Columna Realidad y Perspectivas, N*129 (septiembre 2024) Germán Guerrero Pavez, exembajador de Chile en México
Claudia Sheinbaum asumió como la primera mujer presidenta de México y, según sus anuncios, seguirá impulsando el proceso de cambios encabezados por el ahora exmandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el líder de su partido, Morena.
Entre los cambios más significativos se encuentra la implementación de la polémica Reforma Judicial con la finalidad de garantizar, en términos teóricos, la independencia, la responsabilidad de los magistrados, la eficiencia y el acceso a la justicia. Sin embargo, según los detractores la iniciativa tiene por objetivo real establecer las bases para la instauración de un régimen autoritario, una “vía mexicana” a un régimen monocolor como el instaurado por Nicolás Maduro en Venezuela, donde el Ejecutivo controla el poder Legislativo, el Judicial y el poder electoral.
Para los opositores, la reforma al poder Judicial fue planteada después de que la Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN) invalidara varias propuestas AMLO, por considerarlas inconstitucionales y por afectar el principio de separación de poderes y el sistema de frenos y contrapesos, propios de una democracia. Entre estas propuestas estaba la eliminación del Instituto Nacional Electoral (INE), la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) y la modificación en la composición de la Corte Suprema.
En respuesta a estos contratiempos, el gobierno logró, contra viento y marea, aprobar y promulgar la reforma judicial para, en palabras del propio López Obrador, “expurgar a los jueces corruptos y garantizar que la judicatura esté al servicio de todos los mexicanos, y no únicamente de minorías influyentes”.
La reforma es rechazada por numerosas organizaciones sociales, los trabajadores del poder Judicial, los jueces, las organizaciones empresariales y los partidos de oposición, por representar la politización de la justicia e, incluso, ha sido criticada por organismos internacionales y algunos países por constituir una amenaza para la democracia, la separación de poderes y el estado de Derecho.
Entre los puntos más cuestionados está la elección popular de los jueces ya que la mayoría de los candidatos electos pertenecerían al partido gobernante, que hoy goza de una alta popularidad, y porque, a través del financiamiento de campañas, muchos jueces podrían terminar representando los intereses del narcotráfico. Este cambio terminaría con una selección basada en el mérito y capacidades profesionales y se convertiría en una mera selección política.
En segundo lugar, la reducción de ministros de la Suprema Corte de once a nueve aseguraría el fin de su actual independencia y un control de esta instancia por parte del partido gobernante. Esta situación impedirá que la Corte sea un contrapeso para invalidar leyes aprobadas con vicios de inconstitucionalidad o que representen una amenaza a la democracia o el estado de Derecho.
En tercer lugar, la creación de un nuevo órgano de supervisión y sanción de los jueces, el Tribunal de Disciplina, que investigará el desempeño de los jueces y podrá remitirlos a la Fiscalía para demandar juicios políticos ante la Cámara de Diputados. Este cambio abre un espacio para que el gobierno o una mayoría política sancione o expulse a jueces que emitan decisiones contrarias a los intereses del gobierno.
Hace algunos días, el expresidente de México, Ernesto Zedillo, sostuvo que la reforma al poder judicial busca la destrucción de su independencia para ponerlo al servicio de la fuerza política en el poder.
Aunque aún falta observar en la práctica, de qué manera esta reforma afectará la impartición de justicia y si constituirá un menoscabo a la independencia y a la democracia, esperemos que lo que dijo la presidenta Sheinbaum en el momento de asumir –en el sentido que habrá transformaciones, pero no totalitarismo– sea una realidad y no un mensaje sólo para apaciguar las aprensiones de numerosos actores de la sociedad mexicana.
Sin embargo, son demasiadas las voces que advierten que las puertas están abiertas y que hay muchas ventanas para que una mayoría autoritaria caiga en la tentación de concentrar todo el poder. Si así fuera, la reforma judicial sería “la vía mexicana” para llevar nuevamente a ese país al régimen de un solo partido, al fin de la democracia, y al temido regreso de “la dictadura perfecta”.
