Columna El Líbero, 09.12.2023 Fernando Schmidt Ariztía, embajador (r) y exsubsecretario de RREE
Era previsible que el plebiscito de Maduro del domingo pasado fuese, en primer lugar, una maniobra para arrinconar y liquidar la oposición interna. En segundo lugar, para generar una situación de hecho, peligrosa, que pueda reforzar una futura negociación con Guyana una vez que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) se pronuncie dentro de algunos meses (tal vez años) sobre la demanda presentada por el gobierno de Georgetown. Mientras tanto, el escenario bélico está latente y un pequeñísimo error puede producir el enfrentamiento que -más allá de las declaraciones- nadie quiere realmente.
Desde la perspectiva de la política interna venezolana, jamás se pensó que tal consulta sobre un asunto nacional fuese votada, en el mejor de los casos, por apenas el 50% del padrón electoral local (sin incluir los millones que viven fuera). Esto es lo que dijo la propia dictadura. Todos los observadores imparciales reportaron locales de votación vacíos a lo largo de la jornada, que se extendió inútilmente por un par de horas más. Es decir, aún bajo condiciones de potenciales amenazas, la otra mitad de los venezolanos se abstuvo de votar. Estos no avalaron el método, ni las cinco preguntas, ni el previsible desenlace. La charada fue tal que, por transmisión en vivo, el dictador y su esposa entraron a la urna secreta micrófono en mano y con un camarógrafo para marcar sus preferencias. Afuera, un público fiel vitoreaba su elección.
A partir de ahí la dictadura comenzó a crear las condiciones sicológicas y políticas para salirse del Acuerdo de Barbados del 17 de octubre pasado entre Gobierno y oposición, que establece parámetros para la recuperación de la democracia y el levantamiento de sanciones norteamericanas sobre Venezuela. Ahora, pretextando traición a la patria de la oposición por su postura en el plebiscito, el fiscal general mandó órdenes de captura en contra de trece dirigentes, entre ellos, el expresidente Guaidó y tres cercanos colaboradores de María Corina Machado, la mayor desafiadora de Maduro.
El Acuerdo de Barbados, celebrado por Chile con entusiasmo, nos deja a las puertas de un pronunciamiento de nuestra parte. La semana que viene es decisiva. Veremos si la virtual candidata opositora recurre o no a la Corte Suprema (controlada por el oficialismo) para que levante las espurias inhabilidades que pesan en su contra. Si no lo hace, el Acuerdo muere. Con las actuales persecuciones el régimen está haciendo todo para que Machado no recurra a la Suprema y quede como responsable del descarrilamiento del proceso que Chile aplaudió. Antes de las actuales órdenes de captura, la dictadura ya venía incumpliendo el Acuerdo: no liberó la cantidad de presos políticos a que se había comprometido y, por el contrario, agregó dos.
A estas alturas, debemos recordar que la oposición a Maduro reunida en la Plataforma Unitaria, reafirmaba los derechos venezolanos sobre el Esequibo, y estimaba que Venezuela debería acudir a la Corte Internacional de Justicia por tener sólidos argumentos jurídicos. Agregaban que el Acuerdo de Ginebra de 1966 es el único instrumento para resolver un diferendo que ha llegado hasta aquí producto de una política exterior irresponsable bajo Chávez y Maduro. Es decir, estaban y están muy lejos de ser unos traidores a los intereses de su país.
En perspectiva internacional, la relación entre Venezuela y Guyana se agrava en el terreno político y jurídico, pero no se rompe. Los cancilleres acordaron hace un par de días mantener un canal de diálogo. Mientras tanto, la diplomacia brasileña se encuentra haciendo todo lo posible por distender la relación actuando en múltiples frentes, a la vez que fortalecen su frontera norte para intervenir bajo mandato de la ONU en caso de ser necesario. Los cubanos, con los que Guyana y Venezuela tienen relaciones especiales, también se encuentran operando. Tanto para Brasil como para Cuba el peor escenario es que un pequeño error de Caracas lleve a Guyana, carente de toda capacidad militar, a pedir la intervención de los Estados Unidos que explícitamente han dado su conformidad. Un incidente puede darse, principalmente, en la jurisdicción marítima que ambos disputan. Ya ha ocurrido en el pasado, aunque sin consecuencias mayores.
Los esfuerzos de distensión de Brasil hacia ambos países incluyen una batería importantísima de acciones conducidas desde el propio Palacio de Planalto por el Asesor Internacional de Lula, Celso Amorim. Para la diplomacia brasileña, que se ha jugado totalmente por la “rehabilitación” de Maduro a nivel regional, incluso contrariando a su opinión pública, cualquier paso en falso del dictador venezolano podría echar por tierra dicha integración, e implicaría la salida de los caribeños de foros políticos arduamente construidos como CELAC, o UNASUR aún en formación. Foros como la Asociación de Estados del Caribe, ALBA o la Organización del Tratado de la Cuenca Amazónica se verían seriamente resentidos. Sin embargo, lo grave para Brasil ni siquiera es eso. Lo peor sería la segura intervención norteamericana en América del Sur a favor de los caribeños. Para conjurar ese peligro lograron el jueves pasado el apoyo de Mercosur, más Chile, Colombia, Ecuador y Perú a una Declaración que alerta sobre “acciones e iniciativas unilaterales” e instan a las partes a la “búsqueda de una solución pacífica de la controversia”.
Guyana parece frágil internacionalmente, pero no lo es. Desde luego, su seguridad descansa en la solidaridad férrea de la Mancomunidad del Caribe (CARICOM), integrada por 15 estados ubicados en Centroamérica (Belice), el propio mar Caribe y Sudamérica (Guyana -donde se encuentra la sede de la Mancomunidad- y Surinam). Estos actúan coordinadamente a nivel regional y mundial, y su peso es tremendo en organismos como la OEA donde todos cortejamos a CARICOM. Además, a partir del primero de enero del 2024 Guyana pasa a integrar por tercera vez en su corta historia el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es decir, vuelve a tener influencia global en momentos críticos. El país es miembro de los No Alineados, del G-77 y de la Mancomunidad Británica de Naciones, lo que le da un aire tercermundista de peso. Mantiene excelentes relaciones con China e India (país de origen de más de la mitad de su población). Por último, no se puede desconocer el papel solidario que debería tener el Reino Unido con Guyana, como antigua potencia colonial y firmante del Acuerdo de Ginebra de 1966, lo que seguramente conllevaría el respaldo europeo.
Mientras escribo estas líneas, a petición de Guyana está reunido el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en sesión cerrada. Es posible que el Consejo concuerde con la decisión de la CIJ, que el 1 de diciembre dispuso que “Venezuela debe abstenerse de adoptar cualquier medida que modifique dicha situación (territorial)” y recuerda que las órdenes de la Corte -que ya resolvió ser competente para conocer y fallar el caso- crean obligaciones jurídicas internacionales.
Para nosotros en Chile el tema es claro. Lo dispuesto por la CIJ la semana pasada no puede ser ignorado y requiere un pronunciamiento de nuestra parte, apoyándolo. Tampoco puede ser obviado el hecho de que la diferencia entre Venezuela y Guyana fue resuelta por un instrumento internacional como el Laudo Arbitral de 1899. No podemos dejar de lado que ambas partes en 1966 acordaron la negociación pacífica como único mecanismo para resolver sus diferencias. No debemos convalidar el uso de la fuerza para obtener una satisfacción territorial por parte de Venezuela. No podemos debilitar el papel fundamental de la CIJ como mecanismo de solución de controversias, aunque un plebiscito espurio le haya dado a la dictadura argumentos políticos circunstanciales. En otras palabras, creo que adherimos correctamente a la Declaración de Mercosur.
