Editorial El Mercurio, 05.01.2022
Es urgente aprovechar nuestras enormes reservas y no seguir perdiendo posiciones en la explotación de este metal
Ha llamado la atención la petición formulada por dirigentes cercanos a la próxima administración —incluido el jefe político de la campaña del presidente electo y estrecho colaborador de este, Giorgio Jackson— para suspender la licitación que deberá adjudicar la explotación de 400 mil toneladas de litio. Es difícil entender tal planteamiento, tratándose de un proceso que se inició en octubre pasado con la toma de razón por parte de Contraloría de las bases respectivas. Estas se venían trabajando desde hace mucho tiempo y fueron diversos los expertos consultados. Hay un grado de acuerdo relativamente alto en que dichas bases son apropiadas y que el proceso ha sido muy transparente. En este sentido, tiene una dimensión de política de Estado que hace cuestionable que se lo intente desacreditar por sancionarse en las postrimerías del actual gobierno. Hay que recordar que el país lleva ya extenso tiempo intentando expandir la producción de este metal por el papel que juega en la electromovilidad y en el combate al cambio climático. En efecto, alrededor del 22 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo son producidas por el transporte y, para su desplazamiento sin emisión de esos gases, el litio es fundamental.
Sin embargo, la producción en Chile está estancada y el país, si bien sigue siendo un actor importante, está perdiendo relevancia a pasos más o menos acelerados. Su participación en la producción mundial se ha estado reduciendo en el último tiempo a un ritmo aproximado de un punto porcentual por año. Es urgente, entonces, aprovechar nuestras enormes reservas —probablemente subestimadas, porque tampoco abunda la exploración— y generar alternativas para que la producción se acelere. Ahora bien, el gobierno entrante estableció en su programa la creación de una empresa nacional (estatal) del litio. Pareciera estimarse que la licitación entorpecería esta posibilidad. Sin embargo, cabe recordar que, hacia finales de la segunda administración de la presidenta Bachelet, Codelco recibió un Contrato Especial de Operación del Litio que está aún en desarrollo y que, por tanto, no ha iniciado su explotación. Esto no habla de falta de voluntad de la cuprera, sino solo de las dificultades que significa iniciar la explotación de este mineral. Se trata de una razón más para no detener la licitación. La realidad del mercado tampoco hace pensar que este proceso lesione la competitividad de una futura empresa estatal. Por un lado, las reservas disponibles de litio en territorio nacional son del orden de 23 veces las producciones que serían adjudicadas en esta ocasión. Por otro, el crecimiento esperado en los próximos años en la demanda supera con creces el aumento de producción que esta explotación generaría. Por tanto, tampoco habría una saturación del mercado. En cambio, la licitación permitiría al país mantenerse en una posición de liderazgo internacional. Además, las ofertas entregadas sugieren que habría una buena recaudación para el fisco como resultado de esta explotación. Así, los argumentos para detener la licitación son débiles, a menos que se vea con malos ojos la incursión de inversionistas privados en la producción de este metal. En tal caso, habría una razón ideológica más que técnica.
Sería, sin embargo, también una mala razón. Las inversiones que se requieren para desarrollar la explotación de litio son cuantiosas. El nuevo gobierno tiene una agenda ambiciosa que requiere de muchos recursos y debe priorizar sus iniciativas de inversión y gasto. En este caso, habiendo privados que están dispuestos a invertir, y dadas las complejidades asociadas al desarrollo de los proyectos y a la creación de una empresa estatal, es difícil justificar el valor social de un emprendimiento estatal. Incluso si esos proyectos privados se suspenden, va a ser también dificultoso dar el vamos a esta empresa. En este sentido, el escenario más probable es que nuevamente se postergue el aumento de producción de litio y, por consiguiente, no haya ganancias de ningún tipo para el país. Es prudente, entonces, que el futuro gobierno repiense su posición original.
