Columna Infobae, 19.08.2022 Felipe Frydman, economista argentino, exembajador y consultor del CARI
El acuerdo promovido por el presidente Gabriel Boric entre los dirigentes de la coalición oficialista Apruebo Dignidad y el agrupamiento de partidos de la Concertación que acompaña al Gobierno con el nombre de Socialismo Democrático, a fin de modificar el proyecto de Constitución elaborado por la Convención Constituyente, en caso de ser aprobado en el plebiscito del 4 de septiembre, representa un duro golpe para la credibilidad del proceso. Toda la campaña del Apruebo estuvo basada en destacar el carácter democrático y participativo en contraposición a los métodos anteriores en los que se designaba una comisión de expertos o terminaba siendo redactada por parlamentarios.
El acuerdo, denominado “Unidos y Unidas por una Nueva Constitución”, firmado por los dirigentes de los partidos políticos, plantea que el texto deberá modificarse en cinco puntos: plurinacionalidad, derechos sociales, seguridad, Poder Judicial y sistema político. Estos puntos se abren a su vez en subtemas. El texto es solo enunciativo; el apuro y las discrepancias internas no permitieron la redacción definitiva de los artículos que serán incorporados o modificados en la nueva Constitución.
El procedimiento elegido por Boric pareciera inusitado, porque se le pide a la ciudadanía la aprobación de un texto constitucional que después será alterado sin conocerse los alcances y profundidad de los cambios. Esta opción estuvo dirigida más a lograr un respaldo en las urnas y evitar el triunfo del Rechazo, que sería interpretado como una derrota de la coalición oficialista, para lo cual tuvo que sumar a la centroizquierda, muchos de cuyos miembros expresaron por fuera de las estructuras partidarias su disconformidad con la propuesta constitucional.
El acuerdo con las propuestas de modificación recoge las principales objeciones que se fueron formulando durante la campaña, relacionadas con la aplicación de los sistemas de justicia indígena, la autonomía de los territorios indígenas, la falta de equilibrio entre los poderes del Estado, iniciativas del gasto público, la aplicación del estado de emergencia, el consentimiento indígena y los sistemas de salud, educación y pensiones. El listado de los temas también desmiente las acusaciones formuladas por los partidarios del Apruebo contra la oposición, sin ahorrar calificativos y relacionándolas con la dictadura de Pinochet. El proyecto actual prevé una sola Cámara en el Congreso y la aprobación de leyes por mayoría simple que generaría un control autoritario de izquierda o derecha si alguna fuerza llegara a tener la mitad más uno de legisladores.
Sin embargo, el acuerdo no garantiza su cumplimiento una vez aprobado el texto constitucional porque no evitará que surjan cuestionamientos sobre la legalidad del método que incluso podrían traducirse en movilizaciones para evitar los cambios. El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, expresó que no podía garantizar las modificaciones porque haría falta un debate popular al decir “ninguno de nosotros está dispuesto a pasar sobre la soberanía popular”. Las movilizaciones del PC fueron determinantes para el proceso iniciado con el denominado estallido social de 2019.
El temor a un resultado adverso en el plebiscito pudo más que el compromiso democrático reivindicado por Boric durante los acontecimientos para reformar la Constitución vigente, a la cual siempre denominó “la de Pinochet”, ignorando las modificaciones de Ricardo Lagos en el 2005 o desconociendo el proyecto de Michelle Bachelet. Los antecedentes indicaban la necesidad de convocar a una nueva consulta para elegir la forma de elaborar y aprobar una Constitución que fuera abarcativa, instituyera la separación de los poderes y garantizara la democracia, la libertad y los derechos de los ciudadanos. En cambio, se insistió en negar los avances de los últimos 30 años y se planteó la refundación de la nación a partir de los pueblos indígenas como se hiciera en Bolivia y Ecuador, lo cual obligó a recurrir a galimatías que harán difícil alcanzar un documento con el cual puedan identificarse todos los chilenos.
