Columna El Dínamo, 13.05.2023 Juan Pablo Glasinovic Vernon, abogado, exdiplomático y columnista
Chile es y ha sido un país minero, qué duda cabe y la minería ha tenido una influencia importante en su política exterior, ya sea por acciones propias o por efectos vecinales, regionales o globales.
Para ejemplificar aquello, recordemos que, en el siglo XIX, el salitre estuvo en el centro del conflicto que derivó en la Guerra del Pacífico. Luego, durante la II Guerra Mundial, el 18% del cobre usado en la industria bélica aliada fue chileno. Tras ser atacado por Japón, Estados Unidos impuso un precio de guerra al cobre chileno (ayudado también por cuanto las principales compañías mineras eran estadounidenses), a 12 centavos la libra, la mitad de lo pagado en la I Guerra Mundial y un tercio del valor de mercado. Este precio significó para el país una enorme pérdida de recursos y una nunca reconocida (aunque involuntaria) contribución al esfuerzo de guerra de los aliados (Chile declaró la guerra al Eje el 13 de abril de 1945).
Más tarde, la nacionalización del cobre por el presidente Allende generó graves problemas con las empresas expropiadas y sus países de origen con demandas, confiscaciones, bloqueos y cierres de mercados, lo que sin duda fue parte del descalabro económico de aquellos años.
Con el advenimiento de la dictadura militar, se modifica el rumbo en materia minera, permitiendo la inversión extranjera y el control total privado, aunque sin deshacer lo que se había nacionalizado. Esto atrajo ingentes inversiones y convirtió a Chile en uno de los principales productores de minerales del mundo, con el liderazgo en el cobre. Este desarrollo minero, que sigue cubriendo alrededor de la mitad de nuestras exportaciones, sin duda que apalancó el desarrollo de otros sectores, diversificando la inversión extranjera.
Actualmente, como consecuencia de la crisis climática en curso, ha habido un exponencial desarrollo de las energías renovables y de la electromovilidad (además de la industria electrónica), para lo cual son claves minerales como el cobre, litio, cobalto, molibdeno, níquel y otros, muchos de los cuales son explotados en Chile y por tanto nos sitúa en una posición estratégica para esta urgente transformación global.
El gobierno del presidente Boric ha impulsado diversas iniciativas en relación con el principal sector de la economía chilena. Por un lado, ha presentado un proyecto de nuevo royalty para la gran minería cuyo propósito declarado es dejar más recursos en las regiones y comunas donde se extrae el mineral, para que gocen de un desarrollo acorde a lo que se genera y se mitiguen las externalidades negativas. Evidentemente, el nivel del royalty (respecto del cual parece haber acuerdo y que está en su fase final de tramitación legislativa) no solo influirá en los resultados de las empresas en los próximos años, también podría ser un factor para futuras decisiones de inversión, tanto de las empresas instaladas en el país, como de potenciales nuevos actores, considerando otros países que están desarrollando su minería y que se pueden volver más atractivos. Como sabemos, la ley de nuestras minas de cobre ha ido bajando, lo que ha aumentado los costos de producción y seguirá haciéndolo, disminuyendo por ende las utilidades. Y no hay en perspectiva en el mediano plazo, en lo que al cobre atañe, nuevos yacimientos que puedan tomar el relevo de las grandes explotaciones actuales.
Otro hito en la actual política gubernamental es el anuncio de la denominada “estrategia nacional del litio”, que busca potenciar este mineral, que ya el año pasado tuvo a la empresa SQM como la principal contribuyente tributaria para el Estado de Chile. Básicamente a lo que se apunta es que el estado chileno tenga el control de todo el ciclo productivo del litio, con el objetivo declarado de darle más valor y generar mayores recursos para el país.
Algunos, especialmente en el exterior, se refieren a esta estrategia como una nacionalización, aunque en rigor no lo es, porque el Estado es el dueño del recurso, el que puede concesionar. Es así como operan las empresas privadas SQM y Abermarle, las que en conjunto representan el 25% de la producción mundial de litio. SQM tiene contrato para operar hasta el 2030 y Abermarle hasta el 2043. El gobierno informó que negociará con estas empresas para sumarlas a la estrategia (en otras palabras, que se modifiquen los contratos existentes para entregar el control al Estado).
Lo que en la superficie parece una negociación acotada a 2 empresas y la voluntad de implementar un sistema con preeminencia estatal, tiene muchas derivadas. En primer lugar, está la propiedad de las empresas cuyo régimen se supone cambiará (lo que abre una interrogación sobre su futuro). Abermarle es controlada por capitales norteamericanos y SQM tiene un 24% de propiedad china. Esto no es casualidad. El litio se ha convertido en un mineral estratégico y ambos países están en la carrera por su control.
China procesa y refina actualmente dos tercios del litio en el mundo y controla casi 1/3 de su producción, con una gran industria relacionada con este mineral. Por eso que la negociación con SQM no puede desvincularse de China. Este país puede considerar en algún punto que la mencionada estrategia atenta contra su economía y su plan de predominio tecnológico. Por su parte, Estados Unidos, que va más atrasado en la carrera, podría ver esto como favorable, al menos instrumental y temporalmente por los efectos que podría producir en China.
Es factible pensar que el gobierno chileno debe haber tenido a la vista lo que hizo Indonesia con el níquel al proponer su plan. Este país, que tiene la mayor reserva de níquel del mundo, en 2020 prohibió su exportación sin procesar para forzar una industrialización relacionada, lo que se ha traducido en la instalación de fábricas de baterías, posicionando a Indonesia en el mapa de la electromovilidad. Esto fue posible porque dicho país tiene un 25% de las reservas estimadas de níquel, lo que le permite condicionar este mercado. En el caso del litio, las reservas están más distribuidas, pero casi la mitad está repartida entre Bolivia, Argentina y Chile (en ese orden).
Si no lo ha hecho, sería importante que el gobierno revisara en profundidad lo que ha ocurrido en Indonesia para ver qué replicar de esa experiencia y hasta buscar encadenamientos productivos al amparo del CPTPP, por ejemplo.
Por último, y someramente porque será materia de otra columna, nuestras autoridades no pueden ignorar que la enorme necesidad de ciertos minerales que abre la transformación tecnológica en curso vuelve cada vez más probable la explotación minera en el fondo de los océanos y particularmente en la zona que está más allá de las plataformas continentales extendidas y que constituye casi la mitad del fondo marino. Dicha zona no está sujeta a la regulación de los estados y depende de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, institución creada por la Convención de Derecho del Mar. En ese contexto existen varias decenas de concesiones de exploración y en teoría normativamente la posibilidad de iniciar la extracción podría quedar abierta este mismo año. Lo interesante y relevante es que estas concesiones están en manos de empresas de países desarrollados y de China, con lo cual, de proceder a extraer minerales, podrían disminuir sustancialmente su dependencia de terceros que generalmente son países en vías de desarrollo, además de impactar en los precios y por ende en la viabilidad de ciertos proyectos terrestres.
En suma y para cerrar: la condición minera de Chile influye en su política exterior y su posicionamiento internacional, y ese factor cobra una dimensión cada vez más estratégica. ¿Cómo captar el mayor valor posible de la explotación minera y escalar en valor, incluyendo el desarrollo tecnológico, sin espantar la inversión extranjera que es fundamental dada la magnitud de los proyectos? ¿Cómo retrasar la posibilidad de abrir la explotación minera submarina que puede redibujar el mapa de la minería mundial? Todas estas preguntas deberían considerarse en materia tributaria y de régimen de explotación de nuestros minerales, porque todo esto tendrá un impacto en el sector y podríamos finalmente obtener resultados distintos a los buscados.
