Columna El Líbero, 30.03.2024 Fernando Schmidt Ariztía, embajador (r) y exsubsecretario de RREE
Si con los Acuerdos de Barbados de octubre de 2023 hubo una leve expectativa de que la vía electoral sería capaz de reencauzar a Venezuela hacia su reconciliación interna y al regreso a la democracia, los acontecimientos que presenciamos esta semana sepultaron toda esperanza.
Se ha consolidado una farsa electoral para el 28 de julio que permitirá a Maduro atornillarse en el poder por otros seis años. Al mismo tiempo, el régimen declaró a las fuerzas opositoras agrupadas en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) culpables de “crímenes contra el orden constitucional” y al partido Vente Venezuela, de María Corina Machado, definitivamente “terrorista” y “extremista”. Este es, seguramente, el comienzo de un proceso para que el Poder Judicial, brazo funcional a la dictadura, legitime los epítetos y para que Maduro emprenda la línea represiva de Daniel Ortega contra sus oponentes. Es decir, luz verde para las expulsiones, cárcel, detenciones domiciliarias, privaciones de la nacionalidad, pérdida de derechos, cese de personerías jurídicas y, por qué no, la repetición de asesinatos como el de Ronald Ojeda.
La izquierda de Lula, Boric, Mujica, Arévalo o Petro está cada vez más cansada del dictador. En Cuba el silencio habla por sí solo, por otros motivos. Los esfuerzos de algunos países por integrar a Venezuela a determinados esquemas hemisféricos de diálogo se deshacen ante la falta de voluntad del régimen para abrirse. No van a entregar el poder ni los privilegios que conlleva y calculan que pasará un tiempo antes que el pragmatismo se reacomode.
Si bien la vía electoral ya se cerró como mecanismo para legitimar al régimen, subsiste una sólida oposición venezolana aglutinada en torno a la figura de María Corina, con un tremendo arrastre popular y creciente simpatía en el mundo. No ha calado en los venezolanos el discurso de lucha de clases de Maduro, al acusarla por sus apellidos. Por eso, aunque no la dejarán competir en el proceso electoral y la acusarán de cualquier cosa, ella no dejará de movilizarse y convocar al pueblo en una campaña permanente, en cualquier rincón del país hasta que la arresten, la expulsen o la maten. Está consciente que logró convertirse en la figura más popular, en la esperanza de Venezuela y que el 28 de julio no es más que una fecha en el calendario, y que el país sigue adelante, así como su imperiosa necesidad de democracia.
María Corina Machado es un fenómeno político, como un día lo fue el propio Chávez. Estas figuras no desaparecen por efecto de la manipulación de un proceso electoral, aunque algunos cándidos, semi ingenuos o funcionales a la dictadura, levantan las candidaturas de Edmundo González o Manuel Rosales como representantes de la oposición. No tienen arrastre y le harán el juego al régimen.
La dictadura está usando todo tipo de recursos para anular el prestigio de Machado. Le ponen dificultades en sus desplazamientos, persiguen a quienes la acogen, cierran locales si ella pone un pie en los mismos. En este hostigamiento se les ve cada vez más nerviosos, inquietos, excitables y aislados, lo que se refleja en el lenguaje agresivo que usaron contra Brasil y Colombia por sus comunicados en los que expresaban su “expectativa y preocupación” por los burdos impedimentos a la oposición para inscribir su candidatura en el plazo establecido. Muestran su agitación cuando declararon persona non grata a 446 eurodiputados que reprocharon el proceso electoral, o cuando expulsaron al personal de la agencia de derechos humanos de la ONU por emitir un informe crítico y les dieron 72 horas para abandonar el país, o cuando le cortaron la luz y el agua a la embajada de Argentina por recibir a cinco colaboradores de María Corina.
Ante las elecciones que se avecinan, el régimen procura ahora jugar una peligrosa carta nacionalista, conminando a todo el país a apoyarles en el tema de Guyana de manera incondicional en su propia visión sesgada sobre el tema.
La Asamblea Nacional, brazo legislativo de la dictadura, aprobó el jueves 21 la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba que, entre otros artículos, dispone que no podrán postular a cargos de elección popular aquellas personas que favorezcan la posición de la vecina Guyana. Es decir, todos los patriotas venezolanos para los que el recurso a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), dispuesto en el Acuerdo de Ginebra de 1966, es la manera correcta de resolver esta controversia. Es el caso, justamente, de la oposición. La ley dispone también de multas de US$ 10 mil para quienes rehúsen entregar información útil para la defensa de esta causa, de US$ 108 mil a los que distribuyen mapas que no recogen la versión oficial de límites, y prohíbe hacer negocios con empresas que favorezcan a Guyana.
Esta estrategia es peligrosa en varios sentidos. En primer lugar, para Venezuela, ya que en abril el país debería entregar su Contra Memoria a la CIJ, pero con el rechazo abierto a este mecanismo de solución de controversias, seguido de una retahíla de insultos a la Corte, Maduro está cerrando este camino donde existe un cierto consenso en que tendrían posibilidades. En segundo término, porque la ley contradice principios fundamentales de la Carta de la ONU, viola medidas provisionales previstas por la CIJ en diciembre, y rompe con el reciente acuerdo de Argyle del 14 de diciembre del 2023 que dispone en su punto 2 que “cualquier controversia entre los dos estados se resolverá de conformidad con el derecho internacional”. No es de extrañar, para nosotros, que Caracas recibiera en la última CELAC el apoyo de Bolivia. Por último, la ley les va a servir de argumento para socavar a María Corina en su popularidad y colocarla en una posición de “antipatriota”.
La narrativa de la dictadura venezolana sobre este tema está escalando cotidianamente con un sentimiento anti guyanés país que, según Caracas, es gobernado por ExxonMobil (y no por sus socios chinos). Esta pequeña nación caribeña procura defenderse de su tremendo vecino buscando diversos mecanismos de solidaridad. Es así como en las últimas semanas han recibido la visita de un patrullero británico; del canciller francés, país que decidió abrir una embajada en Georgetown; del jefe de la CIA; del expresidente Bill Clinton, etc. Toda visita sirve a la narrativa de Caracas para ir creando un clima en el que cualquier incidente puede derivar en un conflicto armado, arrinconar a Machado e, incluso, pretextar un estado de conmoción para anular los comicios.
De nuevo, la posición de Maduro es desesperada y la situación política interna está cada vez más ligada al discurso internacional, tal como el general Galtieri lo estuvo antes de invadir Malvinas.
Para nosotros -y también para Brasil- el tema de las relaciones con este régimen no está ligado, en lo fundamental, ni a la inmigración venezolana ni a las relaciones de la dictadura con el “Tren de Aragua”. Está basado en la violación de todos los principios y valores en que asentamos nuestra convivencia regional, en la validez del derecho de los tratados, en el posible uso de la fuerza para resolver una controversia fronteriza, en la negación del recurso a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como mecanismo para resolver diferendos. La actual dictadura venezolana es un desafío para Chile y la integración latinoamericana. Nuestra reacción frente a las atrocidades de esta debe ser en conjunto con otros países y, muy particularmente, en compañía de nuestro Congreso Nacional, voz de toda la diversidad política e ideológica y de la representación popular.
Se agota la vía electoral en Venezuela. ¿Ahora qué?
