Editorial El Mercurio, 30.12.2023
La rivalidad política entre el líder cocalero Evo Morales y el presidente Luis Arce se agudiza, pero no afecta la estrategia que ellos tienen con respecto a Jeanine Añez, la encarcelada exmandataria, acusada de perpetrar un golpe de Estado en 2019. Ambos están de acuerdo, según ha dicho Morales, en que Áñez enfrente un juicio ordinario y no uno de responsabilidades (reservado a los altos dignatarios del Estado), y aplauden que el Tribunal Supremo de Justicia (IST) ratificara hace unos días una sentencia a 10 años por "conspiración para llegar a la Presidencia" y por "incumplimiento de deberes" No es un secreto en Bolivia que los jueces responden al poder político. En este caso, tanto a Arce como a Morales, quien mantiene gran influencia sobre las instituciones, a pesar de no ejercer ya ningún puesto oficial.
El caso, denominado Golpe de Estado II, se origina en 2019, cuando, acosado por protestas tras una fraudulenta ree-lección, Morales, su vicepresidente y el titular del Senado renunciaron, dejando vacantes los cargos, momento en que Áñez, como vicepresidenta de esa cámara, asumió en reemplazo del cocalero. La expresidenta está presa desde marzo de 2021; fue formalizada hace unos días en otro caso, Golpe de Estado I, por supuestamente ser cómplice del gobernador de Santa Cruz y líder opositor, Luis Fernando Camacho, acusado de los delitos de financiamiento al terrorismo, cohecho activo, seducción de tropas, incitación pública a delinquir y asociación delictual. Camacho, preso desde hace un año, sería según la Fiscalía de iniciar y financiar los conflictos sociales que obligaron a Evo a dimitir.
Es evidente como una izquierda dividida entre Arce y Morales ha encontrado un punto de unidad en la persecución y hostigamiento de los líderes opositores. Lo resumen el expresidente Carlos Mesa, quien asegura que la podredumbre de la justicia "es insostenible, y le permite gobierno el control del poder total y la destrucción de los valores es democrático".
La defensa de la expresidenta interina presentó una de manda contra el Estado boliviano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en mayo pasado, y ahora asegura que volverá a recurrir a esa instancia. Áñez enfrenta otros siete juicios relacionados con sus funciones en el gobierno, que ejerció entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020.
Las presiones judiciales contra ella y Camacho son repudiadas por amplios sectores bolivianos, y es así como el jueves, en Santa Cruz, se realizó una caravana en solidaridad con todos los presos políticos (unos 200). El ambiente en Bolivia es tenso. No solo por estos casos, sino también por una difícil situación económica que algunos atribuyen a factores externos, y otros, como el propio Arce, a "sabotaje interno", en referencia indirecta a Evo Morales y sus aliados, que han bloqueado importantes decisiones en el Congreso. Es probable que la pugna entre ellos aumente a medida que se acerquen las elecciones de 2025. El destino de Áñez seguirá en suspenso.
