Editorial OpinionGlobal Review, 08.06.2023
Dentro de las más de 900 enmiendas que la Comisión de Expertos revisó en el mes de mayo pasado, antes de entregar su proyecto de nueva constitución al Consejo Constitucional, hubo una presentada por representantes del oficialismo para limitar la cantidad de designaciones de embajadores políticos por parte del presidente de la República. Con ello, los comisionados oficialistas buscaban bajar bruscamente el número de embajadores que cuenten con la exclusiva confianza del presidente. A pesar de que, desde hace tiempo a esta parte, una mayoría de la opinión pública se ha mostrado favorable, tanto a una modernización del Estado chileno en general como a una mayor profesionalización de nuestra Cancillería en particular, la Comisión de Expertos no consiguió los tres quintos necesarios para aprobar la norma en cuestión.
Aunque no conocemos todavía los argumentos del rechazo a la idea de restringir el número de embajadores políticos y quiénes fueron los expertos que votaron en contra, parece razonable presumir que no se quiso limitar la discrecionalidad de la potestad presidencial en esta materia (resabio del régimen de Pinochet) y que votos tanto de expertos oficialistas como de oposición aseguraron el aludido rechazo. Es decir, sería la clase política en su conjunto (en forma horizontal) que no cree en la modernización del Estado chileno y que se opone a la profesionalización de nuestra Cancillería. ¿Por qué, se preguntará el ciudadano común? Por que los partidos políticos no quieren ceder en sus prerrogativas y optan a favor de sus propios intereses en lugar de la meritocracia estatal.
Actualmente, Chile mantiene relaciones diplomáticas con 171 Estados. Cuenta con embajadas residentes en 65 países. Y se estima que los nombramientos políticos, desde 1990 en adelante, han oscilado entre un 45% y un 20% del total de embajadores chilenos. Además, se ha mantenido la costumbre de que, sucesivos gobiernos, designen (a parte del ministro y del subsecretario) a diversos directores “políticos” en cargos importantes de la Cancillería (Ejs.: cultura, derechos humanos, jurídico, límites, planificación, etc.). Todo ello es lamentable, porque debilita la gestión diplomática chilena y, a la larga, nuestra política exterior pierde continuidad.
Veremos ahora, si en las discusiones del Consejo Constitucionales, se mantiene ese tradicional espíritu de privilegio y de clientelismo político, o bien, se logran incorporar normas generales más modernas que refuercen la carrera funcionaria diplomática.
