Editorial La Tercera, 17.02.2023
La indebida injerencia que el Grupo de Puebla pretende en asuntos internos del país ha sido acertadamente rechazada por el gobierno, siendo preocupante que esta asonada esté siendo encabezada entre otros por el presidente de Argentina.
El Grupo de Puebla ha emitido una declaración suscrita por una treintena de líderes políticos y otros personeros -entre los cuales figura el Presidente de Argentina, Alberto Fernández, así como los expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y Evo Morales, expresidente de Bolivia, en la cual denuncian la, según ellos, persecución judicial de que ha sido objeto Marco Enríquez-Ominami. En el documento, expresan que el político chileno viene “siendo acusado por fiscales ligados directamente al ex presidente de derecha Sebastián Piñera”, agregando que “durante estos ocho años, Marco ha negado estas acusaciones y ha pedido concurrir a un juicio justo (…), donde pueda demostrar la falsedad de las acusaciones”. Denuncian que fiscales “con gran apoyo mediático y financiero” han ido dilatando el juicio, lo que “vulnera gravemente los derechos del líder progresista”. Es “otro caso de lawfare como los adelantados en América Latina para perseguir dirigentes progresistas”.
El documento constituye una injerencia completamente indebida en los asuntos internos de un país, poniendo en total entredicho la independencia del sistema judicial chileno, al acusarlo de ponerse al servicio de intereses políticos. Esto supone un grave descrédito a la institucionalidad nacional. En ese sentido, hizo bien el gobierno en hacer presente su rechazo a estas graves acusaciones, partiendo por el presidente Boric, quien manifestó, en clara alusión a Fernández, que “yo respeto a las instituciones, espero lo mismo de los colegas”. La canciller, por su parte, señaló que los juicios vertidos en la misiva son “absolutamente improcedentes”, y que para estos efectos se puso en contacto con el embajador de Argentina; en tanto el ministro de Justicia hizo presente que la misiva desconoce cuestiones procesales relevantes del sistema institucional chileno, y lo impropio de que las declaraciones del Grupo de Puebla tengan por propósito afectar, comprometer o criticar la autonomía del Ministerio Público. Este último organismo también reaccionó, rechazando el tenor de la carta.
En estas mismas páginas se ha hecho presente lo irregular que significa el hecho de que el juicio que enfrentan una serie de personeros en el llamado caso SQM -donde además de ME-O también figura el exdirigente de la UDI Pablo Longueira- haya tardado ocho años en iniciarse, pues dilaciones inauditas afectan garantías básicas de todas las partes involucradas en el proceso, lo que ciertamente debe corregirse. Pero acusar que detrás de ello ha existido un afán expreso de perjudicar a uno de los inculpados por motivaciones estrictamente políticas, sin siquiera ofrecer fundamentos, no hace sino denotar la mentalidad de ciertos sectores de la izquierda latinoamericana, donde cada vez que perciben que los procesos judiciales afectan a personeros ideológicamente cercanos no dudan en cargar en contra de jueces y fiscales. Esta ha sido la práctica que se ha visto en los gobiernos kirchneristas en Argentina, donde el principio de respeto a la autonomía del Poder Judicial ha sido erosionado, o en la acérrima defensa que el mismo Grupo de Puebla hizo mientras el actual presidente de Brasil enfrentaba su propio proceso judicial. Esta es una directa forma de erosionar las democracias, un riesgo cada vez más latente en la región.
De particular preocupación resulta que el presidente de Argentina sea quien aparezca encabezando la misiva; con ello no solo confirma su escaso aprecio por la defensa de la independencia judicial, sino la desprolija e irresponsable forma de manejar la relación bilateral con Chile, en donde ha sido reiterada la conducta de injerencia en asuntos internos.
