Columna El Tiempo, 18.01.2023 Mauricio Vargas, periodista colombiano y exembajador en Francia
En menos de un año de gobierno, el presidente chileno ha indignado a todos los sectores políticos.
A inicios de junio de 2022, en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, California, el presidente chileno, Gabriel Boric, fue protagonista de la Cumbre de las Américas.
No solo se hizo notar por ser, con 36 años, el mandatario más joven en asistir al encuentro.
Para hacerse sentir más, le apostó a confrontar al anfitrión, el presidente Joe Biden, al cuestionar con vehemencia el embargo estadounidense a Cuba.
No contento con eso y muy orgulloso de ser uno de los pocos cuya popularidad estaba por encima del 50 por ciento, se la pasaba preguntándoles a los demás mandatarios cuánto marcaban en los sondeos. Siete meses después, si se diera una cumbre similar, Boric podría volver a exhibir su juventud –aún no cumple los 37–, pero, en cambio, en cuanto a las encuestas, seguro mantendría la boca cerrada.
Dos grandes sondeos divulgados hace pocos días muestran al mandatario chileno en franco retroceso. Lejos está de los días en que más de la mitad de los chilenos respaldaba su gestión.
En la encuesta Cadem, Boric apenas consigue 25 por ciento de aprobación a su gestión, contra un contundente 70 por ciento que la desaprueba. En el sondeo CEP, solo 24 por ciento lo aprueba, contra 61 por ciento que lo desaprueba. Y eso que apenas en marzo cumplirá el primero de sus cuatro años de mandato.
Boric tuvo unas pocas semanas de luna de miel. “Su nivel de aprobación está significativamente por debajo de cualquier otro presidente durante su primer año, lo que lo deja en un muy mal pie para comenzar los años más difíciles para los gobiernos, que son el segundo y el tercero”, explicó el directivo y analista de la encuestadora Cadem, Roberto Izikson.
El chileno no es el único presidente de izquierda de la región que anda en problemas. Su vecino, el argentino Alberto Fernández, es uno de los peor valorados: un escaso 19 por ciento de sus compatriotas tienen de él una imagen positiva, y poco más de 20 por ciento respalda su gestión.
Antes de ser destituido, el peruano Pedro Castillo se movía entre 23 y 26 por ciento de aprobación. En Colombia, Gustavo Petro está mejor ubicado, pues su aprobación oscila entre 40 y 50 por ciento. Pero la tendencia no es buena: en agosto, al iniciar su mandato, en la mayoría de los sondeos superaba el 60 por ciento.
Conducción errática
Cuando asumió la presidencia, en marzo de 2022, Boric tenía la responsabilidad de conducir el proceso de reforma constitucional iniciado bajo el gobierno de su antecesor, el centroderechista Sebastián Piñera.
La convención constituyente elegida en el marco de los acuerdos entre Piñera y los líderes de las protestas de 2019 y 2020 había quedado conformada con amplia mayoría de la izquierda y de grupos indigenistas.
La ambición revolucionaria de parte de los constituyentes, combinada con su falta de conocimiento en temas jurídicos, llevó a que el proyecto de nueva Constitución se llenara de artículos que se movían entre la pésima redacción legal, el absurdo y una escasa identificación con las preocupaciones del chileno promedio.
A pesar de no estar de acuerdo con una porción del articulado, Boric respaldó el texto final, que, en septiembre, fue sometido a un referendo.
El presidente alegaba que el texto era en todo caso mejor que la carta de tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet, y que ya habría ocasión de mejorarlo.
Eso no convenció a los votantes: 62 por ciento rechazó el proyecto, contra 38 por ciento que lo validó. La reforma constitucional se hundió.
Boric tuvo que arrancar de cero y pactar con los partidos de su entorno y de la oposición la convocatoria de una nueva constituyente, que será elegida en mayo.
Que él y su gobierno anden de capa caída en materia de favorabilidad y respaldo no le permite ser optimista con respecto a la elección, en mayo, de los 50 miembros del Consejo Constitucional que debe redactar la nueva carta.
Pero aun si en mayo Boric evitara que la oposición se quede con las mayorías de la nueva constituyente, el problema es que se trata de un asunto que ha dejado de ser una preocupación central de los chilenos.
“La situación económica es un tema importante, ya que hay un deterioro de las expectativas –explicó Carmen Le Foulon, de la encuestadora CEP, al analizar la caída de Boric–, y asociado a eso está el aumento en la preocupación por la delincuencia”. La inseguridad, la inflación y la casi segura recesión en 2023 lideran la lista de inquietudes de los chilenos.
Hasta 2021, Chile había logrado mantener la más baja tasa anual de homicidios de América Latina, con 3,6 por cada 100.000 habitantes, muy lejos de los 40,9 de Venezuela, los 38 de Honduras o los 26 de México y Colombia. Pero en el primer semestre del año pasado, dicho indicador creció en Chile un 30 por ciento, y aunque no hay cifras consolidadas para el cierre de 2022, todo apunta a un afianzamiento de tan negativa tendencia.
Bandas de narcotráfico y sicariato, robo callejero y asaltos a residencias y locales comerciales se han vuelto noticias recurrentes: 52 por ciento de los encuestados en un sondeo reciente dijeron no sentirse seguros al caminar por las calles, y una cifra similar asegura que le estresa el riesgo de ser víctima de la inseguridad.
La esperada nueva Constitución, exigencia que fue producto de las movilizaciones de 2019, fue rechazado en el plebiscito por los chilenos. Ahora se espera una nueva redacción de la Carta Manga.
La economía tampoco va bien. Tras décadas de estabilidad económica, reducción de la pobreza y consolidación de la clase media, el optimismo que despertó el modelo chileno luce como cosa del pasado.
Las manifestaciones del 2019 y 2020, además de su alto contenido político, reflejaron que las expectativas de esa nueva clase media, en especial de los jóvenes, no resultaban satisfechas por ese modelo que, no obstante, sus logros, resultó satanizado debido a sus limitaciones.
Muchos de esos jóvenes que entonces criticaban a Piñera y a los partidos tradicionales ahora están decepcionados con Boric. La situación de las clases media y popular no solo no ha mejorado, sino que incluso se ha deteriorado.
Según la encuesta CEP, 63 por ciento de los encuestados califican la situación económica como mala o muy mala.
Chile cerró 2022 con una inflación de 12,3 por ciento, la más alta en 30 años. Se trata de una tendencia mundial debido a la reactivación de la demanda tras la pandemia y al aumento de precios de los productos agrícolas y de los hidrocarburos por la guerra en Ucrania. Y aunque Boric no tiene la culpa de eso, está pagando el costo de haber generado muy altas expectativas con el tono populista de su campaña electoral.
Si el cierre de 2022 no fue el mejor para Chile, 2023 pinta incluso peor. Según un reciente informe de la Cepal, “las proyecciones apuntan a un crecimiento del PIB para el 2022 del 2,3 por ciento, mientras que para el 2023 se proyecta una baja del -1,1 por ciento”.
El Banco Central chileno es aún más pesimista: según sus análisis, el crecimiento de 2022 no habría llegado a 2 por ciento y la caída en 2023 puede ser mayor de 1,5 por ciento. Todo indica que el que se inicia será para Chile un año de recesión.
Los indultos
Hubo irregularidades en el proceso y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia.
El cielo ya estaba bastante cargado de nubes grises antes de finales de 2022, cuando Boric le sumó una descarga de truenos y centellas.
En cumplimiento de una promesa de campaña hecha a los jóvenes que habían liderado las protestas contra Piñera, decidió indultar a doce activistas de esas marchas que habían sido condenados por la justicia por cometer actos vandálicos.
Además, Boric aprovechó el momento para indultar a un exguerrillero de tiempos de la dictadura, Jorge Mateluna, sobre quien pesaba una condena a 16 años de cárcel, por el asalto a una entidad bancaria.
Mateluna ya había sido condenado e indultado en el pasado, y la nueva condena tenía en cuenta la reincidencia, pero Boric dijo estar convencido de la inocencia del sentenciado: “Hubo irregularidades en el proceso y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia”, sostuvo.
Estas palabras causaron una dura controversia del presidente con el Poder Judicial y, en especial, con la Corte Suprema.
Los magistrados alegaron, con bastante razón, que valorar la inocencia o culpabilidad de un procesado no le correspondía al primer mandatario, sino a los jueces.
Pero el mayor costo lo pagó Boric a nivel de opinión: según la encuesta Cadem, 64 por ciento de los chilenos estuvieron en desacuerdo con el indulto a los 12 jóvenes de las protestas, y 74 por ciento se opuso al que benefició al exguerrillero Mateluna.
Boric titubeó y, aunque no reversó los indultos, le pidió la renuncia a la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y al jefe de gabinete de la Presidencia, Matías Meza-Lopehandía, los dos funcionarios que habían estado a cargo de estudiar los casos y preparar la decisión presidencial. Eso no apaciguó las críticas opositoras, pero en cambio decepcionó a los sectores de izquierda que respaldaban los indultos.
Para Roberto Izikson, de Cadem, en este episodio Boric logró reactivar dos de las críticas más recurrentes en su contra: que el Gobierno tiene una actitud débil frente a la delincuencia y que hay “falta de experiencia para gobernar y constantes cambios de opinión del presidente”.
Al indultar, Boric indignó al centro y a la derecha; al arrepentirse, indignó a la izquierda. Y a todos les despertó dudas sobre la firmeza de su liderazgo.
En Colombia, el presidente Petro enfrenta dilemas similares en cuanto a excarcelar manifestantes condenados, así como un panorama económico oscuro para 2023 y un aumento de la inseguridad. Por esa razón, sería conveniente que se mirase en el espejo de su colega Boric y que, de la mala hora que el mandatario chileno está viendo, derivara las debidas lecciones.
