Columna La Razón, 30.08.2026 Gustavo de Arístegui, abogado, exdiplomático, político PP y analista geopolítico español
- Keiko Fujimori posee una oportunidad que nadie ha tenido desde el año 2000, ante una izquierda dura, resiliente y fanática esperando turno
Perú acaba de estrenar su décimo jefe de Estado en once años. Conviene detenerse en esa frase: no describe una crisis pasajera, describe un sistema. Tres expresidentes duermen esta noche en Barbadillo, el penal que Lima construyó para alojar a quienes gobernaron el país. Un cuarto salió en julio, al anular el Tribunal Constitucional su condena. Cuando una república necesita una cárcel para sus antiguos presidentes, el problema ha dejado de estar en los presidentes.
Keiko Fujimori juró el 28 de julio, a la tercera tentativa, tras perder las vueltas de 2011, 2016 y 2021. Ganó por 49.244 votos sobre más de dieciocho millones emitidos. 27 centésimas de punto. Durante casi tres semanas el escrutinio la situó por detrás del ultraizquierdista Roberto Sánchez; la ventaja solo se invirtió en el tramo final. El Jurado Nacional de Elecciones no la proclamó hasta el 3 de julio, descartando expresamente cualquier fraude. En primera vuelta encabezó con el 17,19%, el umbral más bajo de la historia electoral peruana.
Las causas de esta inestabilidad crónica son conocidas y nadie las corrige. La Constitución de 1993 diseñó un presidencialismo fuerte que presuponía partidos capaces de sostenerlo. Murieron. El politólogo Martín Tanaka bautizó el fenómeno en 2005 con una expresión insuperable: «democracia sin partidos». Hoy hay 43 partidos inscritos y ninguno con densidad institucional.
A ese vacío se añade un arma: el artículo 113 permite destituir al presidente por «permanente incapacidad moral». El Congreso la ha convertido en moción de censura sin contrapesos: no exige delito, ni sentencia, ni acusación. Con ella cayó (con sobrados motivos, todo sea dicho) Vizcarra en 2020. Con ella cayó Boluarte en octubre de 2025, por unanimidad de los 122 congresistas presentes, sin que acudiera a defenderse.
Falta el tercer ingrediente, el moral. El caso Odebrecht salpicó a la élite peruana de tres décadas: Toledo, García, Humala, Kuczynski. Alan García se suicidó en 2019 cuando la policía acudía a detenerlo. Aquello convenció a medio Perú de que la diferencia entre partidos era de nombre y no de conducta: la precondición del voto antisistema, que explica que en 2021 ganara la presidencia un maestro rural de ignorancia enciclopédica sin trayectoria alguna.
Lo desconcertante es que todo esto ocurre en un país objetivamente rico. «El Perú es un mendigo sentado en un banco de oro», reza la frase atribuida a Antonio Raimondi, aunque su propio museo ha documentado que jamás la escribió. Es apócrifa, y ha tenido más éxito que el original porque describe lo que los peruanos ven al mirarse en el espejo. Los datos amparan esa percepción. Segundo productor mundial de cobre. Uno de los 17 países megadiversos del planeta. Su renta per cápita ronda los 20.000 dólares en paridad de compra y un tercio de su población es pobre. Donde hay previsibilidad institucional –Machu Picchu es la prueba– Perú crea riqueza con notable eficacia.
Perú es hoy, además, una isla de calma en un vecindario en llamas. Su tasa de homicidios fue de 10,7 por cien mil habitantes en 2025. Ecuador encadena tres años como país más violento de Latinoamérica, con 4.154 asesinatos solo en el primer semestre de 2026. Colombia cuenta más de veintisiete mil efectivos en grupos narcoterroristas o paramilitares terroristas y setenta masacres solo hasta julio. El Perú que padeció 20 años de bestial terrorismo maoísta se ha pacificado en un grado que merece ser reconocido. Su problema hoy no es el homicidio: es la extorsión, que se ha quintuplicado en tres años, con el transporte urbano limeño como víctima principal.
Queda la gran anomalía peruana. Conviene decirlo sin eufemismos, porque el eufemismo lleva 60 años siendo el mejor aliado de esta gente. La izquierda iberoamericana ha entregado a la región un catálogo de ruinas sin excepción: Cuba lleva seis décadas convertida en una cárcel con playa; Venezuela ha expulsado a casi ocho millones de sus hijos mientras destruía la mayor reserva petrolera del mundo; Nicaragua despoja de la nacionalidad a sus disidentes. Ninguno ha pagado: se reciclan en foros internacionales y son recibidos con reverencias en Madrid.
El Foro de São Paulo, fundado por Lula y Fidel Castro en 1990, y el Grupo de Puebla coordinan la operación con una constancia que la derecha jamás ha igualado. Perú, sin embargo, es otra cosa. Empezando por un rasgo que a un europeo desconcierta: aquí uno se proclama de derechas sin refugiarse en el «centroderecha» ni pedir perdón. Es un país sin eufemismos, y eso vale para los dos bandos. El peronismo, el chavismo y el correísmo son populismos personalistas dispuestos a negociarlo todo salvo el poder. La izquierda peruana es ideológica hasta la médula, y por eso resulta infinitamente más peligrosa.
Primera: los partidos se declaran lo que son, sin la coartada de una falsa moderación en función de las circunstancias políticas del momento, la que otros exhiben ante las cancillerías europeas. Perú Libre, que llevó a Pedro Castillo al poder, se autodefine «marxistaleninista-mariateguista». Su fundador, Vladimir Cerrón, condenado por corrupción, habla de «batallones juveniles» y de «aplanar el piso del campo de batalla». Es léxico leninista clásico, no retórica populista.
Segunda: la coalición que estuvo a punto de ganar en junio integra al Partido Comunista Peruano y al Partido Comunista Peruano-Patria Roja, de raíz maoísta. No es insinuación mía: es la composición documentada de Juntos por el Perú desde 2017. A ella se sumó el etnocacerismo de Antauro Humala, que ha llegado a reivindicar Tarapacá y Arica «por la vía diplomática o por la vía armada». Que semejante amalgama rozara la presidencia sin que Europa parpadeara dice más de Bruselas que de Lima.
Tercera: existe un canon intelectual propio. El chavismo necesitó importar a Bolívar y una renta petrolera. El marxismo peruano no importa nada: tiene a José Carlos Mariátegui, cuyos «Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana» (1928) siguen siendo lectura obligatoria en las universidades públicas. Su tesis –que el problema del indio es, en el fondo, el problema de la tierra– conecta la cuestión social con la étnica y la territorial en un marco nacional que ninguna otra izquierda del continente tiene y por esa «pureza» ideológica es justamente más peligrosa, más tenaz y tóxica. Ironía peruana: su nieto Aldo Mariátegui es hoy uno de sus críticos más feroces.
Añádase lo que esa izquierda jamás ha hecho: ajustar cuentas con sus muertos. La Comisión de la Verdad le atribuyó más de la mitad de aquellos setenta mil muertos. No ha habido arrepentimiento ni condena inequívoca, sino lo contrario: el MOVADEF, heredero del brazo político senderista, lleva años infiltrando gremios magisteriales y federaciones universitarias. Cuando llegaron al poder en 2021, el experimento duró 16 meses y acabó con el presidente intentando disolver el Congreso por decreto y condenado a once años. Fanatismo, incompetencia supina y saqueo simultáneo: el repertorio completo.
Queda su coartada favorita: que el sur andino vota contra Lima porque Lima lo abandonó. Es falso: las regiones y municipios administran su dinero desde la descentralización de Toledo y cobran además el canon minero y el gasífero. Solo en 2025, la minería les transfirió más de 10.000 millones de soles; desde 2004, más de 60.000. Algunos manejan presupuestos cuantiosos y dejan sin ejecutar cerca de un tercio –más de 1.000 millones al año– mientras reeligen a demagogos corruptos, casi siempre de izquierda. Cajamarca es el caso terminal: tumbó en 2011 el proyecto Conga –4.800 millones de dólares– al grito de «agua sí, oro no», con un gobernador después condenado por colusión y lavado; hoy arrastra una cartera minera paralizada de 18.000 millones y es, año tras año, la región más pobre del país, con el 45% bajo el umbral. Allí Sánchez obtuvo el 66,76%. Apurímac, que sí aceptó Las Bambas, bajó del 70% de pobreza en 2004 al 24% en 2024. Después culpan a Lima, y las radios locales, compradas con publicidad estatal, repiten el mito. No es abandono: es elección.
Fujimori gobierna con tres activos inéditos: un Congreso de nuevo bicameral, que dificulta la vacancia exprés; un sistema de partidos reducido a seis fuerzas; una aprobación cercana al 60%. Enfrente, la aritmética: 22 senadores de 60 y unos 41 diputados de 130. Primera minoría, no mayoría. Su primer mes ya dejó una señal: las facultades legislativas que anunció el 28 de julio no llegan al Congreso hasta hoy. No puede permitirse otro mes así.
Hay además una dimensión que debería quitarnos el sueño. El mega puerto de Chancay, inaugurado por Xi Jinping en 2024 y controlado al 60% por la estatal COSCO, es el mayor activo logístico chino del hemisferio occidental; en enero un juez limeño ordenó al regulador Ositrán abstenerse de fiscalizarlo. Washington ha respondido que su dominio en el hemisferio «jamás será cuestionado». El presidente José Jerí fue «vacado» (destituido) en febrero por ocultar reuniones con empresarios chinos: la geopolítica de las grandes potencias ha entrado ya en el mecanismo de destitución presidencial peruano.
En toda esa partida –Chancay, Corío, la seguridad con Estados Unidos– Europa no aparece. La Unión mandó una misión de observación electoral y una declaración preliminar: eso ha sido todo. En el segundo productor mundial de cobre, el metal sin el cual no hay transición energética europea, nuestra ausencia estratégica es tan llamativa como ruinosa.
Vargas Llosa abrió Conversación en La Catedral con una pregunta que sigue vigente: en qué momento se había jodido Perú. No hubo un momento: hubo una acumulación de renuncias. Fujimori dispone de cinco años y de una oportunidad inédita desde 2000. Si se limita a administrar, Perú volverá en 2031 al mismo punto, con la izquierda dura resiliente y fanática esperando turno y con el argumento reforzado de la falta de resultados. Si reforma de verdad, habrá logrado lo que ningún presidente peruano en este siglo. Esa gente no se cansa, no se recicla y no perdona: pierde por cuarenta mil votos y regresa un lustro después con las siglas cambiadas y el programa intacto. Ya lo ha hecho tres veces seguidas. La diferencia entre derrotarles políticamente, con la ley y con los votos en la mano, y entregarles el país son cuarenta y 9.000 votos y una decisión.
