Editorial OpinionGlobal, 18.04.2024
Debemos insistir en el tema tratado en nuestro editorial de marzo pasado, en virtud de que las investigaciones llevadas en nuestro país por el señor fiscal Héctor Barros se encaminan en la misma dirección prevista por OpinionGlobal. El oscuro secuestro y brutal asesinato del teniente venezolano disidente Ronald Ojeda habría tenido un ‘móvil político’. En ese momento, lamentábamos que el gobierno chileno no hubiese sido capaz de proteger a un refugiado extranjero dentro del territorio nacional, cumpliendo así con el dictado de nuestra Canción Nacional: “O el asilo contra la opresión”. Ahora, estamos a la espera de las conclusiones de esa investigación judicial (y posibles nuevas sorpresas), así como de las acciones diplomáticas que emprenderá el Estado chileno frente a Venezuela.
Habría que consignar, de partida, que un asesinato en Chile por agentes extranjeros o sus intermediarios es un asunto de gravedad extrema, porque implica la violación de la soberanía nacional. Por ello, la respuesta del gobierno chileno tendrá que ser muy clara y contundente, sobre todo si -a la postre- Caracas no demuestra una cooperación efectiva. Las medidas a ejecutar pueden ir, desde la protesta diplomática, a la condena en organismos internacionales y la acción regional mancomunada, al retiro de nuestro embajador y, en última instancia, a la ruptura de relaciones diplomáticas.
El oficialismo se ha mostrado, en general, reacio a asumir una postura firme, porque hay una enorme cantidad de venezolanos con orden de expulsión del país y es el gobierno de Maduro el encargado de facilitar la información sobre sus connacionales. Según esa visión, habría que limitarse a la vía diplomática para que prosperen las gestiones bilaterales.
Entre las diversas declaraciones oficiales, la subsecretaria de RREE De la Fuente planteó que todavía hay confianza en la colaboración que pueda prestar Caracas (¡que ingenuidad!). Su contraparte en el ministerio del interior (Monsalve) sostuvo que la ruptura de relaciones significaría que los dos venezolanos identificados en el secuestro y asesinato de Ojeda y que se encuentran en Venezuela quedarían impunes (más importante que los culpables son los autores intelectuales). Y el propio canciller van Klaveren, ha enfatizado que el rompimiento sería algo muy complejo, ya que “impediría mantener contactos con el otro país…. queremos evitar esa situación” (con Bolivia no tenemos relaciones diplomáticas, pero sí consulares).
Lamentablemente, hasta aquí la disponibilidad del presidente Boric para un diálogo con Maduro representa otra vez una reacción chilena muy débil, sobre todo si se la compara con la protesta hacia la Argentina porque su ministra de seguridad sostuvo que Hezbolá tiene presencia en Iquique. El problema de fondo es que nuestro gobierno (por presiones del PC) no quiere admitir que el régimen chavista es una narco dictadura, que ya destruyó la democracia de su país y que viola sistemáticamente los derechos humanos en Venezuela. Maduro no ha cooperado con Chile, ni lo hará en el futuro. Más bien, él seguirá denostando a nuestras autoridades (“Boboric”) e interfiriendo en los asuntos internos de Chile (“Piñera y la derecha son los culpables del Tren de Aragua”).
¿Qué queda por hacer entonces? Un retiro sine die de nuestro embajador en Caracas: la embajada puede seguir funcionando bajo un encargado de negocios profesional y el nombramiento de un embajador no ha mejorado mayormente la relación. Y, si el régimen chavista no extradita a los culpables, ni ofrece disculpas por eventuales responsabilidades venezolanas, significa que no le interesa una solución del caso y, consiguientemente, hay que proceder a la ruptura de relaciones diplomáticas.
