Columna El Líbero, 26.10.2024 Fernando Schmidt Ariztía, embajador (r) y exsubsecretario de RREE
Casi desapercibido pasó el acuerdo entre el Reino Unido y la República de Mauricio para el inicio de negociaciones que conducirán a un Tratado por el que Londres devolverá la soberanía de las islas Chagos al país africano. En dicho archipiélago se encuentra la isla Diego García, base militar estratégica de Estados Unidos en el Índico, pero la negociación para el traspaso de soberanía no afectaría dicha condición. De hecho, los Estados Unidos fueron grandes promotores de la solución política. Es inevitable que lo ocurrido nos remita a las islas Malvinas, como precedente para una negociación futura, aunque se trate de casos distintos desde un punto de vista histórico y jurídico.
Durante la colonia, las Malvinas fueron conocidas como “Sebaldas” ¡y eran parte del Reino de Chile! El nombre procedía de uno de los numerosos navegantes que las avistaron, el neerlandés Sebald de Weert. La soberanía española de las mismas, dada por obvia en sus inicios, se confirmó documentalmente hacia 1761. Poco después, llegaron a las islas franceses de St. Malo (de ahí su nombre actual) que tomaron posesión a nombre de Luis XV. No obstante, ante el reclamo de España los bretones se retiraron en 1767. Lo mismo ocurrió con la instalación de los ingleses en Port Egmont, que acabó en 1774. A partir de entonces, las islas pasaron a depender administrativamente de Buenos Aires y el antiguo campamento francés pasó a llamarse Puerto Soledad. Allí se instaló un destacamento hispano hasta 1811, al que le sucedió un establecimiento argentino dieciocho años más tarde. El poblado trasandino llegó a tener más de un centenar de habitantes, pero fueron expulsados por los ingleses en 1833, lo que originó el reclamo argentino desde entonces.
Londres desestimaba la soberanía argentina sobre el archipiélago al no reconocer los títulos emanados de España, entre otros varios argumentos. Durante los siglos XIX y XX las islas le sirvieron de apoyo a la navegación entre Australia y el Reino Unido; dieron soporte a flotas de balleneros y loberos de diversas nacionalidades (también de Chile); sirvieron de base para la evangelización anglicana en la Patagonia sur y, por supuesto, asentaban la presencia naval británica en las proximidades de los estratégicos pasos oceánicos de Magallanes, Beagle y Drake.
A pesar de la controversia, Argentina mantuvo una vinculación cordial con Gran Bretaña durante la mayor parte del tiempo. Los capitales ingleses dominaban en el transporte marítimo trasandino, el almacenamiento de granos, la refrigeración de carne, el comercio de lana, los ferrocarriles, la banca, entre otros. Sin embargo, esta situación estimuló el nacionalismo entre nuestros vecinos, que en 1966 organizaron el Operativo Cóndor, por el que un grupo de 17 jóvenes peronistas secuestraron un avión y lo dirigieron hacia Puerto Stanley para dar a conocer al mundo la soberanía argentina sobre Malvinas. Fue la primera señal de que la fuerza se podía imponer sobre la razón.
Poco después, la recuperación de Malvinas se convirtió en una “causa nacional” que condujo a infructuosas negociaciones con Londres para el traspaso de soberanía. El proceso diplomático no impedía aún una vinculación normal entre ambas partes en la Patagonia sur. Fue Argentina la que construyó en las islas la primera pista de aterrizaje (1972) que permitió vincular a sus habitantes con el continente y el mundo; la línea aérea LADE, del estado argentino, hacía la ruta de Stanley a Comodoro Rivadavia. Argentina desarrolló un incipiente turismo en Malvinas; estimuló el envío de estudiantes kelpers a las escuelas bilingües de Buenos Aires, Córdoba o Bariloche; abrió sus hospitales para los habitantes del archipiélago. El mismo gobierno inglés de Malvinas introdujo en esa época el español como principal lengua extranjera, y el gobierno argentino financió ese profesorado. Todos estos gestos de confianza se hicieron añicos ante la agresión del 2 de abril de 1982. La “causa nacional» peronista se había convertido en bandera de los militares y las negociaciones en curso dieron paso al lenguaje de la fuerza, confiando en que la “decadente” Gran Bretaña no reaccionaría frente a la invasión. Nada hay más peligroso que enrostrarle a una potencia su pretendida decadencia.
Hoy día, frente al tema de la soberanía de las islas, Chile y todos los países que nacimos de España debemos sustentar los legítimos derechos de Argentina como heredera de la bula intercaetera; el principio uti possidetis iure manifestado por España respecto de Malvinas en 1761. Argentina impulsó el poblamiento civil en 1829 y nosotros, de acuerdo al Tratado de 1881 renunciamos a nuestros derechos patagónicos al otro lado de los Andes para preservar los estratégicos pasos interoceánicos. Así, la soberanía argentina sobre Malvinas es un principio básico. Todo lo demás es negociable y, en este sentido, el caso de las islas Chagos sienta un precedente positivo a explorar.
Las Chagos en el Índico no fueron reclamadas por los europeos hasta el siglo XVIII, cuando Francia las ocupó e introdujo esclavos para sus plantaciones de copra. Se convirtieron en una dependencia de la administración francesa de Mauricio, posesión que en 1814 pasó a manos del Reino Unido. Entre 1967 y 1973 los británicos erradicaron a toda la población de las islas al asociarse a los intereses norteamericanos en plena guerra fría, con el conflicto de Vietnam en plena ebullición. Les entregaron Diego García, la perla del archipiélago, para convertirla en una base militar que hoy es imprescindible para los intereses globales de Norteamérica. Sin embargo, con la independencia de Mauricio de Gran Bretaña en 1968, estos reclamaron las islas mientras, en paralelo, sus habitantes protestaban por la forzada expatriación, sin resultado inicial alguno.
A partir de ahí, Mauricio y los chagossians sometieron sus derechos a las cortes británicas que les dieron la razón. Luego, un arbitraje de la Corte Internacional de Justicia de La Haya emitió una opinión consultiva en 2019 que afirmaba que el Reino Unido “tiene la obligación de poner fin a su administración del archipiélago de Chagos lo antes posible”. En 2022 comenzaron las conversaciones que, después de 13 rondas, culminaron en el anuncio del 3 de octubre, en que se establecía como principios básicos del futuro acuerdo la entrega total de la soberanía del archipiélago a Mauricio, el arriendo de Diego García a Londres por 99 años excluyendo el regreso de la población a esta única isla, y compensaciones a los habitantes expatriados. Este acuerdo debe convertirse en Tratado, pero desde ya refuerza la vigencia del derecho internacional y Estados Unidos, a través de Londres, asienta su seguridad en el Índico, el este de África, el Medio Oriente y el sur de Asia, justo cuando crece la presencia global de China.
Argentina, con sus sólidos títulos de soberanía sobre Malvinas, no va a dejar que un arbitraje como el de Chagos los cuestione, pero está abierta a que se produzca el diálogo con Londres. Esta es una posición de principios, y el caso de las Chagos demuestra, a mi modo de ver, que existe en el Reino Unido un espacio para conversar sobre el tema tabú que, cautelosamente, deberá sopesar los objetivos estratégicos británicos en el Atlántico Sur y Antártica (sin merma de los nuestros); los intereses económicos (petróleo y pesca) y, ciertamente, algún tipo de fórmula de autogobierno para las islas con garantías internacionales, pero bajo soberanía argentina, que permita satisfacer las aspiraciones de la población local, que difícilmente va a sobrepasar los actuales 3.800 habitantes.
Nada sería más útil para el interés de Chile que una solución final a este centenario conflicto, que Argentina recupere la soberanía sobre Malvinas confirmando el origen de nuestros propios títulos. También es importante para Chile, y presumo que para todos los países latinoamericanos que Gran Bretaña vea satisfechos y garantizados sus intereses esenciales y no se nos coloque a todos, cada cierto tiempo, en la situación maniquea de tener que elegir entre derechos y seguridad.