Carta El Mercurio, 05.04.2023 Jorge G. Guzmán G., abogado, exdiplomático y académico (U. Autónoma de Chile)
Con declaraciones a su edición del 2 de abril, el exsubsecretario de Defensa señor Gabriel Gaspar refuerza nuestra aprensión respecto de la existencia de un “non paper reservado” con Argentina para, mientras se solidariza con la “causa de Malvinas”, negar el acceso a naves británicas al Estrecho de Magallanes.
Esto —por supuesto— resultaría frontalmente contrario a la letra y al espíritu de los tratados de límites de 1881 y 1984. Ambos instrumentos instituyeron la libre navegación y la neutralidad permanente de dicho pasaje interoceánico (íntegramente chileno).
Parecería que el actual Canciller ha intentado explicar que el asunto refiere a cierta “fragata británica con rumbo a Valparaíso”, en lugar de explicar qué exactamente ocurrió —en fecha más reciente— con cierto patrullero de alta mar británico, al cual, por “razones políticas” y como “un gesto a Argentina”, se habría negado el acceso a los servicios de Asmar-Magallanes.
Si fuera así, Chile habría contravenido sus obligaciones jurídicas con la “neutralidad permanente del Estrecho de Magallanes”.
Se trata de un asunto trascendente que toca a un aspecto medular de nuestra doctrina de política exterior: “lo pactado obliga”.
Si, por razones políticas de coyuntura, una inconsistencia en la “correcta doctrina” para la implementación de los tratados de límites de 1881 y 1984 hubiese ocurrido, es de fundamental importancia que, sin dilación, las instituciones competentes de la República ejerzan sus atribuciones y funciones contraloras.
El bien común exige que esta materia sea total y absolutamente esclarecida.
