Columna El Líbero, 19.10.2024 Fernando Schmidt Ariztía, embajador (r) y exsubsecretario de RREE
La XV Legislatura española nació del desempate, creció en la radicalidad y creo que su fin prematuro está próximo cuando aún faltan tres años para su término. Se acumulan demasiados escollos políticos con derivaciones institucionales y escándalos, aunque el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pretende una huida hacia adelante convocando al 41 Congreso Federal del PSOE a fines de noviembre para renovar su liderazgo, sellar una visión común sobre el estado de las autonomías, ordenar la casa en temas de inmigración, abordar el auge derechista en Europa, discutir los conflictos mundiales que acechan a España, o la llamada “desinformación”, entre otros.
Sánchez está en el poder porque tuvo la osadía de traicionar su propio discurso y entregarse al aplauso de los nacionalismos. En el Congreso de los Diputados ha demostrado liderazgo para alinear a sus parlamentarios y torcer la Constitución, pero no convence en sus bases regionales.
El Partido Popular, que había ganado las elecciones del 23 de julio de 2023 con un 33,06% de los votos y 137 parlamentarios, no logró formar una coalición. Alberto Núñez Feijóo intentó dos veces la sesión de investidura, pero quedó a cuatro votos de la mayoría necesaria (176). Así, a fines de septiembre del año pasado el rey Felipe VI le encargó de nuevo la tarea a Pedro Sánchez, que fue confirmado por el Congreso el 16 de noviembre después de casi cuatro meses de incertidumbre. Para lograrlo, pactó arreglos constitucionales y legales con quienes harían posible su investidura, en especial, Junts per Catalunya (JxCat) y Ezquerra Republicana de Catalunya (ERC), que reúnen 14 escaños. A estos se sumaron concesiones a los dos grupos nacionalistas vascos que juntan otros 11 votos. Todos se agregaron al izquierdista Sumar, su base original. Así, para mantenerse en La Moncloa Sánchez sacrificó la Constitución: la XV Legislatura nacía con un defecto congénito.
Desde la sesión de investidura los partidos autonómicos empezaron a presionar por lo prometido. A dichos apremios se añadieron los escándalos que conocemos a cuentagotas, pero que afectan directamente a Sánchez, su familia y su gobierno. Todos contaminan el clima político y en una democracia parlamentaria abren el espacio para elecciones anticipadas, único modo para salir del atolladero. Hagamos una relación breve de los principales escollos acumulados:
- El frágil apoyo del catalanismo de ERC y JxCat está condicionado a resultados. En el caso del primero, al cumplimiento del Acuerdo de Investidura para Salvador Illa en Barcelona, líder del Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC, brazo del PSOE) para que dicha región “gane soberanía”. Esto implica una solución al conflicto político a través de una Convención que debería comprender cambios constitucionales; “impulsar un sistema de financiación singular que avance hacia la plena soberanía fiscal”; reconocimiento de elementos nacionales, como política lingüística y representaciones en el exterior; y políticas públicas procrecimiento. Casi todos estos objetivos provocan divisiones al interior del PSOE y afectan la débil relación de Sánchez con los nacionalistas.
- La situación no es muy distinta en la relación del PSOE con JxCat, partido heredero de la coalición Convergència y Unió (CiU) disuelta el 2015. Aunque representan al establishment económico liberal en un empaque nacionalista y a la democracia cristiana, su líder ha encabezado el llamado procés y se encuentra exiliado. Pusieron como primera condición que fuera declarada la amnistía para los implicados en el proceso de independencia llevado a cabo en distintas etapas entre 2012 y 2022. Como segunda, la autodeterminación, entendida como el control de funciones ejercidas por el Estado. La amnistía no se ha cumplido a pesar de que fue aprobada la ley respectiva, al existir 16 recursos de inconstitucionalidad presentados ante el Tribunal Constitucional, uno de ellos por el presidente socialista de Castilla-La Mancha. Esta misma semana JxCat ha vuelto a amenazar al Gobierno con unirse a una moción de censura en caso de que otro la plantee.
- Ante la presión de grupos nacionalistas vascos, y amparados por normativas europeas, el Gobierno propuso al Congreso una Ley Orgánica para modificar el Código Penal, que conllevaba rebajar las condenas de unos 40 presos de la ETA que habían cumplido en Francia otras penas. La propuesta fue votada inadvertida y favorablemente por el PP que después reconoció su error y pidió perdón a las víctimas del terrorismo, pero era tarde. Después de pasar por el Senado, esta semana la mesa del Congreso controlada por el PSOE y sus socios, dictaminó que el proyecto pasaría a sanción y publicación en el Boletín Oficial del Estado. Al PP sólo le queda interponer recursos de amparo ante el Constitucional, de dudosa eficacia en este caso. Sin embargo, con esta ley el Gobierno de Sánchez ha levantado en su contra a las poderosas Asociaciones de Víctimas del Terrorismo, donde se hallan los damnificados socialistas de la ETA.
- El plan fiscal y el presupuesto de 2025 debían haber sido enviados ya a la Comisión Europea, pero el Gobierno no ha podido cumplir el plazo y ha solicitado a Bruselas su extensión. El plan es la hoja de ruta para que en los próximos cuatro años se fijen los niveles de déficit y deuda sobre el PIB, en no más del 3% y 60%, respectivamente. El presupuesto debe estructurarse en torno al plan. El problema es que el Gobierno acordó con ERC una financiación singular para Cataluña que levantó protestas en varias Comunidades Autonómicas, algunas gobernadas por el PSOE, que le exigieron una nivelación. Sin resolver este tema previo, no tiene piso en el Congreso. Entre medio, se ha desgastado internamente para, finalmente, aceptar la idea del PP de que la financiación autonómica sea negociada en forma multilateral. Mientras, debe lidiar con la exasperación de Bruselas.
- La migración es un problema más político que económico. Existe falta de mano de obra y una perversa política de incentivos al desempleo, a costa del Estado. Para el gremio de la construcción, por ejemplo, es urgente regularizar y capacitar a los irregulares, e importar trabajadores. Se dice que falta un millón. Sin embargo, el Gobierno se encuentra de manos atadas ante Comunidades Autónomas desbordadas por las 55.600 personas que ingresaron vía marítima en 2023, desacuerdos en la coalición sobre el rumbo a seguir y falta de una política común en Bruselas, donde parece resucitar la denostada fórmula “Ruanda” de los conservadores británicos. Mientras, no es posible construir viviendas sociales para enfrentar el encarecimiento de los arriendos, en tanto crece la presión en las calles.
- Escándalos de diversa naturaleza sacuden a diario al Gobierno. El caso Begoña, mujer de Sánchez, por presunto tráfico de influencias y corrupción; el caso Koldo – Ábalos (ex número dos del PSOE), por presunto cohecho, tráfico de influencias y organización criminal; el caso Delcy, por ocultamiento de la relación con Maduro y eventual financiamiento ilícito; el caso del fiscal general, próximo al PSOE, por filtración de datos.
Ante tal cúmulo de presiones, pienso que lo mejor para España sería la convocatoria anticipada a elecciones. Dependerá del respaldo que Sánchez obtenga de parte de su partido. En Chile, nuestra institucionalidad resiste los embates de las revelaciones de Hermosilla, pero mejor nos iría con la flexibilidad que ofrece un sistema parlamentario.
