Columna El Líbero, 24.08.2024 Fernando Schmidt Ariztía, embajador (r) y exsubsecretario de RREE
El pasado lunes La Gaceta de Nicaragua, equivalente a nuestro Diario Oficial, publicó el decreto revocando la personería jurídica de 1.500 ONG por no haber declarado, supuestamente, sus estados financieros en los últimos 35 años. Entre estas se cuentan 695 entidades religiosas,73 grupos sandinistas incómodos a la dictadura, clubes de futbol, asociaciones de tenis, otras vinculadas a la temática feminista o derechos de minorías sexuales. Con estas, suman 5.000 las entidades de la sociedad civil canceladas desde el 2022, entre ellas 28 universidades.
La semana anterior, Rosario Murillo, la tenebrosa vicepresidenta y desde hace años mujer-fuerte del régimen, había adelantado que habría una reorganización de las ONG según un modelo que se denominaría “alianzas para la asociación”. En lo sucesivo, las entidades deberían presentar a través del Ministerio del Interior y de la Cancillería nicaragüense programas y proyectos sobre asuntos según su vocación. De más está decir que cualquiera que no encaje con los humores del régimen no va a recibir permiso. Se trata de seguir coartando los pocos espacios de libertad que restan después de haber anulado toda oposición, acabado con la libertad de culto y de prensa, privado de la nacionalidad a los críticos, expulsado al 10% de la población. Pretenden ejercer un control total sobre los que quedan.
Para la Iglesia Católica esto significa seguir aguantando silenciosamente la persecución. Para las órdenes religiosas, equivale a la expulsión y dejar de servir a los que más lo necesitan. Asistimos en Nicaragua a una represión como la que no se ha visto en ninguna parte de América Latina. La mordaza viene acompañada de la confiscación de los bienes a las entidades religiosas que deben dejar el país. Esta semana se agregó la apropiación del 15% de las limosnas. Las propiedades de las órdenes se levantaron gracias a contribuciones de fieles de todo el mundo o de organizaciones como Cáritas, que este mes fue clausurada. Mientras escribo estas líneas una religiosa nos dice: “…junto a cientos de congregaciones nos echan y se quedan con todas nuestras obras, bonitas, empapadas en sudor, bien trabajadas. Llevamos 48 años aquí, vividos con mucha ilusión. Tenemos que entregar todo lo que tenemos, hasta el último clavo”. Mientras, resulta inexplicable el silencio en Roma, seguramente para no producir más víctimas y mantener un canal de comunicación con la dictadura.
Las demás confesiones cristianas suprimidas no van a reaccionar con la misma resignación. Pienso que el hecho se convertirá en munición política en la campaña presidencial norteamericana. Nada es más sensible a un país con espíritu misionero que la persecución religiosa.
¿Cómo se ha llegado a estos extremos? ¿Quién sostiene a esta oprobiosa tiranía? La respuesta a estas preguntas hay que buscarlas internamente, pero a todos nos cabe alguna responsabilidad.
Partamos por mencionar que Nicaragua ha tenido apenas 20 años de vida democrática y que su historia política está plagada de sistemas represivos, arreglos excluyentes y de corto plazo, un fuerte sentido clientelista o transaccional. Las débiles instituciones han sido funcionales al poderoso de turno, llámese Somoza u Ortega. Como dice Manuel Orozco, investigador sobre Migraciones de Georgetown University, “los ciudadanos han vivido con partidos de escaso capital político y representatividad, de modo que desconfían de las ofertas de los líderes». Agrega que el sistema de partidos “es un esquema autodestructivo… quedan descalificados todos los dirigentes y se atomizan las organizaciones políticas hasta el punto de que no hay en el país ninguna representación con suficiente masa crítica de popularidad o legitimidad”. Por ello, carecen de una estrategia coordinada de acción, y el vacío de poder lo llena el dictador que maneja el aparato represivo y tiene acceso a los recursos económicos.
El mundo empresarial es funcional al poder para sobrevivir, convive con él alimentando el clientelismo y participa de la corrupción. La dictadura actual les ha garantizado reglas de libre mercado y han logrado avances en estos tres últimos años (10,3%, 3,8% y 4,7% de crecimiento para 2021, 2022 y 2023, respectivamente). Para este año el FMI proyecta un incremento del PIB de un 3,5%, aunque el país continúa siendo el segundo más pobre de América. Para los Ortega, el gran capital tradicional representa un mal necesario hasta que el sistema termine por consolidar su propia élite empresarial. Es decir, ambos se necesitan en la hora actual y, al igual que sucede con las fuerzas políticas, los empresarios no serán agentes de un cambio.
Entre los actores externos priman la hipocresía u otras prioridades. Los Estados Unidos han aplicado sanciones a 47 personas (entre ellas a la familia Ortega-Murillo), 12 entidades y restricciones de visa a cerca de mil nicaragüenses. Sin embargo, reciben la mitad de sus exportaciones, entre ellas US$ 720 millones de oro, sector minero de alta informalidad. Además, en concepto de ayuda humanitaria y para apoyar a la democracia, la administración Biden ha gastado en estos dos últimos años más de US$ 90 millones, que coinciden con los de mayor represión y desmantelamiento de la sociedad civil beneficiaria de los fondos.
Salvo España, la UE no tiene mayor interés en el país y actúa en proyectos de medioambiente y crecimiento sostenible que se ejecutaban a través de ONG clausuradas y expulsadas.
México mantiene una actitud neutral favorable, y en Centroamérica pocos están dispuestos a presionar a Ortega. La mayoría prefiere evitar ese paso contradiciendo sus declaraciones y votos de condena en la OEA o la ONU. Varios países tienen sus propias debilidades institucionales y democráticas; fuertes lazos comerciales o sociales con Nicaragua; acogen millones de “nicas” en su territorio, posibles sujetos de extorsión; o tienen antiguas y complejas disputas fronterizas. En definitiva, no existe en la región vecina unidad de propósito, y menos de acción.
El cambio en Nicaragua dependería básicamente de una mayor presión internacional, la nuestra y la de Estados Unidos. Washington cuenta con herramientas de presión derivadas del incumpliendo nicaragüense del Tratado de Libre Comercio CAFTA-DR, y al menos tres cuerpos legislativos más.
En el resto de América Latina condenamos lo que allí ocurre, pero Nicaragua no se encuentra en el radar y mantenemos las embajadas abiertas. No obstante, la dictadura ha expulsado a ciudadanos nuestros y extorsionado a cientos de miles que se dirigen al norte. En convivencia con las mafias el régimen cobra US$ 150 por el tránsito a través de su territorio. Cerca de 300.000 personas han cruzado, pero seguimos callados ante este inmoral aprovechamiento de las necesidades de las personas.
Debemos partir por armar un grupo de países afines y sin complejos y, en conjunto, plantear medidas concretas. Necesitamos ayudar a la oposición; denunciar a Nicaragua activamente en los foros mundiales; estudiar sanciones para quienes usurpan el poder; solicitar rendición de cuentas de las entidades financieras internacionales que la sostienen. No podemos esperar pasivamente a una hipotética traición de las fuerzas de seguridad o a los cambios que quiera introducir Laureano Ortega, el sucesor dinástico, para diferenciarse de su padre.
Chile se ha distinguido por la defensa de la democracia y los derechos humanos en ese país, por llamar a la dictadura por su nombre, pero no hay acción. Debemos liderarla en caso necesario si queremos ser consistentes con el discurso y con respecto a Venezuela, porque Nicaragua es la otra cara de la misma moneda.
