Columna El Montonero, 28.01.2021 J. Eduardo Ponce Vivanco, embajador (r) y ex viceministro de RREE peruano
Una advertencia a las izquierdas
Un rasgo típico de las repúblicas bananeras es el entusiasmo por cambiar de constitución. Están en las antípodas de ejemplos paradigmáticos como el de Estados Unidos, que mantienen la Carta Política adoptada en 1776, al nacer como nación independiente y soberana. Respetuosamente preservada como un tesoro colectivo, su texto ha sido perfeccionado por 27 enmiendas, e interpretado en la rica jurisprudencia de la Corte Suprema. Ese proceso histórico continuo es la garantía vital de su democracia y su fortaleza institucional.
En el polo opuesto se encuentran naciones como la nuestra, que compiten por incumplir y cambiar constituciones, como si fueran prendas de vestir viejas o pasadas de moda. Es un socorrido atajo de los candidatos presidenciales a la caza de votos. Ofrecen humo e ilusiones de redención si reemplazamos la Carta Magna de 1993 con una nueva. No les importa adoptar una peor que la actual, ni el mecanismo para debatirla y aprobarla, siempre que sea nueva. Y tampoco les interesan los buenos resultados económicos y sociales logrados en los 28 años de vigencia de nuestra Constitución, aumentando la riqueza, el emprendimiento y la gran inversión, y disminuyendo radicalmente la pobreza. Descartan de plano la sensata y eficiente posibilidad de perfeccionarla mediante los mecanismos de reforma que dispone, y que han sido utilizados con tanta frecuencia.
El mayor aporte de la Constitución vigente es establecer el rol subsidiario del Estado en la economía, fortaleciéndolo con el respeto a la propiedad y los derechos privados, la competencia propia del libre mercado y el estímulo a las inversiones y al empleo generado por ellas. Ninguna de las constituciones o estatutos provisorios precedentes (más de veinte a lo largo de dos siglos) promovieron tan eficazmente el desarrollo, la reducción de pobreza y la construcción de cimientos macroeconómicos y fiscales tan firmes como los que nos han permitido sobrevivir a los desórdenes político-sociales de los últimos años. Y evitar que la pandemia los derrumbe.
Pero el progreso que la Constitución alentó es intolerable para la izquierda y los “progresismos” afines. De ahí surge la corriente revisionista que lideran Verónika Mendoza y Marco Arana, a quienes se han sumado populistas y oportunistas como Vizcarra. Ellos creen que las mayorías peruanas ignoran los desastres de Venezuela, del socialismo del siglo XXI, o de recetas que ofrecen ilusiones igualitarias inalcanzables y alejadas de la convicción de la mayoría de peruanos: esfuerzo y trabajo en libertad.
Son candidatos que no quieren entender realidades tan visibles como las que laten en el inmenso segmento de informales que viven de su libertad, o el significado de ese fenómeno tan importante que analiza Rolando Arellano en su artículo “Perú: el país más empresario del mundo” (El Comercio, 25/1/2021). Sorprende cuando afirma que “entre el 65% y 75% de los peruanos tienen intención de crear una empresa”, y que los “2.3 millones de empresas registradas en la Sunat” equivalen a “una ratio de 1 empresa por 14 ciudadanos”. Un porcentaje tan dinámico que nos coloca encima de EE.UU. (22%), Chile (18%) y Colombia (33%); porcentajes que aumentan en el caso de empresas informales.
Con el tejido socio-económico que evidencia esta data es improbable que el voto de los peruanos se incline por quienes propugnan políticas socialistas o dirigistas, contrarias a la libertad de emprendimiento y a comportamientos económicos tan firmemente asentados en nuestro país.
