Columna El Líbero, 05.10.2024 Fernando Schmidt Ariztía, embajador (r) y exsubsecretario de RREE
El gerente general de Arauco, Cristián Infante, esclareció en entrevista en El Mercurio, el pasado domingo 29, los alcances de una anunciada inversión en Brasil del grupo Angelini por US$ 4.600 millones y explicó las razones que impulsan al sector privado chileno a colocar en ese país su mirada futura. A los pocos días, el gerente general de Softys (CMPC), Gonzalo Darraidou, anunció el acuerdo de compra de la filial brasileña del grupo belga Ontex, por otros US$ 120 millones, que se suma a un plan de inversiones de la Papelera por otros US$ 4.500 millones, anunciado en abril. Una vez que se concreten ambas iniciativas, la CMPC habría invertido en el gigante sudamericano unos US$ 10.600 millones. Arauco, una cifra algo menor, pero en ese rango. Dicho de otra manera, los tres anuncios de inversión en Brasil hechos por estas empresas chilenas, en los últimos cinco meses, que no son todas las realizadas por grupos chilenos en el exterior, equivalen a la mitad de todo lo que nuestro país recibió como inversión extranjera durante el 2023.
No es solamente el tamaño del mercado brasileño, las condiciones geográficas del país para las plantaciones de bosques, la experiencia profesional existente en el campo de la celulosa, la proximidad a futuros compradores, ni la exigente competencia de empresas mayores que las chilenas lo que explica esta inversión. Es un tema de facilidades políticas y jurídicas, el compromiso de las autoridades con la inversión lo que los lleva a preferir Brasil, y se sabe de antemano que las elecciones municipales de mañana no van a alterar este panorama.
Recuerdo perfectamente con qué entusiasmo se expresaba el ex gobernador de Río Grande do Sul, Tarso Genro, del Partido de los Trabajadores (PT), cuando se inauguró el primer tramo de la planta de la CMPC en Guaíba, al sur de Porto Alegre. Estaba dispuesto a lo que fuera por facilitarle a la empresa las condiciones necesarias para desarrollarse en el estado. Infante decía algo similar al señalar que “…el gobierno de Mato Grosso do Sul nos ha recibido con los brazos abiertos…” para detallar a continuación las áreas donde el estado contribuyó a dicho apoyo. Entre ellas, llama la atención que la licencia de instalación se demoró apenas 14 meses, mientras que en Chile obtener el permiso análogo puede demorar hasta 10 años (en caso de que no se interponga algún informe irrelevante solicitado por un SEA regional).
Según un documento de la Subrei de hace unos 4 años, la inversión chilena en Brasil alcanzaba los US$ 38 mil millones; involucraba a 130 empresas que desarrollaban unos 280 proyectos; generaba 376.344 empleos, de los cuales el 93,1% correspondía a empleo directo y un 6,9% a empleo indirecto; y estaba extendida por todo el país: Alagoas, Bahía, Amazonas, Ceará, Goias, Maranhão, Matto Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Sergipe, Tocantins. Ello, sin contar con la amplia presencia de Latam en todo Brasil.
Cuatro años más tarde, la inversión nacional en ese país es mucho mayor, y aún se deben contabilizar los anuncios recientes. Mientras tanto, el Informe de Política Monetaria del Banco Central de Chile (IPoM) correspondiente a septiembre, indica que en nuestro país “la estimación de crecimiento de la formación bruta de capital fijo (FBCF) para el período 2024-2026 es algo menor que la considerada en (el IPoM de) junio, producto de la debilidad de la inversión de los sectores no mineros”. En junio, la FBCF fue nula.
El propio presidente Lula, ícono de la izquierda latinoamericana, vino a Chile en agosto, entre otros objetivos, a invitar a nuestros empresarios a participar en el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) que prevé inversiones por US$ 347 mil millones y en las seis áreas estratégicas del Plan de Nueva Industria brasileño por otros US$ 110 mil millones. Lula entiende que atraer a nuestros empresarios a “hacer patria” en Brasil no tiene nada que ver con posiciones ideológicas, sino con plantearse un futuro viable para su país, y en esto es acompañado por todos los estados de la federación, independientemente del color político que gobierne en cada uno.
Lo que más sorprende de esta situación es que instalarse en Brasil no es fácil. Las empresas tienen que evaluar, antes de cualquier decisión, el llamado “costo Brasil” que es “un indicador que mide el nivel de dificultad y esfuerzo necesario para producir o vender en el territorio brasileño”, según Amcham Brasil. Estas dificultades pueden ser de tipo económico, burocrático, laboral o estructural. El “costo” representaría nada menos que un 20,5% del PIB. Es decir, la suma de los productos de Perú, Venezuela, Bolivia, Uruguay y Paraguay. ¡Un despropósito!
Los elementos más destacados del “costo Brasil” son:
-Los temas tributarios, tales como el exceso y falta de uniformidad de los impuestos, contribuciones y tarifas que obliga a las empresas a contratar mucho más personal que en otros países para abordar las complejidades impositivas nacionales, estatales y municipales. Una empresa necesita alrededor de 1.500 horas de trabajo (188 días hábiles, de un total de 249 en 2023) sólo para esta tarea.
-El spread bancario (tercero más alto del mundo). Según el Banco Central en mayo de 2024 la tasa de interés promedio para las empresas era de un 18,2% anual.
–Problemas serios de infraestructura, ya sea porque está mal mantenida o es simplemente inexistente, lo que encarece enormemente el costo de transportes.
–Burocracia: por su propia estructura federal y una cultura política que privilegia alianzas de poder en todos los niveles, el país tampoco es eficiente en esta área. La burocracia representa uno de los tradicionales mecanismos clientelares, que en Chile conocemos bien. El “costo” representa ingentes cantidades de tiempo y dinero para lidiar con procesos administrativos y legales.
-Otro de los “costos” tiene que ver con una compleja legislación laboral que trae aparejados fuertes riegos de judicialización.
-Falta de capacitación de recursos humanos a nivel básico, especialmente cuando la persona entra al mundo del trabajo.
No obstante, las grandes empresas chilenas siguen apostando al gigante sudamericano, asumen el “costo” y, mediante negociaciones directas con los estados, municipios y la propia comunidad están tratando de aplanar todo lo que pueden esta enorme carga, hasta rentabilizar la inversión. En el caso de Arauco hubo negociaciones por temas impositivos, acuerdos para promover la inversión del estado en infraestructura básica, reuniones con centenares de vecinos. Todos ganan porque, gracias a un acuerdo, pagarán alrededor de US$ 400 millones en impuestos en esa planta. Las empresas pequeñas o medianas tienen más difícil esta tarea, pero varias llevan años instaladas en Brasil.
Lo que me preocupa es que en Chile llevamos años discutiendo, sin resultado, sobre cómo alivianar la llamada “permisología”, que se convirtió en una ciencia oscura.
Años debatiendo temas de seguridad, con poquísimos avances. Años de regresión por el aumento injustificado del tamaño del Estado o, peor aún, por la perversa necesidad de mandos medios de justificar su empleo, sin una visión país. Me preocupa que, mientras tanto, la masa forestal disminuye.
Es inquietante que una inversión por US$ 1.400 millones en el norte, a todas luces necesaria y respetuosa con el medio ambiente, haya sido rechazada en su reposición por “falta de información relevante y/o esencial” provocando la cancelación del proyecto. Aflige, en definitiva, que el “costo Chile” ya se instaló entre nosotros y sea de tal magnitud que impida la inversión de capitales locales, cuantiosos y comprometidos con el futuro del país.