Columna El Mercurio, 09.03.2024 Heraldo Muñoz, político PPD y excanciller de Chile (2014 y 2018)
A fines de febrero, 13 funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) fueron expulsados de Venezuela por el gobierno de Nicolás Maduro, acusados de “espionaje y conspiración interna”. La expulsión se decretó un día después de que el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación declarase que el gobierno venezolano le impidió acceder a centros de detención y le cambió constantemente su agenda en una visita al país.
En el contexto de la elección presidencial —recién fijada para el 28 de julio del presente año—, el endurecimiento del régimen no sorprende.
Hace algunas semanas, la justicia incondicional del gobierno confirmó la inhabilitación, sin notificación ni derecho a la defensa, de la candidata opositora María Corina Machado —escogida en una primaria opositora cuestionada por el oficialismo— para competir en las elecciones presidenciales. Maduro ya le había advertido mucho antes: “No te vistas, que no vas”. Entretanto, tres asesores de campaña de Machado fueron detenidos simultáneamente, acusados de proporcionar “apoyo logístico a un grupo terrorista”.
En un paso represivo más, el gobierno arrestó a la activista y académica experta en asuntos militares Rocío San Miguel, bajo acusaciones de “terrorismo”, “traición a la patria” y “conspiración”, al vincularla con un supuesto plan para asesinar a Nicolás Maduro, uno de cinco complots que, según la fiscalía chavista, han sido desbaratados desde 2023.
Esta espiral autoritaria enterró el Acuerdo de Barbados entre el gobierno y la oposición para promover los derechos políticos y garantías electorales, y conceder licencias para la exportación de petróleo y otros materiales al mercado estadounidense. Después del veto a Machado, Washington anunció que podría reimponer sanciones. Pero el régimen de Maduro amenazó con que, si eso sucede, se acaban los vuelos de repatriación de venezolanos ingresados irregularmente a territorio estadounidense, materia altamente delicada en un año electoral en EE.UU.
La experiencia indica que el régimen no tiene voluntad de realizar elecciones libres y limpias, y que su objetivo es sencillamente mantenerse en el poder. Maduro ya anticipó un resultado: “Ganaremos las elecciones —afirmó— por las buenas o las malas. Está dicho, no digo más”. Para tal propósito, activó un plan denominado “Furia Bolivariana” para desbaratar eventos de la oposición y hostigar a ONG independientes.
La estrategia madurista es clara: reprimir a opositores y, ante la presión internacional, aceptar sentarse a dialogar, no sin antes obtener algunas concesiones. En algún momento del proceso negociador, el gobierno esgrime excusas para romperlo, o bien desconoce lo acordado, y vuelve a reprimir.
Reprimir, dialogar, ganar tiempo, y volver a reprimir es la estrategia del régimen. En el intertanto, genera contemporización de algunos países, y la comunidad internacional democrática muestra señales de frustración y agotamiento con el caso de Venezuela.
Así lo pude atestiguar en las negociaciones de Santo Domingo en 2017 y 2018, entre Maduro y la oposición, auspiciadas por el entonces presidente dominicano Danilo Medina. Luego de extensas reuniones, donde participé como canciller de Chile para facilitar el diálogo, propuesto por la oposición, se registraron avances esperanzadores para la realización de elecciones libres, pero el gobierno pateó la mesa, impuso una eventual fecha de las elecciones, no aceptó las condiciones para unos comicios mínimamente democráticos (como la liberación de presos políticos y la restauración de las facultades legislativas de la Asamblea Nacional), y se acabó el diálogo. Un año antes, una similar mesa de diálogo con el acompañamiento del Vaticano se había estancado y diluido, sin acuerdos.
A medida que se acerque la fecha de los comicios presidenciales, seguramente el régimen conseguirá que se inscriba algún candidato simbólico con cierto aire opositor, pero sin posibilidades de ganar, para “competir” con Nicolás Maduro, sin garantías electorales democráticas, asegurando así otra elección presidencial fraudulenta.
Pese a que María Corina Machado anunció su voluntad de continuar hasta el final, es probable que se le impida inscribirse, ante lo cual la oposición tendrá que decidir si participar con un candidato alternativo (algún no inhabilitado) —lo cual puede fracturar a la disidencia—, o bien no comparecer en los comicios. De acontecer lo último, como ocurrió el 2018, quedará la pista libre para Maduro.
El Consenso de Brasilia, cumbre presidencial sudamericana de 12 países, incluyendo Venezuela, convocada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en 2023, abordó el caso venezolano, y, en la declaración del encuentro, se manifestó un compromiso “con la democracia y los derechos humanos… y la no injerencia en asuntos internos”, párrafo que originó interpretaciones encontradas entre los mandatarios. Lula manifestó en la rueda de prensa final que “no es posible que no haya un mínimo de democracia en Venezuela”. Habrá que abrigar esperanzas del papel que pueda jugar Brasil, y los países del Consenso de Brasilia, en esta difícil encrucijada que enfrenta Venezuela.
