Columna Perfil, 05.02.2024 Felipe Frydman, economista argentino, exembajador y consultor del CARI
Mientras los legisladores argentinos están enfrascados en un largo debate sobre reformas económicas propuestas por el Poder Ejecutivo, el Gobierno de Brasil acaba de aprobar la Nueva Política Industrial que transferirá a los empresarios la suma de 60.000 millones de dólares para impulsar el desarrollo con sustentabilidad e innovación. El proyecto fue preparado por el vicepresidente y también ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios Geraldo Alckmin quien fuera gobernador de Sao Paulo en 2001/2006.
El objetivo de la NIB es “revertir el proceso de desindustrialización” de los últimos años mediante metas definidas en el Plan de Acción 2024/26 que se extendería hasta 2033. El Plan prevé líneas de créditos especiales, recursos no-reembolsables, acciones regulatorias y una política de obras y compras públicas con incentivos al contenido local. El documento describe seis misiones: la primera comprende las cadenas agroindustriales, la segunda la producción local de medicamentos, la tercera infraestructura, la cuarta la transformación digital, la quinta la bioeconomía, descarbonización y transición y seguridad energética, y la sexta defensa para “alcanzar autonomía en la producción del 50% de las tecnologías críticas para fortalecer la soberanía”.
La publicación oficial contiene un párrafo denominado “Mejoría del ambiente de Negocios” que plantea la desburocratización para facilitar la operatividad del sector privado. El objetivo es aumentar la competitividad y la productividad de las empresas brasileñas y mejorar las condiciones para las inversiones productivas. El estudio menciona que el “Costo Brasil” llega a 300.000 millones por año que equivalen a un 75% del PBI de Argentina.
El debate en el Congreso Nacional pareciera transcurrir en un vacío sin tomar en cuenta que mientras la Argentina divaga con una economía en crisis, restricciones cambiarias y aguda distorsión de los precios relativos, el país mayor socio del MERCOSUR cuenta con una macroeconomía consistente y un Banco Central independiente cuya tasa de interés básica conocida como SELIC fue fijada en 11,25% a partir del 31 de enero lo que le permite tener una moneda estable y una inflación anual del 4,62%. Brasil tampoco sufre por falta de dólares. Las exportaciones en 2023 fueron de 339.672 millones y las importaciones 240.834 con un superávit de 98.838 millones de dólares.
La diferencia entre ambas situaciones obliga a preguntarse cuál de los dos países tiene mayores posibilidades para generar inversiones y expandir la estructura productiva. La globalización ha eliminado la nacionalidad de los capitales al facilitar el movimiento a través de las fronteras en busca de mejores oportunidades. El MERCOSUR, que intenta presentarse como un proceso de integración, tuvo entre sus objetivos la creación de un mercado único para dinamizar el movimiento de los factores productivos y el intercambio comercial mediante la eliminación de los aranceles y las restricciones no-arancelarias.
En las actuales condiciones, no es necesario reflexionar mucho para reconocer que los incentivos económicos y las condiciones macroeconómicas en Brasil constituyen un estímulo para atraer a las empresas de los otros miembros del MERCOSUR y competir a nivel internacional para captar inversiones productivas de las multinacionales. Brasil ofrece un mercado de 200 millones de consumidores y condiciones ventajosas para la radicación de nuevas inversiones. La reforma laboral fue aprobada durante la crisis financiera en el mandato del presidente Michel Temer en 2016. Las inversiones directas extranjeras en 2022 fueron de 91.000 y durante el primer semestre de 2023 sumaron 51.060 millones de dólares.
Las discusiones en la Argentina parecieran discurrir en otra dimensión como si nada de lo que sucede en el mundo pudiera afectarla. Muchos confían que los recursos naturales prisioneros de la geografía son un atractivo suficiente para asegurar el desarrollo y que no se necesita conformar otras perspectivas, no solo ya para expandir el entramado productivo o las nuevas tecnologías, sino para evitar el éxodo de empresas hacia destinos vecinos donde se les asegura estabilidad y rentabilidad.
El antagonismo político impide cualquier consenso y no permite reflexionar sobre las derivaciones de perpetuar las condiciones que llevaron al país a esta situación. Brasil está muy cerca; un análisis de las recientes medidas adoptadas por el gobierno del presidente Lula para aventar la desconfianza y generar un escenario favorable para las inversiones podrían ayudar a quebrar la inercia de las discusiones.
