Columna El Líbero, 21.12.2023 José Miguel Insulza, senador socialista y exministro de RREE
Casi nadie en el mundo niega la gravedad de lo que hoy ocurre en Gaza. Hay coincidencias en general en las cifras, que ponen el número de muertos en la incursión israelí en cerca de 20.000. Se estima igualmente que más de dos tercios de estos muertos son civiles, incluyendo un gran número de mujeres y niños. La cifra es compartida por Israel, uno de cuyos generales consideró aceptable la cifra de muerte de un militante de Hamas por cada dos muertos civiles. Por cierto, los heridos graves son muchos más, con numerosos dañados y lisiados permanentemente.
Según Naciones Unidas 1,9 millones personas, el 85% de la población de Gaza, han sido desplazados, tanto los hacinados en lugares inseguros e insalubres, como los que son llevados a campamentos provisorios.
El Programa Mundial de Alimentos estima que la mitad de la población está en hambruna, y 9 de cada 10 personas no pueden comer cada día, algunos sin ingerir nada por tres días. Los servicios sanitarios están casi totalmente colapsados, sus recursos de camas y recursos básicos agotados; y la ayuda externa no puede llegar, por la continuación de combates y bombardeos y el colapso de la infraestructura física. La afirmación del secretario general de la ONU es contundente: “No existe protección efectiva de civiles en Gaza” agregando que es muy probable que lo que queda de orden público desaparezca en cualquier momento y ello derrame también hacia la Cisjordania.
En tales condiciones, es natural el crecimiento del rechazo a la continuación de una campaña tan violenta. La declaración de la Asamblea General de la ONU reunió una muy amplia mayoría de países en favor de un cese al fuego indefinido e incluso el Presidente Biden, junto con pedir que se prolongue la “tregua humanitaria”, consideró necesario advertir al gobierno de Israel que estaba generando mucha adversidad en el mundo y sugirió un “cambio de Ministros”, sin explicitar quiénes deberían ser cambiados (aunque la prensa se encargó de identificar al Ministro de Defensa Yoav Gallant y otros nuevos ministros del sector más radical, a quienes se responsabiliza de las acciones y declaraciones más fuertes).
El objetivo de la acción militar de Israel fue formulado como “destruir a Hamas” o “asegurar que nunca pueda ocurrir nuevamente” un ataque como el del sábado 7 de octubre. La operación comenzó con un bloqueo total el 9 de octubre, continuó con bombardeos masivos por casi un mes y finalmente, el 28 de octubre, el ejército de Israel entró en la ciudad y ha mantenido su ofensiva letal por casi dos meses, destruyendo casi totalmente la infraestructura donde habitan dos tercios de los habitantes de Gaza.
Parecía en los primeros días que el ataque se concentraría en la ciudad; más aún se advirtió a la población que, si quería evitar los ataques, debía evacuarla y dirigirse más cerca de Cisjordania. Al mismo tiempo, se buscó facilitar la salida también hacia el Sinaí, a pesar de las claras advertencias del gobierno de Egipto de que no se permitiría un éxodo palestino hacia su territorio.
Muchos palestinos parecieron aceptar estos destinos y fueron abandonando la ciudad, pero lejos de alejarse del lugar de conflicto, son constantemente hostilizados, carecen de alimentos y provisiones y comienzan a padecer las mismas penurias que los que quedaron atrás. Si a esto se agregan los continuos conflictos que aquejan a Cisjordania, las persistentes acciones de los colonos israelíes alrededor de Jerusalén y hacia el norte y la creciente cancelación de permisos de residencia de palestinos que viven en Israel, no parece ya que el plan sea sólo aniquilar a Hamas (cuyo liderazgo parece intacto, escondido en los túneles de Gaza City), sino cambiar por completo la geopolítica de la región, expulsando de ella su población.
Un documento del Ministerio Israelí de Inteligencia, fechado el 23 de octubre pasado, recomienda ni más ni menos la transferencia forzosa de los 2.2 millones de palestinos que habitan en la Franja de Gaza a otros territorios. Esta postura puede no ser aún oficial: a pesar de su llamativo nombre, el Ministerio Israelí de Inteligencia no organiza operaciones bélicas o encubiertas, sino que un “think tank” independiente, encargado de formular análisis y propuestas militares que comparte después con otras agencias y ministerios. Tiene un presupuesto limitado, aunque es dirigido por académicos políticamente cercanos a Benjamin Netanyahu.
El documento, cuya eventual aplicación es negada por los mandos militares de Israel, examina distintas opciones para el contrataque israelí para concluir recomendando claramente una transferencia total de la población palestina de la Franja de Gaza hacia otros territorios adyacentes, principalmente en el Sinaí y señala que es necesario buscar apoyo de la comunidad internacional, especialmente Estados Unidos, para esta transferencia.
Sea o no efectiva, esta propuesta ha generado gran preocupación, por dos razones: primero, porque parece que efectivamente la única forma de asegurar que nunca vuelva a ocurrir un 7 de octubre es desplazando completamente a aquella parte de la población desde la cual podría producirse un nuevo intento. Y segundo, porque este hecho, el desplazamiento masivo, ya ocurrió hace setenta y cinco años, con la formación del Estado de Israel. El mayor temor a un éxodo forzoso está en la propia población palestina, que ya alguna vez fue víctima de esta política.
Muchos de los mismos habitantes actuales de Gaza llegaron allí, ellos o sus padres, expulsados de otros territorios de Palestina, de donde fueron removidos para poder ubicar allí al creciente “retorno” israelí. Nakba (“catástrofe”) es la palabra que resume lo que miles de palestinos vivieron en la guerra árabe-israelí de 1948, cuando la fundación del Estado de Israel les significó el desplazamiento, la destrucción o el cambio de nombre de sus lugares de origen y la cancelación de su historia. A estos se agregaron veinte años después, fracasada la Guerra de los Seis Días, nuevos desplazamientos y más pérdida y usurpación de territorios.
Es comprensible, entonces, que este desplazamiento esté en la mente de algunos, como la solución definitiva al problema de la seguridad. Desplazar al Sinaí a la población palestina e instalar en Gaza a nuevos colonos israelíes, que vendrían a ella gustosos, especialmente de la antigua Unión Soviética, como han venido en las últimas décadas a crear los asentamientos y cambiar radicalmente la política interna del Estado de Israel.
Esta opción, que parece descabellada, explicaría la decisión de Netanyahu y su gobierno de adoptar una estrategia militar también radical, que le ha provocado rechazo y críticas en todo el mundo. Una acción menos decidida, que combinara la violencia del contrataque con la posibilidad de la población de Gaza de refugiarse en otras partes del territorio de Israel o incluso en los márgenes del Sinaí, aumentaría la seguridad de Israel por algún tiempo. Pero la crisis volvería a presentarse nuevamente dentro de varias décadas, ocurre ahora, siete décadas después de la creación del Estado.
Desde luego, Estados Unidos no parece dispuesto ni a cooperar con este “éxodo” ni menos intentar lograr apoyo internacional en torno a él; a la mayor parte del mundo occidental le parecería materialmente impracticable y moralmente inaceptable.
Egipto, con el apoyo de todos los países árabes, ha dicho ya claramente que jamás un desplazamiento hacia su territorio (un éxodo al revés), no sólo por su carácter inhumano, sino también porque significaría importar el conflicto a su propio territorio: si los campos de exiliados quedaran cerca de Israel podrían ser usados como campos alternativos de ataque; si se movieran muy hacia dentro del inhóspito Sinaí, se convertirían en un caso humanitario del cual Egipto sería culpado; y si estuvieran al interior mismo de Egipto, podrían mezclarse en la política interna y reabrir el conflicto interno. Al mismo tiempo, los intentos por sacar el tema de la agenda prioritaria de los países árabes ya no son realistas, porque sus protagonistas se han visto obligados a ponerse firmemente del lado palestino.
Pero entretanto, continúa la tragedia de Palestina, con decenas de miles de víctimas, su economía devastada y el temor a la pérdida del territorio patrio.
Y si ese escenario se mantiene, sin que Israel se vea forzado a dejar de lado el desplazamiento, seguirá ocurriendo de manera natural, también con consecuencias en Cisjordania, donde el apoyo al gobierno de Mahmoud Abass y al gobierno del Estado Palestino ha disminuido, aumentando en cambio la simpatía hacia Hamas, cuyas fuerzas no parecen haber disminuido.
Todo apunta, entonces, a una extensión territorial del conflicto, con una mayor radicalidad en las posiciones. El escenario del desplazamiento y la separación puede hoy parecer imposible, pero si continúa la incapacidad de otros actores internacionales de forjar una salida negociada, esa opción puede abrirse más camino.
Tal vez una forma de llevar a la mesa de negociaciones al gobierno israelí, sea forzarlo por vías diplomáticas a un compromiso formal de que no habrá como consecuencias de esta guerra, ni nuevas anexiones de territorios ni desplazamientos forzosos de poblaciones, garantizándole a la vez la seguridad de sus fronteras actuales. Si la comunidad internacional es capaz de forjar ese compromiso, seguido de un acuerdo de cese del fuego, podría reiniciar un camino de paz y convivencia.
