Columna El Líbero, 18.12.2020 Dr. Jorge G. Guzmán, Mag., MPhil & PhD Polar cantabrigiensis
Se trata, por cierto, de una oportunidad para que las comunidades regionales exijan que los nuevos Gobernadores sean dotados de potestades para el manejo y la gestión inteligente de sus propios territorios, en una función de coexistencia y de tareas compartidas con el Estado Central y su política exterior.
El plebiscito del 25 de octubre constituye un claro mandato a descentralizar y democratizar el proceso de elaboración de la nueva Constitución de Chile. Bastiones públicos hasta hoy gestionados por elites burocráticas y sus anillos de influencia quedaron expuestos y permeables a nuevas corrientes de opinión y decisión. Una oportunidad para repensar el papel que las regiones -especialmente las extremas- deben desempeñar en la gestión y la administración de sus propios recursos naturales, desde la alta cordillera al límite exterior del Mar Chileno.
Durante las últimas tres décadas uno de los espacios públicos de mayor crecimiento es aquel de la política exterior, particularmente de la política vecinal. Históricamente circunscrita a las cuestiones comerciales, de “imagen país” y de cuidar “fronteras” (menos que límites), la política internacional se ha visto obligada a asumir cuestiones tan disímiles como cuánto CO2 debe emitir Chile; cómo cuidar nuestra salud; qué libros de matemáticas deben estudiar nuestros niños, o, incluso; a cuáles valores debemos adscribir. La obsesión de ciertas corrientes ideológicas por reglamentar la vida de las personas (desde el amanecer al anochecer) surge a fines de la II Guerra Mundial con la estandarización de modelos de desarrollo que, a nivel global, se aceleró a partir de la caída del Muro de Berlín y la irrupción de la globalización económica. El mundo y Chile se volvieron interdependientes, la soberanía se hizo más difusa y la estandarización de las sociedades una práctica habitual. Tal vez por ello no sorprende el anuncio de un acuerdo con la OECD para que ésta última asesore al país en la elaboración de la nueva Constitución, o que las mismas elites castigadas en el plebiscito, traten de reinventarse (¡todos ganaron!) para mantener privilegios y tutelar la vida pública de los ciudadanos. Un intento fútil.
El proceso político al que Chile está a punto de ingresar ofrece a las regiones la oportunidad de poner en valor -desde la ciudadanía hacia el gobierno central- sus territorios terrestres, marítimo y polares, con todos sus recursos naturales vivos y no vivos. Ello, porque, en definitiva, la propiedad tales recursos corresponde a las personas y a nadie más que a ellas.
Es claro que la inequitativa distribución territorial de la riqueza es parte del cúmulo de razones de la actual crisis política, social y espiritual. Si bien el modelo económico consolidado en los 80 y 90 permitió la rápida modernización del país (especialmente de la Región Metropolitana), también es cierto que la Constitución que lo hizo posible fortalece el centralismo al delegar en el Presidente de la República el ejercicio exclusivo y excluyente de ejes fundamentales der la vida nacional, por ejemplo, la política exterior y sus efectos materiales sobre las comunidades regionales.
Entregar a Bolivia, sin consulta, un corredor terrestre de 270.000 hectáreas de nuestro extremo (Gobierno Militar), o asignar 300.000 hectáreas de Tierra del Fuego a una ONG norteamericana, son, con una diferencia de 40 años, ejemplos paradigmáticos del modus operandi paternalista de quienes desde Santiago, y ajenos a las realidades regionales, “a piacere“ disponen del territorio nacional. Ejemplos de esta práctica esencialmente antidemocrática sobran:
¿En 2016, se consultó a la ciudadanía la decisión de confinar el 43% del mar patrimonial chileno como zonas protegidas, por lo mismo no disponibles para los agentes económicos y sociales de las Regiones?
¿Participaron las Regiones mineras en la elaboración del Tratado Minero con Argentina (1997), que socava su patrimonio y lo ofrece a las multinacionales?
¿Por qué la Región de Magallanes carece de potestad para exigir una mejor protección legal de la plataforma continental de nuestra Provincia Antártica (al sur del Canal Beagle)?
¿Qué impide a la Región de Antofagasta revertir la gran migración ambiental forzada del pueblo atacameño por el entubamiento del río Silala (defendida por el Estado chileno), hace poco documentada por un grupo de académicos chilenos?
¿Es tan reservada la cuestión de los Campos de Hielo, que la Región de Aysén no haya logrado interrumpir decisiones lesivas del Estado chileno en 1998, y que hasta ahora la Región de Magallanes y Antártica Chilena tampoco haya sido consultada, no obstante que el acuerdo vigente con Argentina incluso resta un sector al Parque Nacional Torres del Paine?
¿Por qué en 2014 Arica se vio obligada (a callar) y a ceder una valiosa parte de su Zona Económica Exclusiva al Perú?
En la coyuntura este debate tiene carácter trascendente, pues ocurre ad portas de, primero, la elección de los primeros Gobernadores Regionales y, segundo, de la articulación de una Asamblea Constituyente. Se trata, por cierto, de una oportunidad para que las comunidades regionales exijan que los nuevos Gobernadores sean dotados de potestades para el manejo y la gestión inteligente de sus propios territorios, en una función de coexistencia y de tareas compartidas con el Estado Central y su política exterior.
La ausencia de participación efectiva de las comunidades regionales en estos y otros asuntos de política exterior ha permitido que las elites burocráticas centralistas se adueñaran no solo de las agenda social y ambientalista, sino que, además, de la propiedad de las aspiraciones de los millones de desheredados de un modelo de desarrollo que, en parte sustancial, depende de la explotación de los recursos naturales de la Regiones.
Esto no debe continuar: llegó la hora de las Regiones.
