Editorial La Tercera, 14.12.2022
Es un peligroso precedente para la región y un desvergonzado doble estándar que estos gobiernos estén privilegiando afinidades ideológicas y lealtades mal entendidas antes que la defensa de la democracia y sus instituciones.
Los gobiernos de Argentina, Colombia, Bolivia y México emitieron recientemente un comunicado conjunto en el cual expresan su respaldo al destituido expresidente de Perú, Pedro Castillo, quien protagonizó la semana pasada un fallido intento de clausura del Congreso, justo cuando esta institución se aprestaba a votar una solicitud de vacancia en contra de Castillo, la tercera que debía enfrentar en su mandato.
El comunicado expresa la preocupación por los hechos que resultaron en la remoción de Castillo, a quien identifican como “Presidente de Perú”, señalando que desde el día de su elección “fue víctima de un antidemocrático hostigamiento”, violatorio de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para luego ser objeto de un tratamiento judicial igualmente contrario a dicha convención; asimismo, formulan un llamado a todos los actores involucrados en el proceso anterior para que “prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas”, exhortando a quienes integran las instituciones de “abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio”.
Ciertamente ha sorprendido el tono y contenido de dicho comunicado, que por de pronto se aleja de lo que algunos de estos gobiernos habían señalado inicialmente, en donde expresaban una preocupación general por los acontecimientos en Perú, evitando un respaldo expreso a Castillo. No se trata solo de un desvergonzado intervencionismo en la crisis de un país de la región, rompiendo todos los códigos de prudencia, sino que su contenido supone en la práctica avalar prácticas despóticas y totalmente contrarias a los principios democráticos esenciales, al menospreciar las implicancias de que un jefe de Estado pretendiera clausurar inconstitucionalmente el Congreso y escabullir sus responsabilidades judiciales por los graves casos de corrupción de que es acusado.
El comunicado de estos gobiernos desconoce en los hechos la legitimidad del poder judicial peruano, y de su tenor pareciera desprenderse que abogan por que Pedro Castillo sea restituido en el cargo, a pesar de que todas las instituciones del país cerraron filas en contra de la asonada del exmandatario, y quien asumió la presidencia interina lo hizo en virtud de lo que disponen las normas constitucionales.
