Columna El Líbero, 10.01.2022 José Rodríguez Elizondo, periodista y director del Programa de RRII (Facultad de Derecho-U. de Chile)
El éxito de una política antiterrorista beneficia tanto al gobierno como a la oposición (…) no hay terrorismo exitoso sin una oposición cómplice, irresponsable o suicida. En definitiva, el objetivo realista de la libertad con seguridad no es tener siempre al lobo en la mira del fusil, sino instalar políticas que permitan disfrutar de una sociedad sin lobos.
Días atrás el senador Francisco Huenchumilla, descendiente de mapuches, planteó por la prensa la necesidad de un diálogo con la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).
Como hemos llegado a saber, CAM es una de las diversas organizaciones del pueblo mapuche en demanda de reparaciones históricas. Pero tiene un rol que la distingue: ha declarado la guerra al “poder colonial” (léase, al Estado vigente) y no de manera figurada. En la llamada Macrozona Sur, sus efectivos utilizan métodos que la doctrina considera terroristas: ataques armados, incendio de casas y vehículos, robo de maderas, bloqueos de caminos, resistencia ante la policía y reivindicación audiovisual de sus acciones.
Eufemismo con causa
Objetivamente, el senador mencionado pertenece a la mayoría mapuche integrada al sistema jurídico-político. Es abogado y destacado militante democratacristiano. Como tal, antes fue alcalde, diputado, ministro e incluso intendente de la Araucanía. Por lo mismo, está muy al tanto de la incrementada complejidad del conflicto con su pueblo originario y de su correlato actual: el desborde de la fuerza policial, que implica el desborde del Estado nacional.
Desde esas circunstancias, sin duda desgarrantes, no puede ignorar que el único diálogo aceptable, entre un gobierno legítimo y una organización insurgente, tiene dos capítulos principales: cuándo y dónde deponer las armas y cómo implementar la reinserción social de sus miembros. La amnistía para los prisioneros y otros temas afines, serían capítulos subordinados.
Sin embargo, todo indica que el senador usó la palabra “diálogo” para plegarse, de manera táctica, a la orientación de dialogar con todos, CAM incluida, del futuro gobierno de Gabriel Boric. En efecto, lo que plantea es una negociación estratégica, con uno de los distintos centros de poder del pueblo mapuche, para instalar “una completa política de reparación que, aceptada por ella (la CAM), permitiría terminar con la violencia sin necesidad de recurrir a la acción de fuerza del Estado”.
Rendición sin causa
Dicho en corto, el senador patrocina negociar con una organización armada, sobre todas las reivindicaciones históricas del pueblo mapuche, una de las cuales es la autodeterminación. Como ilustración contrafactual, es como si al gobierno español de Felipe González se le hubiera propuesto negociar con ETA el separatismo vasco.
La réplica surgió de inmediato, pero no desde políticos en activo, sino desde intelectuales, entre los cuales el escritor Sergio Muñoz y el excanciller Ignacio Walker. Argumentaron, en síntesis, que la violencia y el terror, en sus distintas variables, son refractarias a la negociación política y que, en el marco de una democracia, por debilitada que esté, son una amenaza nacional que debe enfrentarse con políticas de Estado.
Dicho de otra manera, una negociación sin fronteras con la CAM sólo podría darse entre un gobierno en trance de rendición y un pueblo mapuche que se asume legítimamente representado por una fracción armada.
Un caso concreto
En relación con lo planteado está el “principio” de plurinacionalidad, hoy en diversas agendas políticas, entre las cuales la de la Convención Constituyente.
Llama la atención que ese tema se esté tratando sin complejizarlo, como si fuera de fácil despacho. Sin reparar, por ejemplo, en su funcionalidad directa respecto a las voluntades separatistas organizadas.
Da la impresión de que, por improvisación o lo que sea, se está identificando la plurinacionalidad, que es una realidad demográfica instalada, con la multiculturalidad, que es un derecho humano en distintos niveles de respeto (o de violación).
Tal identificación no sólo es errónea, sino peligrosa. Comienza por la desvalorización de los símbolos nacionales tradicionales y, en su dinámica, puede inducir la autodeterminación, concebida como fragmentación del Estado nacional. Es decir, su desaparición como actor nacional unitario, con los consiguientes e imprevisibles efectos internacionales.
No es una divagación desde la nube académica. Tengo a la vista un caso concreto, producido recientemente en el Perú. Aludo a la reunión convocada en el Cusco por el expresidente boliviano Evo Morales, para crear una instancia plurinacional, que trascendería a los Estados, con base en los pueblos originarios del Perú, Bolivia y Ecuador. El proyecto Runasur.
Dicho evento fue denunciado como intervencionista por los más avezados expertos peruanos en política exterior. Prestigiosos diplomáticos, encabezados por los excancilleres Allan Wagner, José Antonio García Belaunde y Ricardo Luna, emitieron una dura declaración, acusando a Morales de querer fundar en el Cusco una “América Plurinacional”, a semejanza de la denominación que aplicó en Bolivia. Sus actores serían “pueblos indígenas, obreros, profesores, campesinos y académicos escogidos con la misión de capturar el poder”. Su objetivo geopolítico sería “desmembrar al Perú, otorgando a Bolivia una salida soberana al Pacífico y así conformar una nación aymara como extensión territorial”.
En resumidas cuentas, Runasur era un proyecto con base plurinacional, antagónico con la soberanía e independencia de por lo menos tres países de la subregión andina. Y como si aquello fuera poco, escondía un objetivo estratégico urticante para la gran mayoría de peruanos y chilenos: desconocer la contigüidad territorial restablecida por el tratado de 1929 y su protocolo complementario.
Tras la denuncia mencionada, Evo fue declarado persona non grata por la comisión de relaciones exteriores del Congreso y el presidente Pedro Castillo suspendió la reunión programada, no se sabe si con su anuencia.
Seguridad en democracia
Está claro que no se trata de negar el respeto a la multiculturalidad ni el diálogo acotado con las organizaciones violentistas. La historia de los conflictos internos enseña que no es sensato confiar la seguridad del Estado al negacionismo (léase, censura) ni sólo a esas medidas de fuerza que se identifican como “mano dura”.
La verdadera eficiencia, en tan delicada materia, supone que la libertad de opinión se respete y que las medidas de fuerza se dispongan y ejecuten en el marco de una política de Estado. Es decir, en el marco de una política no confrontacional, que contemple desde la coyuntura hasta el largo plazo.
En una democracia, lo dicho implica aceptar que el éxito de una política antiterrorista o antiviolentista beneficia tanto al gobierno como a la oposición. Si la oposición de turno no participa de esta lógica, pasaría a ser parte importante del problema, pues no hay terrorismo exitoso sin una oposición cómplice, irresponsable o suicida.
Es que, en definitiva, el objetivo realista de la libertad con seguridad no es tener siempre al lobo en la mira del fusil, sino instalar políticas que permitan disfrutar de una sociedad sin lobos.
