Columna La Nación, 07.11.2022 Jonathan A. Greenblatt, director ejecutivo y director nacional de la Liga Antidifamación
En una entrevista grabada una semana antes de su viaje a Nueva York para la Asamblea General de la ONU en septiembre, el presidente iraní Ebrahim Raisi puso en duda el Holocausto. Mientras Raisi pronunciaba su discurso desde el podio de la ONU, los manifestantes en todo Irán estaban en las calles denunciando a la República Islámica por el asesinato de Mahsa Amini, de 22 años, por parte del régimen, por no respetar el estricto código de vestido del país. Mientras los esfuerzos diplomáticos -aún lejos de alcanzar una solución- continúan al margen de la Asamblea General de la ONU, estos indignantes acontecimientos son un sombrío recordatorio de la naturaleza del régimen iraní, mientras sus funcionarios siguen presionando para que se alivien las sanciones a cambio de un nuevo acuerdo nuclear.
Como director ejecutivo de la Liga Antidifamación (ADL) -la principal organización mundial contra el odio y comprometida con la lucha contra el antisemitismo y el extremismo violento-, estoy convencido de que cualquier compromiso diplomático con la República Islámica de Irán debe abordar toda la gama de agresiones iraníes. Sencillamente, además de ser una fuente de extremismo e inestabilidad en el Medio Oriente -y más allá- el régimen iraní es también el principal patrocinador estatal del terrorismo, el antisemitismo y la negación del Holocausto. Teherán no solo ha perpetrado atentados terroristas contra comunidades judías en todo el mundo, desde Medio Oriente hasta América Latina, sino que también está comprometido con una misión genocida para borrar a Israel “del mapa”.
Debemos tomar en serio todas las amenazas de Irán. Un acuerdo defectuoso puede proporcionar a Teherán y a sus agentes terroristas la libertad y fondos para desarrollar sus agresiones y alcance, que amenaza a personas de todo el mundo, incluidas las comunidades judías. Nos preocupa especialmente que el acuerdo proporcione al régimen iraní, a los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y a sus agentes terroristas -específicamente, Hezbollah, Hamas, la Yihad Islámica Palestina y la milicia Hutí en Yemen- no solo decenas de miles de millones de dólares en fondos, sino también la capacidad para adquirir equipos más avanzados para acabar con vidas inocentes.
La ADL ha abogado durante mucho tiempo por una fuerte acción internacional para hacer frente a toda la gama de políticas extremistas de Irán, nucleares y no nucleares, su patrocinio estatal del terrorismo, la propagación mundial del antisemitismo y la negación del Holocausto, y la persecución de minorías vulnerables. El principal obstáculo a la capacidad del régimen iraní para llevar a cabo sus planes asesinos durante las últimas cuatro décadas ha sido el compromiso de los Estados Unidos de oponerse legal, financiera, diplomática y militarmente, junto con nuestros aliados y socios, incluido Israel. Si no fuera por las fuertes sanciones estadounidenses que socavan seriamente la capacidad de Teherán para financiar su campaña de terror y adquirir tecnologías y material militar y de doble uso, la lista de víctimas del régimen en todo el mundo sería mucho más larga.
El régimen iraní sigue siendo la mayor amenaza para los judíos a nivel mundial. Ninguna defensa de la lucha contra el antisemitismo puede ignorar o permanecer callada cuando el régimen iraní puede aprovechar su programa de armas nucleares para redoblar sus ambiciones genocidas contra los judíos e Israel. Es necesaria una mayor vigilancia para contrarrestar las vías no nucleares de Teherán para adelantar su programa de terrorismo, intimidación y odio de décadas.
Estos pasos deben comenzar con medidas rigurosas de control, verificación y aplicación de la ley, a fin de garantizar que el régimen iraní no pueda desarrollar armas nucleares de forma ilícita, como ha intentado repetidamente en el pasado. La prevención de las ambiciones genocidas de Teherán debe extenderse también a la imposición de fuertes restricciones al programa de misiles balísticos con capacidad nuclear del régimen. Los CGRI y la red de empresas que controlan no deben disfrutar de ningún tipo de alivio de las sanciones. Esto debería incluir una fuerte aplicación de las sanciones secundarias.
Estados Unidos y sus aliados también deben atacar el poder blando del régimen iraní. Esto debería empezar por negar a la propaganda e incitación iraníes cualquier acceso a las ondas de radio y televisión occidentales, incluyendo sanciones más fuertes contra la Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB). También debemos solidarizarnos con el pueblo prodemocrático de Irán y apoyar a las minorías étnicas, religiosas, de género y sexuales vulnerables del país contra la brutal opresión del régimen.
Sin embargo, resistirse al poder blando de Teherán es una tarea que no puede delegarse únicamente en el gobierno de Estados Unidos. Dado que Irán está dispuesto a aprovechar los nuevos fondos que espera recibir del acuerdo para intensificar su campaña de intimidación e incitación en los medios sociales occidentales, las empresas tecnológicas tienen la responsabilidad moral de bloquear la propaganda iraní en sus plataformas.
No se equivoquen: un acuerdo nuclear con Irán no transformará ni los valores ni los objetivos de este régimen genocida que ha usurpado la voluntad del pueblo iraní durante más de cuatro décadas. Sin embargo, la vigilancia desde el Estado hasta el sector privado y desde las organizaciones de defensa hasta los individuos, ha restringido y seguirá restringiendo la capacidad de Teherán de segar vidas, difundir el odio e incitar a la violencia.
