Editorial El Mercurio, 23.02,2024
El gobierno del presidente Boric ha ordenado intervenir en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el proceso sobre legalidad de la ocupación de los territorios palestinos por Israel, incluyendo las consecuencias jurídicas de las violaciones a los derechos humanos y a la autonomía del pueblo palestino. El proceso se inició a petición de una minoría de países (45%, 87 de 193) reunidos en la Asamblea General de Naciones Unidas, sumando a Chile a extrañas alianzas, con algunos países con los que no compartimos valores ni principios, muchos sistemáticamente violadores de derechos humanos frente a los cuales guardamos silencio.
Israel decidió no participar en esta causa por considerarla prejuiciada. El primer ministro Benjamín Netanyahu, por su parte, declaró que el procedimiento del Tribunal Internacional es un esfuerzo por infringir el derecho de Israel a defenderse contra amenazas existenciales. En apoyo de esta afirmación, organizaciones civiles israelíes citan el artículo 7 del acta constitutiva de Hamas, que señala:
“El día del juicio vendrá cuando los musulmanes maten a los judíos. Entonces los judíos se ocultarán detrás de las rocas y árboles y llamaremos, ‘musulmán, hay un judío oculto, vengan y mátenlo'”.
La intervención activa de Chile en el conflicto Israel-Palestina ante la Corte de La Haya es un cambio de una política de Estado. Antes, la comparecencia en La Haya se reservó solo para la defensa de derechos soberanos de Chile, siendo entonces decisiones transparentes y consultadas transversalmente, lo que no ha ocurrido en esta ocasión. A la vez, con la participación chilena en este proceso se aporta otra muestra de la falta de ecuanimidad del Gobierno en contra de Israel. Conocida y sin precedentes fue la humillante suspensión de la presentación de las cartas credenciales de su embajador. Luego, a días del ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre, que asesinó a más de mil cuatrocientos residentes en territorios israelíes, de varias nacionalidades, y secuestró a otros 240, el Gobierno confusamente equiparó la responsabilidad de Hamas con la de Israel. Más adelante, el presidente ordenó el regreso a Chile del embajador en Tel Aviv.
Por último, al igual que el Partido Comunista, otras colectividades y dirigentes del oficialismo, el presidente se ha resistido a condenar con claridad las expresiones que promueven el antisemitismo, como fuera el caso de las emitidas por el alcalde Jadue.
En las motivaciones para esta intervención se mencionó por la representante chilena ante la CIJ, Ximena Fuentes, exsubsecretaria de Relaciones Exteriores del Presidente Boric, que “Chile es el hogar de una gran comunidad palestina, la más grande fuera del Medio Oriente...”, lo que confirma el contenido electoralista de la intervención y la indiferencia oficialista respecto de importar un conflicto mundial con imprevisibles repercusiones divisorias dentro de nuestro país, afectando las relaciones con Israel, estrechas hasta el año pasado, y los lazos con la comunidad judía, notoriamente más reducida que la palestina, aunque también de valiosos aportes al desarrollo nacional, en el arte, la ciencia, la economía y la democracia. Tampoco parece haber considerado el Gobierno los riesgos de esta intervención en cuanto a alentar el antisemitismo, persistente e histórica conducta, causante criminal del mayor holocausto de la humanidad, que costó la muerte de seis millones de judíos.
Con esta actuación judicial, el Gobierno toma partido, omitiendo negativas experiencias de comenzar a intervenir con parcialidad en asuntos polémicos mundiales que luego hacen más difícil la consistencia en la gestión de la política exterior y, sobre todo, evitar y controlar adversas repercusiones para la unidad, costos políticos internos y para las relaciones exteriores de Chile.
