Columna La Tercera, 18.10.2022 Teodoro Ribera, abogado, rector de la U. Autónoma de Chile y ex ministro de RREE
Un sector de quienes visualizan el comercio internacional como expresión moderna del capitalismo, impulsaron una cruzada contra el TTP11, presionando a los parlamentarios y movilizando a la ciudadanía con argumentos fundados en falsedades. Afirmaron que este tratado habría sido impuesto a Chile, impediría hacer políticas públicas, consolidaría el extractivismo, usurparía los conocimientos culturales indígenas, entre otros lapidarios y sesgados argumentos. A tanto llegó esto, que, existiendo una mayoría para aprobar el tratado en el Senado, el mismo no se podía votar ante la presión que ejercían los colectivos sobre los parlamentarios. Para dar mayores garantías, fue necesario firmar en 2019 un protocolo aclaratorio que respondiera a las inquietudes ciudadanas y brindara resguardo argumental a los congresistas.
Que el Congreso Nacional aprobara finalmente el TPP11, que elimina o disminuye barreras arancelarias, especialmente con Japón, Malasia, Vietnam, Canadá y México, es de suma relevancia para Chile, no solo por sus efectos virtuosos en la economía, sino por el valor estratégico de un tratado que da enorme impulso político a un sistema comercial resentido por los problemas de la OMC.
Esta aprobación, sin embargo, no significa que este tratado entre inmediatamente en vigencia. En nuestro orden constitucional, el presidente de la República tiene la atribución, cuan rey absoluto, de ratificar o no un tratado, siendo la aprobación del Congreso una mera autorización habilitante. En otras palabras, dependerá del presidente ratificar para que entre en vigor. Como diputado, en 2019, Boric votó en contra del tratado, y ahora, conociendo la votación a favor del Senado, expresó que “no es el resultado que me hubiera gustado, pero vamos a cumplir”.
Mientras el gobierno de izquierda de México considera al TPP como “el tratado comercial más relevante y moderno del mundo”, pues regula aspectos de vanguardia, más amplios y diversos de los que abarcan los tratados de libre comercio ya existentes -dentro de los que podemos destacar las facilidades que le entrega a las Pymes, el e-commerce, entre otros-, el gobierno de Chile lo mira con desgano y se encuentra tensionado entre los discursos pasados y la realidad actual.
El gobierno da a entender que impidiendo que las controversias con inversionistas extranjeros puedan ser falladas por organismos internacionales, materia que contemplan diversos otros tratados, podría ratificarse el TPP11. ¿Y qué sucede si uno o más de los otros Estados signatarios sencillamente no responden o lo hacen negativamente? Si el rechazo al arbitraje internacional es un punto de quiebre, ¿igual postura se aplicará a los demás tratados, incluido el pendiente de asociación con la Unión Europea?
El consenso respecto de la apertura comercial de Chile, que es una política de Estado, está siendo cuestionado por una de las dos coaliciones de su gobierno. ¿Son las side letters necesarias o es solo un artificio para bloquear la ratificación del TPP11? Bueno sería que el gobierno despejará esta duda, comprometiéndose con apoyo durante los siguientes meses.
