero nunca ha cumplido”. De hecho, después de la firma en Barbados, un representante de la dictadura dijo que los candidatos que ya están inhabilitados no podrán competir.
En este asunto la comunidad internacional tiene mucho que decir. De partida, Noruega, con cuyo aval se llegó al acuerdo. Y Estados Unidos, el que en conversaciones reservadas durante más de un año ha estado tratando de obtener seguridades de Caracas de que habrá elecciones libres. El incentivo ya entregado a Maduro es poderoso: el levantamiento temporal de sanciones al sector petrolero y del oro, así como a las transacciones de bonos soberanos.
Ante emplazamientos, Washington ha dicho que no dudará en reponer esas sanciones si se violan los acuerdos suscritos. Sin embargo, a juicio del Departamento de Estado, esto no ha ocurrido, pues las primarias sí se realizaron y eso es un hecho consumado, más allá del reciente fallo judicial. Ahora, el régimen tendría plazo hasta fines de noviembre para liberar a los presos políticos y habilitar a Machado y al resto de los eventuales candidatos.
Falta un largo recorrido hasta que se materialice una elección que devuelva a los venezolanos la democracia capturada por el chavismo. El régimen ha demostrado no tener respeto por la palabra empeñada si esta puede afectar su perpetuación, necesaria para evadir acusaciones graves en la justicia internacional sobre violación a los derechos humanos, narcotráfico y apropiación indebida de los recursos de todos sus compatriotas.
