Editorial La Tercera, 07.06.2015
En tanto persista un ánimo oficial por debilitar constitucionalmente la propiedad privada, la economía seguirá a la deriva, y las prioridades legislativas de Hacienda, como el cultivo de algas, aparecen irrelevantes.
El país se dio una institucionalidad económica para lograr el crecimiento, con gran éxito, descansando en la propiedad privada para movilizar recursos y capacidades en base a incentivos. Este gobierno, sin embargo, está revisando profundamente tales fundamentos, con propósitos diferentes al crecimiento económico, con efectos devastadores sobre el ánimo de los inversionistas.
Primero fue la reforma tributaria, que eleva los impuestos hasta el 27% de las utilidades empresariales. Esto, por sí solo, detiene la inversión en muchos sectores donde las empresas tienen alternativas de proyectos a desarrollar en otros países. Esta sola reforma determinará una caída muy significativa en el crecimiento durante los años que restan a este gobierno.
Luego, comenzó la discusión de una reforma laboral que permite a los trabajadores la paralización de las empresas, al eliminar la posibilidad de reemplazar trabajadores en huelga. Para las empresas más intensivas en el uso de mano de obra -las grandes empleadoras en el país- el impacto de esta reforma va a ser varias veces superior al de la reforma tributaria, por lo que se ha activado un nuevo freno a la inversión y al crecimiento.
Con estas dos reformas el país queda encaminado a un pobre desempeño económico durante un largo período de ajuste del stock de capital hacia la menor intensidad requerida para volver a atraer inversiones. Pero el escenario se ha agravado, sin embargo, como consecuencia de que las autoridades económicas del país estén ahora sosteniendo, derechamente, su interés en impulsar una reforma constitucional que subordine la protección y el respeto que hoy se otorga a la propiedad privada a objetivos que, supuestamente, en el futuro serán definidos por la legislación en la medida que estos surjan. Esto debilita gravemente los incentivos para invertir. Y a diferencia de las otras dos reformas, lo hará en forma permanente, con un gran costo en términos de bienestar para los chilenos.
Es en este agravado ambiente de profundos desincentivos a la inversión privada que las autoridades declaran estar trabajando para restablecer la confianza empresarial. Es un reconocimiento frente a la evidencia de una grave caída de la inversión durante 2014 -y que según las proyecciones recientes del Banco Central sólo se recuperaría en 0,7% durante este año- y de que el problema deriva de los impedimentos a la inversión creados por la conducción económica del gobierno. Pero tales declaraciones no van a tener efecto si, en vez de ser acompañadas por una intención creíble de corrección de las verdaderas causas del problema, ocurren junto a la difusión del ánimo oficial de debilitar la protección constitucional a la propiedad privada, y a la desproporcionada presentación de un largo listado de iniciativas -algunas tan menores como una bonificación para el repoblamiento y cultivo de algas y otras que no incentivan la inversión- como el camino a la reactivación que demanda el país.
Las expectativas eran de un crecimiento de Imacec muy bajo en abril (centradas en sólo 2% en doce meses, según el Banco Central). La realidad fue inferior -sólo 1,7%- influida por los aluviones en el norte, según el ministro de Hacienda.
