Columna El Líbero, 18.05.2023 Fernando Schmidt A., embajador (r) y ex subsecretario de RREE
Hace pocos días, al acabar una fiesta de cumpleaños en casa de unos amigos, descubrimos que a uno de los invitados le habían robado su camioneta. Ocurría en uno de los mejores y más seguros barrios de Santiago. En pocos minutos hubo información acerca de los portales que la camioneta robada había cruzado 45 minutos antes, mientras tanto, se presentaban en la casa Carabineros y diversos servicios de seguridad privados para inquirir más detalles. Sin embargo, reinaba en el ambiente una suerte de resignación: no hay ya nada que hacer, seguro que esta noche se va para Bolivia….
En el periodo en que me tocó servir como Subsecretario de Relaciones Exteriores, hace más de diez años, este ya era un problema serio. Más de mil quinientos autos habían desaparecido de nuestras calles y producido un número similar de víctimas. Sin embargo, cálculos conservadores de hoy cifran en más de cinco mil los vehículos chilenos robados que se encuentran en territorio boliviano.
En febrero del 2013, después de un largo proceso de regularización de vehículos motorizados indocumentados las autoridades bolivianas nos devolvieron menos de un tercio de los autos robados. Hoy, en cambio, el propio presidente boliviano, Luis Arce, ha sido sorprendido por la ONG chilena Grupo de Búsqueda de Vehículos (GBV), regalando un auto robado en Chile al Congreso de ese país.
¿Cómo es posible que en vez de progresar sigamos peor que antes? ¿Será verdad que el Comité de Frontera entre ambos países, que trata de estos temas entre otros, no se reúne desde el 2017? ¿Qué sabemos de la respuesta boliviana a nuestra propuesta de un protocolo de restitución de vehículos robados hecha entonces?
Lo que sí sabemos es que hoy día, en el país vecino, diversos organismos oficiales manejan vehículos robados provenientes de Chile. De acuerdo con GBV tanto políticos y autoridades del gobierno boliviano, de la Aduana, del Ejército y de la Policía se burlan de las víctimas del robo. Sabemos que los vehículos que la Aduana boliviana incauta, los entrega a la Presidencia de la República para ejercer un abierto clientelismo político. Sabemos también que la situación que afecta a Brasil en esta materia es igual o peor que la nuestra. Miles de autos, camionetas, motos o camiones brasileños pasan ilegalmente la frontera con Bolivia cada año.
La Paz nos recrimina que no vigilamos adecuadamente el sector chileno de la frontera común y que no cuidamos nuestras pertenencias. El argumento que la Aduana boliviana usa hoy día ya lo esgrimía hace diez años el exvicepresidente boliviano y mentor de la izquierda radical chilena, Álvaro García Linera. ¿Y ellos? ¿Cómo justifican que estos autos robados sean usados por sus autoridades? ¿Que el robo se naturalice en su sistema? ¿No hay Estado, o existe solamente para determinadas circunstancias vinculadas al poder? Muchas de las autoridades bolivianas son cómplices del crimen organizado, ¿o no?
La lista de gente agraviada en Chile sigue aumentando. Hay días que cruzan hasta cinco vehículos la frontera con Bolivia por pasos no habilitados. Y si lo sabemos, ¿por qué no hacemos más? ¿Qué medidas está desarrollando el gobierno para detener este tráfico? Es hora de que lo sepamos.
En el campo bilateral, llegó el momento de hablar del tema con mayor firmeza con Bolivia y articular con otros países como Brasil posiciones comunes frente a esta lacra. Es cierto que hay temas que se entremezclan en una compleja vinculación llena de resabios, frustraciones de diverso tipo, prioridades y otros mil elementos a considerar, pero es que ¿cinco mil víctimas no son nada?
